El neo-rentismo socialista es un modelo basado en el uso intensivo de la renta petrolera para financiar la inversión social y crear la base de apoyo del proyecto político, el cual se ejecuta a través de un sistema de premios y castigos para asegurar la lealtad de los seguidores, lograr la simpatía de grupos ambivalentes y castigar o disuadir a los adversarios.
Debido a la contracción del aparato productivo y su incapacidad para generar empleos al ritmo que crece la población económicamente activa, el neo-rentismo socialista apela al papel empleador del Estado clientelar. Esto se traduce en un aumento desmesurado de la burocracia y es una de las causas de la inflación estructural que sufre el país, toda vez que las remuneraciones que recibe esa abultada nómina pública no tiene como contrapartida un aumento en la producción.
El neo-rentismo socialista funcionó a la perfección mientras los ingresos petroleros crecieron y resultaron más que suficientes para financiar la inversión social. Con la reconstrucción de la OPEP, el restablecimiento de la disciplina de cuotas, la recuperación de los precios del petróleo, el pago de dividendos de las filiales de PDVSA y el considerable aumento de las regalías, el creciente ingreso fiscal petrolero cubrió holgadamente el presupuesto nacional. Pero con la estabilización del precio en $100 el barril, el estancamiento de la extracción del crudo en 3 millones de barriles diarios, y el aumento del consumo interno por encima de los 750 mil barriles, debido al irracional subsidio a la gasolina y al creciente consumo en plantas termoeléctricas, los ingresos fiscales de origen petrolero se han tornado insuficientes, lo cual sentencia el agotamiento del modelo neo-rentista.
En lugar de ahorrar en tiempos de bonanza para sortear los tiempos de escasez, el neo-rentismo socialista dinamitó su propia base de sustentación al aplicar una política fiscal pro-cíclica, con aumentos del gasto cada vez que aumentaba el ingreso petrolero, pero sin acumular reservas para encarar restricciones económicas y presupuestarias. En circunstancias de escasez, el gobierno ya no puede seguir subsidiando empresas estatales que no son estratégicas. Resulta escandaloso que en empresas públicas secuestradas por el burocratismo -de las cuales los trabajadores no se sienten copropietarios sociales y por tanto reproducen los mismos conflictos obrero-patronales de la IV República-, se cancelen millardarias sumas de dinero por concepto de bonos de productividad y hasta dividendos, cuando lo que arrojan son cuantiosas pérdidas.
Esa práctica, lejos de expresar valores socialistas, revela la mentalidad rentista que espera que todo lo pague el petróleo. Semejante desviación del neo-rentismo socialista solo podrá superarse a través de nuevas formas de propiedad social bajo el control de los trabajadores directos. De esta forma se activaría un esquema de incentivos para mejorar el desempeño en esas empresas propiedad de los trabajadores, dignificar el trabajo y transformar la cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, en una nueva cultura sustentada en el principio socialista que propone: “de cada quien según su capacidad y a cada cual según su trabajo”.
