Los ingresos personales no pueden considerarse rentas. Si así fuera, entonces los comerciantes deberían pagar en función de sus ingresos por concepto de ventas brutas, e igualmente los fabricantes. Por definición, renta traduce un sobreingreso, y mal puede serlo el salario. La tributación originaria del Estado arranca de los tiempos feudales, época cuando los trabajadores eran campesinos explotadores de sus conucos o parcelas cedidas por el feudal a cambio de que les trabajan gratis sus tierras. Esta idea, de cuando los trabajadores eran su propio “patrono”, lucía cónsona con los albores de los estados nacionales urgidos como estaban de ingresos fiscales.
Los fabricantes, los banqueros, los terratenientes y los comerciantes, por igual deben levantar anualmente un estado de “ganancias o de pérdidas” (sic).
En paralelo, a los asalariados se les obliga a declarar sus rentas anuales como si ellos fueran explotadores, fabricantes, banqueros o terratenientes. No ha terminado de entenderse, según la literatura económica burguesa que alimenta al gobernante del Estado burgués, que los trabajadores son explotados y que sus ingresos personales anuales son obtenidos como salario, es decir, como precio que el patrono les paga por el uso diario de su fuerza de trabajo durante una parte de la jornada convenida.
Este Estado burgués, con esa concepción de la renta salarial, ha colaborado con los capitalistas porque así les alivia las cargas tributarias a fabricantes, a terratenientes, a banqueros y a comerciantes.
Observación, no estamos excusando al pequeño patrono, aquel trabajador que fungiendo de tal también se ayuda con trabajadores a quienes explota. Este es el caso de los consultorios médicos, de los burós jurídicos, de los talleres mecánicos donde uno de los trabajadores contrata trabajadores asalariados, y se trata de capitalistas de menor rango y como dueños trabajan al mismo tiempo.
Este pequeño patrono, en condición de capitalista, recibe plusvalía como explotación, y recibe también de sí mismo, por su trabajo diario, un salario, prestaciones, o sea, pago por diversos conceptos comunes a sus trabajadores. Estos costes salariales los carga el capitalista a su estado financiero anual.
De tal manera que este pequeño patrono, tendría que pagar una doble tributación: como capitalista y como asalariado.
Si bien los trabajadores reciben los beneficios del Estado por concepto de servicios públicos, ellos no disponen de rentas, sino de un salario previamente ajustado a la cobertura de la cesta básica. No así, con los perceptores de renta, con quienes reciben del Estado[2] servicios públicos comunes a los recibidos por los trabajadores para cubrir servicios que de no existir aumentarían el salario como valor de subsistencia para los trabajadores.
El Estado y sus servicios públicos se limitan a aliviar los desembolsos del capitalista por concepto de salarios.
[1]Este es otro insumo del Primer Suplemento de PRAXIS de El Capital, Manuel C. Martínez M./ Omitimos los salarios, aunque estos, sin ser renta tributable, servirían apara los estudios de mercado y conocer así el poder adquisitivo de los principales consumidores de mercancías básicas.
[2] Por supuesto, a esos rentistas les da vergüenza usar los servicios públicos por sus ínfulas de ricos y de gente especial, por eso se limitan a dejarlos para los “pobres”.
