Según el Diccionario de la Real Lengua Española y cualquier otro que a Ud., se le antoje revisar, la palabra empresario significa el que emprende, el que arriesga, partiendo de esta simple definición valdría la pena preguntarnos: ¿Existe realmente una clase empresarial en Venezuela? ¿Existe conciencia empresarial? Según las viejas, pero aún insustituibles categorías de estratificación social, los empresarios, es decir, los dueños de los medios de producción y del poder económico conforman una clase llamada burguesía. Respetando estas categorías no podemos hablar de burguesía en Venezuela en la época colonial pero no es menos cierto que sus orígenes se remontan a ésta época.
La burguesía tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII, con el surgimiento de un sector mercantil representado principalmente por subsidiarios de grupos extranjeros que se disputaban el antiguo dominio de la Guipuzcoana. Este sector sería hasta por lo menos los años 40 del siglo XX el predominante dentro de la burguesía nacional. A principios del siglo XIX, aún habiendo logrado la independencia, la situación social siguió más o menos en las mismas condiciones, traspasando el poder de una oligarquía blanca española a otra oligarquía blanca criolla, relacionada con los intereses de las bien constituidas burguesías inglesa y alemana y en este siglo XX petrolero al de la norteamericana.
Sería precisamente la inserción de Venezuela como país petrolero lo que consolidará las bases de una sociedad capitalista dependiente y con sus clases sociales modernas: obrera, media y burguesía. Serían las consecuencias que trajo al país la crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial lo que impulsaría al nacimiento de una actividad empresarial a nivel nacional: La magnitud de la renta petrolera evitó que Venezuela transcurriera por las crisis conocidas como “cuellos de botella” por las que atravesaron los países de la América Latina y que hicieron que estos constituyeran un aparato productivo más fuerte. En Venezuela, el aparato productivo se caracterizó: (1) fundamentalmente por la alta dependencia con respecto al Estado, (2) vinculación con el capital extranjero, (3) carácter monopólico y oligopolio, (4) poca capacidad competitiva e improductiva, (5) pero paradójicamente altamente rentable.
La mayoría de autores que han trabajado las fuentes de acumulación social de este sector coinciden en señalar: 1) acumulación mercantil, 2) comercio de bienes raíces, 3) testaferros de empresas extranjeras, 4) vínculos con el Estado. Claro está, no dejamos de reconocer que ha existido un sector empresarial honesto y trabajador, muy poco ligado a las fuentes de riqueza anteriormente señaladas pero que forman parte de este sector deprimido del empresariado nacional, quizás conformado por un número mayor de personas pero con un insignificante poder con respecto a los grandes grupos económicos.
La creación de Fedecámaras en 1944, como sindicato patronal, logró unificar intereses muchas veces encontrados entre los diversos sectores del empresariado comercial, agrícola e industrial pero con un interés común, convertirse en un órgano de presión frente al Estado venezolano, que a diferencia del resto de los países capitalistas sustituye a estos sectores como eje de la economía nacional por administrar la renta petrolera.
Estemos de acuerdo o no con los cambios ocurridos a partir de 1989, lo cierto es que hubo un intento de transformación estructural de una economía rentista a una economía productiva, tal como se manifiesta en las medidas económicas asumidas: liberación de precios, liberación cambiaría y de tasa de interés, disminución de aranceles proteccionista, privatizaciones. Sin embargo, el “gran viraje” enunciado en el VIII Plan de la Nación y que intentaría dejar atrás a la “Venezuela Saudita” muy poco tiempo después fue dejado en el olvido al no producirse respuesta del aparato productivo, el Estado tuvo que asumir nuevamente las riendas con el proceso de apertura petrolera, es decir la entrega nuevamente de la economía nacional a interés extranjeros y el mayor crecimiento del rentismo y la dependencia petrolera.
La justificación de la pasividad del empresariado fue que el clima de desconfianza, por el desequilibrio político, no creaba un ambiente sólido para la inversión. En el gobierno de Caldera, hasta quienes hicimos crítica, reconocemos que perduro un relativo clima de estabilidad política y pasividad social, no solamente regreso sino profundizó a las políticas de corte liberal, mejoraron las variables macroeconómicas (disminución del déficit fiscal y de la inflación, estabilidad de las tasas de cambio, liberación de precios, etc.). Pero lo más importante aún, se profundizó la apertura petrolera y se acabó con la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores. Sin embargo nada sucedió, durante 40 años ininterrumpidos la inversión privada en términos reales en Venezuela no ha crecido, los 90 mil millones de dólares colocados fuera del país no retornan y lo que es peor, con el apoyo del Estado, lograron darle vuelco a la legislación laboral comprometiéndose a la reactivación de la mejora de vida del trabajador, negándose luego a cumplir con lo establecido.
Pero lo que sí es cierto es que este tipo de sucesos permite ir desmitificando la realidad nacional, de cuyos males siempre se ha culpado a lo público, es decir al Estado y de esta manera ir limpiando la responsabilidad de lo privado. Hemos sido profundamente críticos del Estado venezolano en la sociedad rentista por populistas, pero esto no nos puede llevar a enmascarar que han sido precisamente estos sectores empresariales, quienes hoy con el mayor cinismo critican el populismo, siendo ellos los más beneficiados por los despilfarro.
No todo lo público ha sido malo, ni lo privado es garantía de eficiencia, las erradas privatizaciones, los fraudes bancarios, y la actual actitud de resistencia por cumplir compromisos por parte de los empresarios son manifestaciones de esta realidad. Sectores de estos empresarios desean seguir sustentando sus riquezas a través de la especulación y el acaparamiento. Hoy ese empresario, cuyos enfrentamientos internos y por los distintos intereses económicos, así como su conversión a actor político partidista, amenazan con dividir o destruir a la vieja Fedecámaras, está obligado a responder al llamado de un país que exige el compromiso de todos.
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