La nueva "normalidad" en Venezuela está caracterizada, entre otras cosas, por la deficiente prestación de los servicios básicos, como en el caso de la electricidad, cuyos cortes sufrimos millones de venezolanos día tras día, cortesía de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC, alias CORTOELEC). Horas tras horas padecemos por la interrupción del servicio eléctrico sin previo aviso, y por las consecuencias que de ello derivan, como la afectación de las actividades económicas y los daños importantes de los electrodomésticos y los equipos electrónicos, que por supuesto no son reconocidos por la dirigencia de CORPOELEC.
Ahora bien, la desastrosa prestación del servicio de electricidad en Venezuela, se enmarca en la fuerte crisis económica que vive la nación suramericana, agravada en los últimos años por factores como el manejo gubernamental nefasto de la pandemia por COVID-19. La Corporación Eléctrica Nacional es un ente de carácter público (estatal), e indudablemente ha sido muy perjudicada por la crisis en lo relativo al mantenimiento de su operatividad óptima; no obstante, la ineficiencia y la corrupción reinantes en su seno y en las instituciones y organismos vinculados de una u otra forma con el sector eléctrico en Venezuela, también han incidido en que CORPOELEC disponga de pocos recursos, por ejemplo, para garantizar una buena prestación del servicio de electricidad.
Tras lo señalado en el párrafo anterior, se podría pensar en que la mejor solución para mejorar notablemente el servicio de la electricidad en Venezuela, es que sea administrado en su totalidad por el sector privado. Más aún, no sería sorprendente para nada si el Gobierno nacional ya tiene contemplada una privatización progresiva del sector eléctrico, considerando el neoliberalismo creciente de la administración de Maduro y la tendencia mundial a eliminar la inversión social; de hecho, la terrible situación actual de la prestación del servicio de electricidad, representaría para la dirigencia política venezolana una excusa perfecta para que el sector privado se llegue a encargar de la producción, distribución y comercialización de la forma de energía en cuestión. En teoría la privatización podría funcionar, pero hay dos aspectos a considerar: a) No es cierto que la prestación de servicios básico por el sector privado, sea por naturaleza más idónea y transparente que la llevada a cabo en el ámbito público, según se evidencia históricamente tanto dentro como fuera de Venezuela; y b) Los precios para los consumidores serían muy elevados, y por tanto el servicio de electricidad sería casi inaccesible para la mayoría, considerando los miserables salarios y el alto costo de la vida en general.
