El 11 de agosto 2016, comuneros y comuneras de la comunidad Shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, de la provincia de Morona Santiago en Ecuador, fueron víctimas de un violento desalojo y destrucción de sus casas y pertenencias a manos de policías y militares, para abrir paso a la empresa minera china Explorcobres S.A. (EXSA), filial de Ecuacorriente.

Un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) del 12 de agosto, da cuenta del ataque denunciando una vez más que el gobierno ecuatoriano coloca los intereses de las trasnacionales por arriba de los derechos de los pueblos, especialmente indígenas. Responsabilizan al gobierno nacional por cualquier suceso que se presente.

En el mismo comunicado denuncian que seis comuneros Shuar de Bomboiza, de la misma provincia, se encontraban en audiencia de juzgamiento acusados de "paralización del servicio público", luego de participar en el paro nacional del 2015. Como resultado de ese injusto juicio contra el derecho manifestarse, Tomas Jimpikit, presidente de la Asociación del Centro Shuar de Bomboiza, fue condenado a 1 año de prisión.

Son algunos de los muchos integrantes de pueblos indígenas de varias provincias, criminalizados por protestar, por defender sus territorios y sus derechos. "El Estado genera violencia, reprime y luego condena al pueblo por presuntos delitos que su aparato represor funda", afirma Conaie.

Las comunidades Shuar, igual que muchos otros pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, han estado en lucha contra el avance de las mineras, petroleras y otros megaproyectos en sus territorios, desde hace décadas. Les ha costado no sólo la pérdida o grave contaminación de sus territorios, innumerables atropellos a las personas, además prisión, criminalización y hasta la vida de muchos de sus miembros.

Los Shuar no han dejado dudas sobre su oposición a la entrada de mineras en su territorio. En 2006 paralizaron la construcción de la hidroeléctrica Hidroabanico S.A. destinada a abastecer a las minas del proyecto Mirador en su región y expulsaron a los campamentos de exploración de Explorcobres S.A. Estas y otras fuertes luchas de pueblos en defensas de territorios contra la minería, así como la cruenta represión que les significó y la formación de redes de pueblos contra la minería, llevaron a que en 2006, el entonces presidente Alfredo Palacios suspendiera las actividades mineras en Morona Santiago y dos provincias más, Imbabura y Zamora Chinchipe. Por esta situación de gran tensión social, Rafael Correa, entonces en campaña presidencial, prometió "revisar la política extractiva".

Una vez en la presidencia, en poco tiempo quedó claro que Correa nunca tuvo esa intención, aunque tomó medidas cosméticas al principio de su gestión (2007) que parecían atender el problema, aparentando que pondría limitaciones a la minería. En realidad allanaba el camino para facilitar aún más la explotación minera a gran escala.

No obstante, a partir del proceso de la Asamblea Constituyente y gracias a la fuerte presión social del movimiento anti-minero y ecologista, se estableció el llamado Mandato Minero. En esta normativa se incluyó que se debían terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido un proceso de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y bosques, entre otros puntos. Se llamaba también a una moratoria a nuevas concesiones.

Pero muy poco tiempo después, los relativos avances que podría representar ese Mandato serían minados por decretos y leyes a iniciativa de la presidencia. Casi enseguida se aprueba un Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social, que establece, de facto, que la voluntad de la comunidad no importa: si se oponen a un proyecto, lo pueden expresar en consulta pero el gobierno puede de todas maneras autorizarlo. La consulta es una mera medida administrativa.

Tal como explican Acosta y Caicedo en el reciente documento "De la violación del mandato minero al festín minero del siglo XXI" , esto fue "el inicio desde el ejecutivo, de varias acciones y omisiones que ya no sólo concretan un marco jurídico e institucional que facilita la extracción masiva de minerales, sino que además, consolidan al Estado como promotor directo de distintos proyectos mineros públicos y privados, a gran escala, como Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, Panantza San Carlos en Morona Santiago, Río Blanco y Quimsacocha (actualmente Loma Larga) en Azuay. Pero, debe quedar claro que el Estado es el gran promotor de la megaminería, no el ejecutor. Los proyectos mencionados, catalogados como proyectos estratégicos por el gobierno de Correa, están todos a cargo de transnacionales, sobre todo chinas."

Poco después del Reglamento, aprobada en tiempo récord por la Comisión de Legislación y Fiscalización, se establece una nueva ley de minería en 2009. Aunque esta ley ha sido cuestionada por ser anti-constitucional, por no haber respetado el derecho a consulta previa de pueblos indígenas y varias otras violaciones, entra en vigor de hecho y pocos meses después se restablecen los permisos a las mineras y se comienza a dar nuevas concesiones.

La ley declara de "utilidad pública" todas las tierras ubicadas dentro de las concesiones mineras o que las empresas consideren necesarias para sus actividades, con lo cual no solamente violentan el derecho de los pueblos y comunidades a sus territorios, de facto también entregan el subsuelo –de propiedad del Estado– a las empresas trasnacionales. Esta declaración de utilidad pública, permite que las empresas usen el recurso de "servidumbre" y el de "ocupación temporal" , lo cual significa que pueden usar la fuerza pública si las comunidades no les permiten entrar, y ocupar el terreno "temporalmente para siempre", porque lo dejan destrozado, contaminado e inutilizable. La misma ley prevé que las empresas pueden hacer "acuerdos" previos –compras de terrenos u otros pagos– para evitar el uso del recurso de servidumbre. Esto ha significado generar graves divisiones internas y conflictos dentro de las comunidades, que anteceden la aplicación de la violencia más directa a los que resisten. Es tristemente ilustrativo el documento de Acción Ecológica y otras organizaciones sobre los desalojos forzosos del Estado ecuatoriano y la empresa china Ecuacorriente en la Cordillera del Cóndor (diciembre 2015).

Todas estas figuras legales se repiten en otras leyes mineras del continente y también en México, donde además se incorporan particularmente a las leyes secundarias posteriores a la reforma energética privatizadora, para despojar de sus derechos a la tierra a comunidades y ejidos.

Este camino devastador del gobierno progresista de Correa, se termina de desbocar en junio 2016, con la reapertura del Catastro Minero por parte del Ministerio de Minería, que como explica Acción Ecológica "da carta abierta para intervenir en áreas protegidas, fuentes de agua, nacimientos de agua, bosques protectores, páramos, territorios indígenas o áreas de producción campesina", zonas que el Mandato Minero no permite y sobre las que aún quedaban algunas restricciones en la ley minera. "La amenaza de destrucción de la naturaleza, desplazamientos y violaciones a los derechos, como ya ha ocurrido con la empresa china ECSA en el proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, se cierne sobre todo el país", agregan. Exigen una moratoria inmediata a las concesiones mineras.

Los mecanismos legales usados y el uso de las fuerzas contra las comunidades y pueblos indígenas para favorecer a las trasnacionales es similar en muchos otros países. Pese a que en Ecuador la Constitución reconoce los "derechos de la Naturaleza" y de los pueblos indígenas, como en todas partes, lo único que ha frenado o parado estos devastadores proyectos ha sido la lucha y resistencia de las comunidades.