Necesitamos “democratizar” el interés burgués oligopolizado
hasta ahora por un grupito de burócratas constitucional,
legítima y legalmente adueñados
del mercado de las querellas, logros y dificultades sociales
del resto de la ciudadanía.


No es ningún un secreto a voces la pésima y, contradictoriamente excelente, e irreparable calidad del Poder Judicial venezolano, mientras esta sociedad siga siendo burguesa, y cuyos servicios dejan mucho qué desear y, al contrario, mucho que “atornillar”, en los distintos campos: penal, civil, comercial y “mercantilfinanciero”.

Dilaciones, y petulancia burocrática, inoperancia oportuna, defraudaciones sentenciales, casaciones convencionales, despilfarros procedimentales, anacronías jurídicas, obsolescencia organizacional( de poco sirve la electrónica computacional a cargo de una mano de obra rezagada culturalmente), etc., todo eso configura un cuadro improductivo para unos servicios tan valiosos e imprescindibles en cualquier sociedad civilizada, pero que cobran mayor relevancia en la sociedad capitalista cuya estructura familiar es privada y querellante por excelencia.

Esa ambivalente calidad judicial, notoria por demás, ha servido para que con sobrada razón algunos venezolanos hayan buscado causas y causitas, y sugerido fórmulas y formulitas en búsqueda del saneamiento y mejora en los servicios del caso que nos ocupa, aunque sin caer en acciones “revolucionarias” de corte económicas propias de la Economía Política. Se trata de posturas que, bien ignoran el trasfondo burgués, o se trata de populismo político y crematístico con demagógica factura.

Jueces, fiscales, legos y escobinos, jurisconsultos, docentes, abogados, empíricos a granel y humildes abogados a la caza de honorarios a como dé lugar para su sobrevivencia, todos ellos representan una heterogénea masa de trabajadores en pugna por imponer, personal y privadamente, cada uno sus propios alegatos e inferencias, razón esta por lo que demuestran que no han aplicado la cooperación interlaboral como método para agilizar los procesos judiciales ni resolverles querellas ni casaciones a los afectados de cada día.

Ha tenido tanta fuerza, estabilidad o atornillamiento en nuestra sociedad, este procedimiento judicial venezolano que es un prejuicio popular, incorporado a los pensa de estudios jurídicos, convivir con la opción de que “más vale un mal arreglo entre las partes que un buen juicio ante el juez”.

La legislación venezolana se ha ido saturando de leyes y leyecitas, de una legislación hipercasuística donde la mayoría de sus leyes terminan durmiendo el sueño de los justos, e injustos, por su inaplicabilidad, su empolvamiemto o ignorancia dentro de los propios tribunales, y donde las necesidades del burócrata judicial en nada difiere del mercachifle cuyos inciertos ingresos lo mantiene diariamente en constante y estresante expectación.

Sábese que por naturaleza propia los servicios jurídicos nacionales del llamado Estado de Derecho siempre han sido públicos o al servicio, ni tan indistintamente, de tirios y troyanos, de negros y blancos, de honrados y deshonestos, de alfabetos y analfabetos, de pobres y ricos, de capitalistas y asalariados, de prestamistas y prestatarios, de comerciantes y consumidores, de mayores y menores, de mujeres y hombres, de heter y homosexuales, de grandes damas y grandes prostitutas, y de delincuentes y probos.


Esa indiferencia teórica y constitucional ya deja mucho qué desear en un país donde el lucro particular y los problemas familiares de esos negros, de esos blancos, de esos banqueros, de esos prestatarios, de esos asalariados, de esos capitalistas, de esos consumidores, de esos comerciantes, y de esos analfabetos y alfabetos, de todos ellos, decimos, guía la mente y los pasos de una ciudadanía nacida, alimentada y educada en un atomizado mundo individualista y aburguesado a lo largo de todas sus aristas y dimensiones.

Los hombres preocupados por la mala marcha del Poder Judicial (mala para una parte de la sociedad, pero muy buena para la otra) han hablado de obsoletos métodos procedimentales, de carencia de espacio físico, de mala remuneración de la burocracia judicial, de malos hábitos del venezolano y de otra larga lista de posibles y hasta concomitantes causas de semejante anacronismo, desorganización y baja productividad del poder institucional que más peso cultural ejerce en cualquier sociedad del mundo de ayer y de hoy, inclusive más allá de los aportes culturales derivados del multisistema educativo nacional, estadal y municipal. El Poder Judicial es fuente inagotable de pedagogía popular.

Pensamos que este Poder Judicial bien podría ser objeto de privatización de tal manera que su gerencia y directivos judiciales vean en cada caso ventilado en sus oficinas una fuente de lucro ordinario y correspondientemente vean también, y en paralelo, una causa de quiebra capitalista en caso de que no sepan prestar buenos y oportunos servicios, ni garantizarle la razón legal a un demandante, ni sugerir el justo castigo a quien, negro, blanco, rico, pobre, empresario o asalariado, haya cometido algún ilícito, o violación o incumplimiento de variopintas obligaciones.

Esta privatización del Poder Judicial no tiene nada de extraño ni de inédito, habida cuenta que actualmente la mayoría de los defensores y demandantes de la querella nacional es ejercida privadamente por abogados debidamente acreditados en su libre y arbitrario ejercicio profesional. Para eso los titulariza nuestra burguesa y cuestionable Universidad.

El libre ejercicio de la abogacía es en sí mismo un anticipo y buen ejemplo de privatización judicial de derecho y de hecho. Entonces, ¿por qué no se privatiza de un plumazo también y definitivamente la fiscalización de los deberes y obligaciones de los burócratas de los poderes legislativo y ejecutivo? La legislación venezolana, actualmente, y desde atrás, hace del poder Ejecutivo y del Poder legislativo un doble suprapoder que constitucionalmente subyuga y regula el ejercicio burocrático del poder Público Judicial.

Los magistrados son preseleccionados por esos poderes, y el Presidente está facultado para casar a voluntad suya cualquier decisión que cualquier tribunal haya tomado aun con justificada razón jurídica. Para gozar de este privilegio se le reserva constitucionalmente la facultad indultaria.

¿Por qué no se privatiza la atención y defensa del agraviado, del secuestrado, de las víctimas del hampa común y burocrática?, cosas así. Alguien dirá: Eso sería como robustecer los males y bondades presentes. Sin embargo, debemos reconocer que mucho mejor marcha la empresa privada que la gerencia pública, porque sencillamente nuestra mente, nuestro piso cultural y variada praxis es burguesa desde hace sus buenos 2 cientos años, y ningún gobernante puede arrojar en contrario la primera piedra”.

En resumen: Así como muchos servicios privados han sido nacionalizados, también algunos servicios que tradicional y contractualmente han sido nacionalizados pudieran ser perfectamente privatizados, ya que mal puede seguir el Poder Judicial en unas manos burocráticas y de difusa responsabilidad de quienes por lo general y tendenciosamente terminan convirtiendo la Justicia en coto privado.

marmac@cantv.net