Habiendo impuesto un calendario electoral express, con adelanto de fechas, tiempos mínimos para inscribir candidatos y manejando el CNE a su antojo, el Gobierno impuso la proscripción de cualquier candidatura referenciada en la principal opción de la oposición patronal, María Corina Machado. También impidió la inscripción de la opción ubicada a izquierda del gobierno, Manuel Isidro Molina (MPA/PCV).
A altas horas de la noche del lunes 25 cuando se vencían las inscripciones para los candidatos presidenciales, los representantes de las organizaciones de derecha aglutinados en la Plataforma Unitaria se les impidió inscribir candidato o candidata presidencial a través de la tarjeta electoral de la MUD, que estaba legalizada. Ya antes se les había impedido inscribir a Corina Yoris, la candidata designada por la representante de la derecha proimperialista María Corina Machado –inhabilitada por el Gobierno por 15 años para ejercer cargos públicos–, así como también a cualquier otro candidato o candidata, negándoles el acceso al sistema de postulaciones electorales.
Pero permitió en los últimos minutos del cierre la inscripción del candidato Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo (UNT), más proclive a entendimientos políticos con el gobierno nacional, y no era de los considerados por parte de la derechista Plataforma de Unitaria como un eventual candidato a sustituir a María Corina Machado.
Durante todo el día también había impedido que el candidato presidencial a izquierda de Maduro, Manuel Isidro Molina del Movimiento Popular Alternativo (MPA), apoyado por el Partido Comunista de Venezuela (PCV/XVI Congreso) y otras organizaciones, se inscribiera por la tarjeta de NUVIPA (Nueva Visión para mi País), que hasta el momento no tenía proscripción alguna.
Con permitir la inscripción de Manuel Rosales, prácticamente el Gobierno de Maduro determinó quién sería el candidato de este sector de la oposición patronal que aglutinaba a los partidos mayoritarios. Ya que hay otros sectores de la oposición llamados colaboracionistas que conviven con el Gobierno y no cuestionan ninguna de las medidas proscriptivas del gobierno, que también postulan candidatos. Rosales es un político que ha venido con entendimientos con el gobierno nacional. Desde hace años se le suspendió la causa por corrupción cuando se encontraba exiliado en Perú, permitiéndole su retorno para un par de años después, y levantada la causa, poder postularse a cargos políticos en el 2018.
La proscripción partidos o inhabilitación de candidatos y organizaciones políticas es una práctica ya común por parte del Gobierno de Maduro, en función de su sostenimiento en el poder. Una práctica de violar derechos a la participación política que corre en simultáneo con la violación de otros derechos democráticos elementales, como el derecho a la protesta, a la huelga, a la organización sindical, entre otros.
El gobierno de Maduro fue golpeando de acuerdo a sus necesidades del momento, con proscripciones e inhabilitaciones, tal como aconteció con la candidata de la oposición patronal proimperialista, la reaccionaria María Corina Machado, así como también a su izquierda, con la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV), al arrebatarle su legalidad, y reconocer a un grupo fin y quedarse con las siglas de dicha organización. Medidas similares de intervención se tomaron años atrás con el partido Patria Para Todos (PPT) y la organización Unión Popular Venezolana (UPV).
A estos dos casos se le fueron sumando otras organizaciones y candidatos políticos, que de la noche a la mañana aparecían inhabilitados o sus organizaciones no reconocidas, tal como aconteció con Andrés Giuseppe, del Movimiento Político Profesionales de Venezuela e integrante del Frente Popular en Defensa del Salario (Frenpodes), que se reivindica del chavismo crítico. El propio Movimiento Popular Alternativo (MPA) de Manuel Isidro Molina, nunca se le reconoció su inscripción cuando tenía más de un año de haber introducido sus trámites, sin embargo a otras organizaciones, más afines al gobierno, eran reconocidas de manera express.
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Como escribimos recientemente, estamos ante una combinación brutal de políticas reaccionarias por donde quiera que se mire. Un gobierno reaccionario cuasidictatorial, arbitrando como le venga en gana, realizando medidas de proscripción de candidatos, medidas claramente antidemocráticas contra el derecho del pueblo a decidir por quién votar.
Voceros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsa La Izquierda Diario, declararon ante la situación imperante que "Hay que continuar denunciando las proscripciones y exigir respeto al derecho a la participación política, en tal sentido hacemos un llamado a las organizaciones Partido Comunista de Venezuela (PCV), Marea Socialista, Movimiento Popular Alternativo (MPA), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Patria Para Todos (PPT-APR), que se agrupan en el EPA, así como a otras organizaciones que se declaran de izquierda a acciones conjuntas unitarias para enfrentar el autoritarismo y las medidas antiobreras y antipopulares que aplican de común acuerdo el Gobierno de Maduro y los empresarios".
Tanto el adelanto precipitado de las elecciones como toda esta orquestación de medidas, forman parte de las maniobras autoritarias acostumbradas por el gobierno de Maduro para diseñar las elecciones a su medida, para habilitar e inhabilitar a placer, según le convenga. De esta manera se va a las elecciones presidenciales del 28 de julio consumada al mejor estilo de los autoritarismos, de manera de garantizarse una reelección, cuando es más que sabido que se trata de un gobierno antiobrero y antipopular altamente repudiado.