Seguimos atados a una sociedad burguesa y capitalista y en consecuencia es innegable el control casi absoluto que ejerce la empresa privada burguesa sobre la oferta, sobre la demanda nacional y sobre las importaciones.
Vista macroecómicamente, la empresa privada representa y ejerce un polimegamonopolio: de demanda, de oferta e importaciones. No en balde estamos hablando del piso capitalista que sigue caracterizando a nuestro modo burguésde producción.
Hasta ahora, el Estado se ha limitado a frenar la libertad comercial cuando esta viola descaradamente los derechos de la ciudadanía, y cuando la especulación en los precios y calidad de la oferta desbordan la paciencia y los bolsillos de la ciudadanía consumidora.
Sobre la oferta, esta ha quedado al arbitrio privado y absoluto en cantidad, variedad y calidad, salvedad hecha de mercancías notoriamente dañinas no contempladas en la Constitución y con un miniarticulado previsto en el TÍTULO VI, Cap. I, Art. 301, muy contradictorio con el Art. 299, ibídem.
Igual y paradójicamente, la propensión al polimegamonopolio nacional de la burguesía queda consagrado en el TÍTULO III, Cap. VII, ejusdem, por encima de las prohibiciones formales del ejercicio de prácticas monopólicas a nivel individual.
Ciertamente, entre el piso económico y el Estado se da una unidad, pero esta tiende a ser violentada por el poder económico. Lo estamos sufriendo con la llamada Guerra económica y golpista que se halla en pleno proceso de beligerancia.
El control de cambio, por ejemplo, lo asume el Estado para aliviar el sangrado de dólares que hace la empresa privada con los ingresos petroleros y afines, hasta ahora principal y casi único sustento presupuestario nacional ante la incapacidad manifiesta del empresariado nacional para atender la producción doméstica nacional, e incapacidad y carencia de voluntad para atraer divisas por exportaciones no petroleras. En este sentido, las subvenciones recibidas por este empresariado han sido torcidas en su intención original y sólo han acrecentado la dependencia presupuestaria del dólar petrolero.
Digamos que la empresa privada, por un lado regula la oferta nacional, y por otro asume el monopolio de las importaciones nacionales supletorias del faltante de oferta nacional. Se dota de dólares petroleros, los desvía para fines personales extraempresariales y el Estado termina padeciendo los mismos faltantes de oferta, su demanda interna crece, la escasez aflora, lo hacen sus colas de usuarios, el descontento y de más deficiencias inducidas por una empresa burguesa que irrespeta y desconoce el poder político ejercido desde el Estado por vía electoral. De allí han salido todas las marramuncias de CADIVI, las empresas de maletín, por ejemplo.
Todo ello bajo el control monopólico de la clase burguesa parasitaria que es la principal forma de actuar de nuestra burguesía desde hace un poco más de 100 años a raíz del cambio de producción agrícola por extracción petrolera y ferrominera.
Ante ese cuadro de incongruencias economicopolíticas, el Estado en su componente socialista debería asumir el monopolio de la demanda nacional. En tal sentido, toda la oferta privada debería ser vendida a la Estado para que este se encargue de su mejor distribución nacional.
