Sépalo, si EE UU apoya a un gobierno en Latinoamérica es porque éste es una lacra dominada por ladrones, mafiosos, terroristas, violadores de los derechos, y por lo general bien comprometidos con el narcotráfico. EE UU en Latinoamérica jamás ha apoyado a un gobierno decente, sino que cuando aparece uno lo derroca o procura destruirlo a sangre y fuego.

Nosotros tuvimos un gran PORKY que insurge en la política nacional con el golpe que se le da al presidente Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. Este GRAN PORKY, tan parecido al colombiano Iván Duque, quería que los gringos instalaran bases militares en Venezuela, y que cuando estalle la Guerra de Corea, al igual que lo hizo Colombia, propuso mandar nuestros soldados a esa guerra para apoyar los intereses estadounidenses en el mundo. Ese GRAN PORKY se llamó Rómulo Betancourt.

El golpe del 18 de octubre de 1954 fue de indudable factura estadounidense y sus objetivos estaban enmarcados dentro de la estrategia global capitalista e imperialista. La política internacional de Medina Angarita, ahora con el nuevo gobierno, iba a sufrir un severo vuelco: nada de relaciones con la Unión Soviética ni de estar en conflictos permanentes con el Departamento de Estado norteamericano; igualmente, se preveía ir dejando de lado los acuerdos comerciales que habían quedado pendientes con las naciones latinoamericanas. En lo atinente a los contratos petroleros, se revisarían para revertir "los daños" que hubiese podido ocasionarle Medina Angarita a la economía nacional su enfrentamiento agresivo con las compañías; la reforma agraria sería detenida, y en cuanto a la política fiscal, reformarla de acuerdo con nuevos tratados que fuesen menos lesivos para quienes quisiesen venir a invertir en nuestro país.

A cuatro días del golpe, el 22 de octubre se presenta en Miraflores, para darle a Rómulo Betancourt los parabienes, lo más granado de la oligarquía caraqueña; en nombre de la banca, don J. M. Herrera Mendoza (presidente del Banco Central); por Fedecámaras y la Cámara de Industriales de Caracas, su presidente Luis González Marturet; también, don Salvador Salvatierra, don Raimundo Aristiguieta, don Vicente Lecuna y Velutini, don Pablo Arnoldo Losada, don Rafael Parés (en nombre de los comerciantes y el poder económico del Zulia), entre otros magnates. La Iglesia actuaba políticamente por intermedio de la UNE, que ofreció su total apoyo a los golpistas, aunque la cúpula eclesiástica de momento mantuvo una posición de «ecléctico escepticismo».

El 30 de octubre de 1945, Betancourt se dirige a la nación desde el Palacio de Miraflores mediante una emisión radial. Anuncia «con legítimo alborozo», que se han reanudado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otras importantes naciones; que el «respaldo fervoroso dado por el pueblo a la revolución, la legitima. El desmoronamiento del régimen en el curso de escasas horas, revela cómo estaban minadas sus bases y cómo carecía de asideros en la opinión». Mil veces más justificadas estarán estas mismas palabras el 24 de noviembre de 1948, cuando sea derrocado a su vez Rómulo Gallegos. Entonces hace en ese momento un homenaje al gorilismo militarista de Latinoamérica (indirectamente a Marcos Pérez Jiménez, que viene de catarlos todos): «Pero oportuno es el momento para decir que la "valerosa y fervorosa" Unión Patriótica Militar y la dirección del Partido del Pueblo, Acción Democrática, estaban acordadas e identificadas en sus finalidades revolucionarias desde hacía varios meses». Y estando presos o exiliados los miembros del medinismo, arremete contra ellos diciendo que estaban poseídos de un orgullo demoníaco. Proclama lo que no hará nunca: «La finalidad básica de nuestro movimiento es la de liquidar de una vez por todas los vicios de administración, el peculado y el sistema de imposición personalista y autocrítica [...]» Pregonan los de la Junta que van a demostrar cómo sí se puede gobernar sin prevaricar, y van advirtiendo que en un corto lapso se abordarán con ánimo «solucionador» todos los problemas fundamentales que venían entrabando la conducción del presupuesto nacional. Hablaba la Junta de una nueva administración pública contra la coercitiva del medinismo, que obligaba a los ciudadanos a llevar el carné del PDV para poder tener derecho a un cargo en el gobierno.

Será enfático Betancourt al declarar que se investigará la conducta de los gobernantes que rijan la cosa pública, y sobre todo muy contundente en lo relativo al manejo alegre de nuestro principal recurso que se venía administrando con total irresponsabilidad, para lo cual colocó como una de sus máximas fundamentales en todos los entes del gobierno: Nosotros sí comenzaremos a sembrar el petróleo. Poco después, cosa curiosa, le dará por hablar del Cuarto Poder sugerido por el Libertador, el Poder Moral. No llegará a nada. No pudo o no quiso llegar a algo en lo relativo al adecentamiento de la administración pública. Inmediatamente, una de las primeras medidas que toma es convertir El Trocadero en sede de la policía secreta del régimen para aplicar torturas a los detenidos políticos.

