Cuando decimos capitalismo, decimos la derecha en términos políticos, ya que capitalismo es un concepto estrictamente económico. Este se refiere al sistema de vida que convierte al trabajador en un asalariado o productor de ganancia a favor de su patrono y sin detenerse ni por un momento a explicarse por qué quienes no trabajan, como sus patronos, son frecuentemente ricos, y los asalariados tienden a empobrecerse con el correr de los tiempos.
Hasta la llegada del Presidente Chávez, los proletarios ancianos solían ser tirados al fondo de los solares de su propia casa y carente de protección hasta de sus hijos.
La pensión de vejez que el Presidente estableció lo hizo una persona integrada al resto de su familia que se ve obligada a garantizarle una sopa calienten y una cama tendida en un cuarto aseado. Hoy, estos mismos ancianos beneficiarios de esas prebendas parecen sufrir de olvidos seniles cuando se les oye y se comportan como furibundos defensores de sus antiguos patronos frente al sistema actual de vida que es el único que se acordó y acuerda de ellos.
En Venezuela, actualmente cuando decimos derecha, decimos escuálidos, decimos burguesía trabajadora o proletariado al servicio ciego e inconsciente del patrono capitalista.
Estos trabajadores escuálidos no quieren saber nada de comunismo ni de socialismo por el sólo hecho de que le oyeron a sus jefes o incondicionales de su patrono que esos modos de vida eran lo que el cine y la TV les pintan: como enemigos de los EE.UU. y en consecuencia eran malos para sus aspiraciones a convertirse en ricos, en salir de la pobreza y transformarse en explotadores de otros trabajadores, en una suerte de reciclaje del modo de explotación que de algún modo él siente y calla en su propia pelleja.
Venimos haciendo hincapié en sugerirle al Estado que se desprenda de asumir injerencia en las relaciones obrero-patronales que hasta ahora han beneficiado más al patrono que a sus trabajadores.
Tal es el caso de la idea de fijar los salarios de la empresa privada por decreto, una medida que es una idea de la propia burguesía internacional.
Esa idea caló en todos los gobiernos de economías burguocapitalistas. El Estado fija los incrementos salariales de la empresa privada, esta sube los precios, el consumidor se queja ante el Estado y los patronos se desentienden de los reclamos de sus trabajadores ya que, sobre esa base de salarios establecidos por el gobierno de turno, sólo les queda quejarse ante el mismo gobierno que haya decretado esos incrementos.
La Teoría Monetarista inflacionista ampara el artilugio del salario mínimo porque como el Estado debe inyectar más dinero a la circulación para cubrir los incrementos para pensionados y jubilados, y los incrementos salariales de los trabajadores asalariados, los economistas de la burguesía le endilgan la culpa de la inflación al circulante monetario y no a la suba de precios inducida y controlada enteramente por fabricantes y comerciantes.
Eso parece una contradicción de parte del trabajador de la derecha, pero se dilucida cuando caemos en la cuenta de que de esa manera los patronos pueden cargar al costo de producción los ajustes e incrementos salariales sin el freno que sufrirían cuando sean ellos quienes tengan que ponderar los efectos inflacionarios que tendrían los cargos a los costes de producción y su reflejo como subas en los precios de mercado.
