Todos sabemos de la dependencia profesional que subyace en todos los trabajadores del sistema capitalista. La sola concomitancia de clases sociales, una explotadora y otra explotada condiciona las vocaciones, aptitudes y aspiraciones del venezolano en la medida que se desarrolla y se halla listo para formar parte de la población económicamente activa (léase capaz de generar plusvalía). La burocracia judicial no es inmune a esa alienación.
Es así cómo hay una manifiesta e inconsciente subordinación obrero-patronal, al punto de que a la empresa se la respeta como una entidad que se halla por encima de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Pareciera que su personalidad jurídica tiene más peso que la persona, que un ciudadano corriente.
La alienación engendrada por la empresa burguesa, por el comerciante, es máxima cuando jurídicamente se trata de empresas o compañías anónimas, y no se diga si hablamos de "transnacionales", como si todas las empresas de cualquier país capitalista operaran directa o indirectamente como una transnacional[1].
Esa alienación se manifiesta más perjudicialmente cuando se trata de aplicar las leyes de la nación. Para nadie es un secreto que siempre es mejor atendido un representante de una empresa que un trabajador o ciudadano cualquiera. La ascendencia empresarial no excluye a los tribunales ni a la Fiscalía General, ni a la Contraloría Nacional, ni a la Defensoría del Pueblo; al punto de que si las empresas privadas, actuando como federaciones, tuvieran un partido político que las representara, no dudaríamos que también tendrían sus privilegios electorales[2].
Estos países importadores de insumos, supuestamente, como forma de desarrollar sus industrias "nacionales", no terminan de darse cuenta de que el imperio capitalista, es decir, el conjunto de países ya industrializados y exportadores de medios de producción terminados y semiterminados está constituido por toda su maquinaria industrial de bienes convencionales y de armamentos, independientemente de los lugares involucrados en sus mercados fabriles, comerciales y bancarios. Digamos que pertenecen al mismo imperio la empresa fabricante de automóviles y los países que se los ensamblan o compran e importan sus partes, y los países mismos que les venden las materias primas para las empresas principales de los países connotadamente imperialistas: Francia, Inglaterra, Alemania, EE UU, por citar algunos.
[1] Las empresas nacionales suelen depender de insumos importados lo que las convierte en agencias o prolongaciones territoriales de las correspondientes transnacionales que fungen de proveedoras, y a aquellas, de clientes suyos.
[2] Hasta ahora, los empresarios se han valido de testaferros a políticos de algunos partidos políticos, y a través de estos ejercen su dominio sobre el Estado, sobre gobernadores, alcaldes, militares, diputados y en ocasiones anteriores sobre Ministros y Presidentes.