El monopolio descarado de Acción Democrática, como único partido, luchando hombro a hombro con los militares, fue decidido en los salones de Miraflores. Muchos oficiales comenzaron a protestar abiertamente, por la forma como se autodesignaron algunos miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno el 19 de octubre. Aquí comenzaron los primeros roces entre Betancourt y Pérez Jiménez. Una vez instalado en soberana silla don Rómulo, se presentó en palacio una comisión del PCV. No quisieron hablar con el alto jefe adeco y se dirigieron al Ministerio de Guerra. Querían tratar asuntos que tenían que ver con la manera represiva y violenta como se venía procediendo con los partidarios de Medina, algunos de los cuales habían sido torturados y desaparecidos por los cuerpos policiales. Cuando en el Ministerio de Guerra se encaran con el capitán Mario R. Vargas, estos ilusos tratan de advertirle que por estos comportamientos totalmente violatorios de los derechos civiles, se van a encontrar con una seria dificultad para que el gobierno de los Estados Unidos les reconozca. El capitán Vargas deja correr una desganada sonrisa y sin deseos «de seguir perdiendo más tiempo» les interrumpe para decirles: «Antes de dar el golpe nosotros habíamos consultado con la Embajada de los Estados Unidos, y no procedimos hasta haber recibido la aprobación».

No sólo eso, casi a la semana de haberse dado el golpe, Betancourt le dice a Mr. Dawson, consejero de la embajada americana en Caracas: «No le preguntaré nada acerca del reconocimiento. Sabemos que lo obtendremos en uno o dos días, y estamos muy agradecidos por su actitud tan comprensiva». A lo que añade la historiadora Nora Bustamante: «Muy seguro debía estar este señor Betancourt de lo que afirmaba, porque sus cálculos fueron exactos: el nuevo gobierno venezolano fue reconocido al día siguiente de estas declaraciones, según consta en un memorándum que relata la conversación sostenida entre el Dr. Eduardo A. Bacelar Machado, segundo secretario de la embajada de Portugal en los Estados Unidos y Bainbridge C. Davis, del Departamento de Estado». Corrigan nunca había visto la conformación de un gobierno que se adaptase de una manera más justa y moderna al protocolo y a los altos valores que Washington siempre ha anhelado cultivar en sus leales amigos y más fieles colaboradores, y sobre este particular informa al Departamento de Estado: "En primer lugar, todos los funcionarios más importantes del nuevo gobierno son intelectuales o profesionales. El presidente de la Junta es periodista y economista […] el ministro de Relaciones Exteriores, Morales, el de Fomento, Pérez Alfonso; el del Trabajo, Leoni y el Gobernador del Distrito Federal, Barrios, son abogados. Los doctores Morales, García Arocha y D’Ascoli son catedráticos en la Universidad Central de Venezuela. Esta formación intelectual de los nuevos gobernantes venezolanos hace interesante contraste con los antecedentes políticos rudimentarios y militares de regímenes anteriores. En segundo lugar, por lo menos cinco miembros del gabinete, realizaron parte de sus estudios o entrenamientos en los Estados Unidos […] Además los hijos del Dr. Pérez Alfonso estudian en nuestro país".

El embajador Frank Corrigan «reconoce el éxito del gobierno recién formado para impedir el desborde de gente incontrolada». El 30 de octubre, el Secretario de Estado estadounidense le solicitó a Corrigan que le agradeciera al presidente de la Junta las garantías dadas a las compañías petroleras. El mismo Corrigan se apresura a responder al siguiente día: «Innecesarias. Mis relaciones con Betancourt, así como las del personal, van de amistosas a íntimas». De todo lo anterior se deduce que el nuevo gobierno está formado por la coalición Betancourt-Corrigan. En los informes preliminares al Departamento de Estado, el máximo golpista de AD insiste en aclarar que su gobierno será completamente diferente al de Medina; añade que Medina «mantuvo estrecha relación con los grupos comunistas, combatidos por nosotros». Sigue dando explicaciones al Departamento de Estado, para que se sientan seguros con su política, que será de amplia complementariedad con los intereses de Washington, y básicamente con todo tipo de facilidades a las compañías petroleras para que inviertan en nuestro territorio: «Si hicimos la revolución fue para darle un vuelco a la política y a la administración del país. Hemos expuesto estos anhelos y necesidades al gobierno amigo de los Estados Unidos». En virtud de este vuelco, ya Pérez Jiménez, por órdenes expresas de Betancourt, se embarca en una visita oficial a Estados Unidos, para presentar un informe de los acontecimientos, a la vez invitar a una misión americana para que venga a comprobar la situación y «a instruir al Ejército en colaboración con los profesionales venezolanos».

Una de las medidas que tomó el presidente de la Junta, apresuradamente, fue derogar la Ley de Reforma Agraria del gobierno de Medina. Era una ley que le causaba escozor porque interfería con los intereses de los consorcios norteamericanos, en los que Nelson Rockefeller tenía enormes negocios. Betancourt llegó a sustituir la idea de entregar tierras al campesino con un plan mediante el cual se les arrendaba tierra a los latifundistas para luego subarrendarla a los campesinos. A principios de 1944, una comisión había estudiado el problema de la reforma agraria y fue el 20 de septiembre de 1945 cuando se sancionó. La ley garantizaba el derecho de todos los venezolanos o grupos, aptos para el trabajo agrícola o ganadero que no tenían tierra, a poseerla de manera económica. Se contemplaba la creación de un instituto que trabajaría progresivamente para formar unidades de gran escala como granjas cooperativas con maquinaria adecuada: El trabajo agrícola debería ser realizado colectivamente donde el Instituto considerara que esto era lo conveniente. También habría cooperativas de consumo, producción, industrialización y mercadeo. Pero había el peligro evidente de que las cooperativas fueran acaparadas pronto por los terratenientes: «Las cooperativas son más fáciles de crear por parte de los grandes propietarios que por los campesinos; aquellos son menos en número, disponen de recursos, de relaciones y de conocimientos comerciales… pero al menos las cooperativas de crédito avanzan hacia el capitalismo y hacia una explotación más racional; y al menos las cooperativas de pequeños agricultores ayudan a la lucha organizada contra la explotación capitalista de los trabajadores, donde los obreros tienen la fuerza suficiente como para modelarlas de acuerdo a sus intereses».