Si bien es cierto que se han planificado y puesto en práctica, importantísimas decisiones ideológicas y políticas, dirigidas a proteger con justicia social al pueblo económicamente débil, pues no es poca cosa la creación y puesta en marcha de las misiones: MERCAL, PDVAL, BARRIO ADENTRO, MILAGRO, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, NEGRA HIPÓLITA; orientadas a dignificar la salud y la alimentación de la población de escasos recursos económicos fundamentalmente; y las misiones educativas: ROBINSÓN, RIVAS Y SUCRE; con las cuales se le ha permitido a la población de escasos recursos económicos y de todas las edades a accesar a la modalidad educativa no sistémica para que mejore sus capacidades cognitivas y logre un adecuado desarrollo en el ámbito social. También sería mezquino no reconocer los profundos cambios que se han dado a lo largo de doce años de gobierno socialista; en la reestructuración del marco normativo de la Nación, ya que la Asamblea Nacional, apegada a lo previsto en la Constitución de la República, ha aprobado leyes orientadas a defender la soberanía nacional a nivel de la fundamental industria petrolera y otras instancias sociales, productivas, económicas, políticas y culturales, que garantizan el desarrollo armónico y soberano de la República. Tampoco se puede desconocer las grandes inversiones realizadas para optimizar científica y tecnológicamente al sector industrial manufacturero, al de las telecomunicaciones, al informático, al agrícola y pecuario, entre otros no menos importantes para el desarrollo sustentable de la Nación. En fin son innumerables los avances económicos, sociales, políticos y culturales que se han dado en la novel revolución socialista venezolana, de forma relativamente pacífica.
Pero se siguen cometiendo errores políticos administrativos graves y peligrosos, a nivel gubernamental en todas las instancias del poder del Estado, que no se justifican dentro del concepto político revolucionario socialista venezolano el cual debe ser equitativo, igualitario, equilibrado y con justicia, de acuerdo a la doctrina revolucionaria socialista; por ejemplo: Es un error decretar aumentos de sueldos y salarios que no cubran automáticamente a la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras que laboran en todas las instancias administrativas del Estado venezolano; ya que si se le cancela el incremento salarial o de sueldo a trabajadoras y trabajadores de la administración pública que están amparados por contrataciones colectivas, no se explica ni justifica porque el MPPE, no le aumenta el sueldo a los educadores y educadoras al servicio de esa instancia administrativa, violentando el estamento legal que ampara a estos loables funcionarios públicos, lo que constituye una verdadera e inexplicable injusticia.
También me parece un gran error, decretar todos los años aumentos de sueldo, sin que el Estado y la sociedad venezolana muestren capacidad para detener a la voraz “Inflación especulativa” implantada a placer por los vandálicos e inescrupulosos comerciantes y productores de bienes – servicios, que actúan impunemente contra el consumidor, pues saben que el Estado y el gobierno en todas sus instancias de poder, se muestra incapaz de combatir con eficacia a esos “delincuentes de corbata blanca”; cuando se anuncia con antelación el aumento de sueldos y salarios, este sector socio económico apátrida, inicia un plan de acaparamiento de los productos básicos alimenticios, medicinales entre otros y aumenta escandalosamente el costo de los mismos; ello trae como consecuencia un mayor y violento empobrecimiento en la clase social eternamente golpeada a nivel económico; los operativos desarrollados por INDEPABIS, son pírricos, ineficientes e ineficaces; ni las Gobernaciones, ni las Alcaldías y mucho menos la Fiscalía, muestran capacidad para controlar a esos irreflexivos delincuentes.
Por los medios de comunicación del Estado, se publicita frecuente y repetidas veces, los diversos operativos para vender productos alimenticios a precios regulados o subsidiados, pero dichos operativos no se ejecutan en doto el territorio nacional, por lo menos en el Estado Bolívar y concretamente en Puerto Ordaz no se ven con mucha frecuencia; tanto MERCAL como PDVAL en Ciudad Guayana, no suministran constantemente ni la cantidad ni la variedad de los productos alimenticios requeridos para la dieta básica semanal, igual pasa con los recién nacionalizados hipermercados “Bicentenario y Koma”; esta anormalidad constituye otro craso error del gobierno revolucionario, que está afectando al pueblo humilde que aún abriga al igual que este desconocido articulista, la esperanza de que se corrijan lo antes posible estas anormalidades administrativas y haya equilibrios en la aplicación de la justicia social.
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