Desde siempre, y en todas partes, existe cierta ambigüedad en relación a las instituciones políticas. Se puede resumir en una frase: "si me conviene, acato; si no, no". Éticamente, es la reducción de la moral a lo optativo, suprimiendo lo obligatorio. Políticamente, es la amenaza permanente de subversión. Es una variante de aquel conocido adagio de la picardía política criolla de "acato, pero no cumplo", dicho por aquellos republicanos disfrazados de leales a Fernando VII en 1810. Hoy en día esto se expresa desde ambos polos de la política venezolana.
La oposición al chavismo se tragó la Constitución del 1999 después de una "larga marcha" de derrotas, cuyo primer episodio fue en 1998; el segundo, la aprobación misma de la Carta Magna. Las siguientes fueron, en lista incompleta, la derrota del golpe de estado de abril de 2002, así como la del "paro nacional" y el sabotaje perolero, y luego las guarimbas, y después el referendo de 2004, el boicot a las parlamentarias en 2005, etc. Al final, tuvieron que tragarse la constitución amargamente. Expresión de esa amargura fue la teoría de la distinción entre legitimación de origen y la de desempeño, que repetían sus politólogos para intentar justificar esa interpretación tan paradójica del artículo 350 de la misma constitución y otras políticas que atacaban directamente la institucionalidad. Es decir, la oposición terminó aceptando a regañadientes la institucionalidad presente, pero siempre dejando la puerta abierta.
Pero lo más curioso es que el chavismo oficial (que he tratado de describir con ese concepto "trencito" o "chorizo" Partido-Gobierno-Estado-FFAA) también tiene su versión del "si me conviene, acato". Para ello, se echa mano de cierto marxismo-leninismo de manual soviético, hediondo a naftalina, que desdeña olímpicamente a las instituciones calificándolas como "democracia burguesa". Esto, por supuesto, es uno de los discursos, el dirigido a los cuadritos medios formados en la "dialéctica china", esa misma que, por un lado, reduce todos los problemas a una "contradicción principal" casi eterna (porque es con el imperialismo) que reduce y virtualmente elimina las demás como "secundarias" (ineficiencia, corrupción, ecocidios, improvisación, desviaciones, hasta pactos con el mismísimo capital transnacional, etc.) y, por otro lado, concibe que el Poder, simplemente, nace "del cañón del fusil". En resumen, para ellos, todo eso de la constitución y las leyes, y los principios que conllevan (por ejemplo, la igualdad ante la ley) son simples formalidades incómodas que, al final, no nos convienen.
Como la oposición, cierto discurso del Partido-Gobierno-Estado-FFAA (disculpen nuevamente por el "trencito" o "chorizo"), siempre deja la puerta abierta para salirse del respeto hacia las normas cuando convenga. Véase, por ejemplo, a Néstor Francia cuando reflexiona que tal vez la izquierda latinoamericana se sometió mucho a las formalidades de la "democracia burguesa" y que tal vez convenga pasar a "nuevas formas de lucha", para pasar a las alucinaciones de una guerra continental. Lo ponemos sólo como ejemplo. Otros son más "cuidadosos" y "sólo" defienden la manipulación de las instituciones que se tienen bajo control, a propia conveniencia. O a sustituirla, como ciertos altos dirigentes del chavismo oficial que debieron haber esperando por la voz oficial del CNE para hacer los anuncios de su competencia.
La discusión de fondo (o sea, teórica) viene de hace tiempo. A veces la remontan a Marx mismo, pero el preferido es Lenin, quien, es cierto, nunca perdió la oportunidad de mostrar su desprecio hacia la "formalidades burguesas". Hay habilidosos que recurren a Chávez con su intentona golpista del 4 de febrero, lo cual demostraría que él tampoco respetaba mucho las formalidades. Lo cual contradice una línea estratégica de Chávez desde 1998, que le sirvió, no sólo para lograr el gobierno, sino además para arrinconar una oposición que no soportaba ni respetaba la institucionalidad establecida.
Respecto a esto cabe señalar algunas otras cosas. La calificación "burguesa" en Marx servía para, en primer lugar, caracterizar históricamente un estado que, en conjunto, garantizaba políticamente el dominio del capital; es decir: unificar el territorio nacional para la circulación de las mercancías, hacer avanzar las "fuerzas productivas", defender la propiedad privada, mantener a raya al proletariado. El tema del estado tiene otras complejidades que no abordaremos aquí. Por otro lado, siempre Marx se manifestó partidario de la democracia y las libertades públicas en la lucha política concreta, y ello incluía la igualdad ante la ley. Esto, incluso, lo defendió para todo el período de "transición".
En el caso de Lenin, el ataque a la "democracia burguesa" era el ataque a una socialdemocracia, de la cual estaba recién saliendo en 1917, que, justificándose en la democracia, no sólo apoyó la Guerra Imperialista Mundial, sino que rompió con sus compromisos de convertir esa guerra en revolución y, además, asesinó a dirigentes revolucionarios (y miles de obreros combatientes) de la categoría de Rosa Luxemburgo. Fue Stalin quien descontextualizó ese ataque y lo convirtió en un dogma que le sirvió para justificar una de las dictaduras más terroristas de la historia sin que, por otra parte, no entendiera que la lucha por la democracia "formal" fuera una bandera importante en los otros países diferentes al suyo propio. Ya desde 1970, la izquierda mundial incorporó la democracia en sus programas como un principio estratégico, como propiedad esencial del socialismo.
Otra cosa es que, de la mano de científicos sociales más actuales (Gramsci, Bourdieu, Poulantzas), se debe entender que las instituciones democráticas son campos de fuerza, espacios donde se lucha posición a posición por la hegemonía, que no es dominación, sino liderazgo moral e intelectual. En todo caso, hoy en Venezuela la lucha por la hegemonía pasa por la defensa de la institucionalidad. O sea, dejen hablar a Tibisay.
