Los venezolanos deberíamos preguntarnos por qué seguimos contratando extranjeros para la extracción, refinación y mercadeo de nuestro petróleo luego de más de 100 años en este negocio.
Efectivamente, estamos contratando extranjeros desde los mismos tiempos del general Juan Vicente Gómez (1908-1935), y nada nos impide pensar que lo hacemos en condiciones más dependientes cada día, a pesar de que el Estado y la propia industria petrolera han formado miles de expertos nacionales.
Pero el analfabetismo tiene su variante funcional o práctica, y este parece ser nuestro caso. Efectivamente, el Estado venezolano cuenta con numerosos expertos petroleros de primera calidad como analfabetos funcionales, habida cuenta de que ora han resultados traidores a su patria, venales al servicio de los intereses extranjeros holandeses y angloamericanos, ora se trata de profesionales honestos con orgullo personal no dispuestos a seguir los posibles y deshonrosos lineamientos unipersonales y políticos de nuestros gobernantes, por lo general harto proclives a la traición patria.
A estos últimos *analfabetos* se le bota, se los margina o sencillamente se les ignora, a pesar de ser el potencial laboral más importante del país. Digamos que la Política ha determinado quién trabaja en esta importante industria, con quiénes debemos negociar y qué tipo de trabajadores es más conveniente al gobierno de turno por encima del interés nacional, aunque la Constitución no impone para nada semejante y dañina conducta gubernamental.
En Venezuela jamás ha habido un Política petrolera nacionalista, más allá de la inspirada en un par de ambiguos y menguados Artículos constitucionales (302 y 303 de la Constitución ahorita vigente). De esta manera, los gobiernos han gozado de amplia elasticidad para regular la contrata de empresas extranjeras, a tal punto que actualmente nuestra dependencia con el capital extranjero y su personal ha rebasado todos los excesos de entreguismo practicados por el Estado desde las primeras y leoninas concesiones gomeras. Hablamos de las oscuras Empresas Mixtas petroleras sobre la cuales el gobierno guarda el más frío silencio, aparte de declararlas expresión de máxima soberanía nacional. Suponemos que se trata de *soberanía* para celebrar cualquier tipo de contrato con extranjeros, aún en contra del interés nacional.
Una Política petrolera nacionalista debería estar institucionalizada desde la propia Magna ley. En esta deberían exigirse requisitos sine qua non para el ejercicio directivo, administrativo y técnico en semejante industria. Debería constituirse una empresa paraestatal dependiente del Ejecutivo Nacional, sin ningún atisbo de independencia administrativa, como si fuera una empresa privada.
Precisamente, la más evidente demostración de que nuestro petróleo ha sido privatizado es el tipo de constitución jurídica de una Pdvsa constituida como un ente privado, con capital accionario, con autonomía de funciones, y que se limita a enterar al Fisco Nacional un regateada regalía y unos impuestos, como si se tratara de un contribuyente más, siendo que Pdvsa debería ser la institución pública por excelencia, con escuelas ad hoc, con facultades universitarias especializadas, con una partida presupuestaria privilegiada, pero cuyos ingresos sean enterados 100% al Fisco Nacional.
Hasta ahora podemos decir que seguimos tan analfabetos funcionales como analfabetos teóricos fuimos desde que Juan Vicente Gómez aceptó las primeras contratas concesionarias que dieron inicio a nuestra industria petrolera.
