El Estado estaba desmantelado, corroído y desintegrado en lo más profundo de sus retorcidas raíces. El modelo que aún pervivía era el gomecista, predilecto de los Estados Unidos y se tenía un profundo miedo a cambiar porque si se le daba cabida al pueblo en el modelo, se corría en riesgo de que la elite dominante perdiera su influjo. Washington aclaraba que los partidos se podían dedicarse a cualquier tipo experimento siempre y cuando no le tocaran el asunto petrolero. A mediados de la década de los sesenta se comenzó muy tímidamente a pensar en la nacionalización petrolera y con regularidad comisiones de Venezuela se trasladaban a Washington para buscar la mejor manera de que en absoluto se le tocara los intereses de las compañías, y mejor aún que con ella sus negocios mejoraran.
Esta fue la razón por la cual, la referida nacionalización del Petróleo y del Hierro no levantó el menor interés ni patriotismo porque se percibía un arreglo por parte del gobierno totalmente consensuado con las compañías petroleras. Aquí nadie sabía de petróleo, y que horrible tristeza da decirlo, pero ni siquiera el pobre Juan Pablo Pérez Alfonso (lo confesó él mismo) llegó a conocer ni un 5% de la manera cómo lo extraían, cómo lo cobraban y cómo se lo llevaban. Para demostrarlo, invito a todos los venezolanos a que se lean “El Desastre” de Juan Pablo Pérez Alfonso y Domingo Alberto Rangel (Vadell Hermanos, 1976).
De farsa en farsa, se ensayaron discusiones, debates y cuentos en cerrados círculos pero sin quitarle una coma a lo ya decidido por el Departamento de Estado; el pueblo era el gran ausente en estos debates. Para completar, el 12 de marzo de 1974, CAP anuncia al Congreso que cumpliría un anhelado deseo del pueblo: El Petróleo sería nuestro. ¿Y cómo? No lo fue. Se esfumó mágicamente, y habiendo entrado cataratas de dólares creció el desempleo, la miseria y desorden social. Entonces el petróleo resultó más que nunca extraño, lejano y ausente de la realidad del pobre muerto de hambre.
Con aquella avidez de encarar a la prensa extranjera para dar batacazos de primera página, el presidente declaró: “No podemos seguir hasta 1983 sin definir la nueva política petrolera venezolana que no será interferida ni mediatizada, desde dentro ni desde fuera, ni por gobiernos extranjeros ni por grupos de presión venezolanos.” La retórica insufrible, sin acción valedera ni voluntad para hacer nada.
El 22 de marzo, pare el presidente otro decreto, el Nº 10, mediante el cual crea una Comisión que tomará el timón de cuanto tenga que ver con nuestros hidrocarburos. El 6 de abril siguen las declamaciones burocráticas y se instala la Comisión Presidencial de Reversión. Estas historias con comisiones y encuentros, estudios y declaraciones, pasan el 10 de diciembre de 1974 con la Ley que reserva al Estado la industria y comercio de nuestro petróleo, sin posibilidad de que se establezcan compañías mixtas y de que se explote la Faja del Orinoco mediante colaboración extranjera. El 10 de marzo de 1975, el presidente entrega a los partidos el texto definitivo, el 11 de marzo de 1975 los partidos rechazan las reformas al proyecto original. El 15 de marzo del mismo año Juan Pablo Pérez Alfonzo expresa su total desacuerdo con el proyecto por estar este “arrastrado por los sectores económicos.” El 16 de marzo se inicia el debate en la cámara de diputados y el 10 de julio se aprueba en sesión plenaria solamente con los votos de AD y la Cruzada Cívica.
El 16 de julio aprueban en Diputados la ley. El 4 de agosto se inicia el debate en el Senado, y el senador vitalicio Rómulo Betancourt ante los ataques de la oposición justifica que las compañías mixtas puedan participar en la explotación de la Faja del Orinoco. Finalmente, el 22 de agosto la Ley es sancionada definitivamente por el Congreso con los votos adecos y perezjimenistas, el presidente la firma, y poco después las casas matrices de la Exxon y Shell en Nueva York, Nueva Jersey, Londres y Amsterdam también la aprueban.
Luego vendrá la parte más dolorosa y criminal de toda esta historia. Venezuela está loca por indemnizar (hasta sin que se lo haya pedido nadie) a numerosas compañías petroleras[1]: La Creole recibe más de dos mil millones de dólares; la Mene Grande, 290 millones de dólares; La Mobil $ 96 millones; La Internacional $ 50 millones; La Sinclair $ 27 millones...
A esto lo llamaron la Segunda Independencia de Venezuela, aún cuando el doctor Maza Zavala exclamaba de que si realmente se sacaran bien las cuentas serían las compañías a quienes les correspondería indemnizar a nuestro país.
Añádase a esto que el desagüe de capital era horrible por cuanto ocurría un fenómeno extraordinariamente paradójico: nadie se explicaba cómo era que si el precio de las materias primas disminuían rápidamente su valor, por el contrario cuanto nos llegaba de fuera era cada vez más caro.
La Asociación Nacional de Contadores Públicos hizo lo imposible, con argumentos de todos los calibres para demostrar que no debía pagárseles la suma de 4.300 millones de bolívares a las petroleras. Fue inútil. No sólo eso, sino que AD junto con su magnate superior, don Rómulo Betancourt admitió que las transnacionales podían seguir en el país controlando el mercado, el transporte y la tecnología de cuanto tuviese que ver con nuestros hidrocarburos.
[1] Ibidem, págs. 337-340.
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