Hoy,
20 de mayo, hace 15 años se pronuncio por la extinta y desprestigiada
Corte Suprema de Justicia, una decisión que fue histórica y para su
momento fue de vital trascendencia a lo que ocurrió en los años
subsiguientes, incluyendo el tiempo actual. Esa decisión, con Ponencia
del entonces Magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, Presidente de la Sala
de Casación Penal y del máximo tribunal también, se pronuncio por el
enjuiciamiento del nefasto y pro-imperialista Presidente Carlos Andrés
Pérez.
Debo
aclarar, aunque los hechos están muy frescos, hay quienes pretenden
borrar la memoria histórica; diciendo que esa decisión fue un acto de
soberanía jurisdiccional o de un tribunal independiente, en realidad
fue la salida política mas elegante, que busco el mismo sistema
capitalista dependiente venezolano, para deslastrarse de tan pesada
carga como lo era el impopular y aborrecible gobierno de CAP II.
Independientemente
que fue una salida política, esa histórica decisión, debe recordarse
como hito histórico positivo en materia judicial porque la derecha
reaccionaria y oligárquica criolla, no quería la salida de CAP ni
siquiera por “un acto del estado de derecho”; y hubo presión al
respecto, en especial hacia el Magistrado Gonzalo Rodríguez Corro,
ponente de dicha sentencia.
El
20-M, como se le conoció en su momento, y así lo debe recordar la
historia, fue una oportunidad para empezar una revolución dentro del
poder judicial, la que quedo pasmada, retenida y secuestrada por una
derecha endógena, infiltrada y trepadora, que en este sector actúa muy
armoniosamente con la derecha exógena o derecha simplemente.
Cuando
en un país se dan procesos revolucionarios, como el que empezó en
Venezuela el 27 de febrero del 1989, estos abarcas todos los aspectos
de la vida; no solo el económico, político y social que es donde mas se
notan los cambios revolucionarios sino que también en el aspecto
cultural, educativo, científico y entre ellos, también incluye lo
jurídico.
Por
lo general, lo primero que se hace, en una revolución, al menos, es
cambiar las caras del régimen relevado. En el aspecto judicial ni
siquiera este cambio se hizo, es decir, que en materia judicial la
supuesta revolución bolivariana y socialista, no llega a ser ni
siquiera gatopardiana. El gatopardismo, es muy radical para lo que se
ha hecho hasta ahora en materia judicial, y como ejemplo un botón, la
mayoría de los jueces y juezas que le han dado titularidad, por
intermedio de “cursitos”, en las ultimas administraciones del TSJ de
Omar Mora y Luisa Estela Morales, el 80% son jueces y juezas que ya
venían siéndolo desde la IV Republica, estas titularidades deben ser
revocadas por inconstitucionales e ilegales.
El
20-M, en su momento implicó, la posibilidad (Hoy frustrada) de que se
generara en materia del derecho, un movimiento social e intelectual que
levantase las banderas de un derecho de avanzada y social,
antineoliberal y humanista, cónsono con los cambios que se estaban
dando, en el ámbito socio-político, pero nada de eso ocurrió, por el
contrario, la única reestructuración en serio que se estaba empezando a
dar, durante el periodo constituyente de 1999 y principio del 2000,
inmediatamente fue abortado por “Don Luis”, jefe máximo del MVR, en
aquel momento; y hasta el sol de hoy no ha podido levantarse un
movimiento socio-político-jurídico que termine de echar al traste la
vieja escuela positivista, reaccionaria y pro-capitalista que predomina
en el derecho venezolano, instigada desde las cátedras derechistas de
la UCV y la UCAB, que son las corrientes que predominan en el actual
TSJ y el resto de la magistratura.
Debemos
rescatar, lo que fue el espíritu de aquel 20-M, que cifró una
esperanza, en el surgimiento de un movimiento jurídico independiente,
progresista, socialista y revolucionario, en armonía con los principios
esenciales de nuestra constitución actual y por el contrario tenemos
una Sala Constitucional retardataria y conservadora que decide a favor
del menesteroso solo cuando el poder político la presiona, para estar
en la buena con el, y sobretodo, para que el ejecutivo no se meta con
ella y así ganar tiempo para deshacer a gusto en lo interno; una Sala
Social que favorece al patrón y perjudica al trabajador, débil
jurídico, un proceso judicial civil del siglo XIX y una Sala Penal que
promueve la impunidad del delincuente de cuello blanco y una Sala
Contenciosa Administrativa que debe desaparecer, para darle cabida a
cualquier ciudadano para que demande al estado directamente por la
materia afín; y una Sala Electoral, injustificada, cuando se creo el
poder electoral; la máxima instancia de decisión electoral debería ser
el poder electoral; o de lo contrario se le debería quitar el carácter
de 5º poder, a lo electoral.
Impera
una CONSTITUYENTE JUDICIAL, que de al traste con todo el sistema
jurídico actual, heredero de la Colonia con amalgama del capitalismo
salvaje gringo; y se construya un poder judicial en donde la soberanía
radique, pero de verdad, verdad, en el pueblo, y que ese dicho no sea
un mero papel.
Felicitamos
al Diputado Adel El Zabayar, por haber introducido una denuncia, para
su investigación, ante el Consejo Moral Republicano, al Magistrado Luis
E. Franceschi; esperamos que esta denuncia, su procesamiento y sus
resultas, por la Asamblea Nacional sean el principio para volver a
re-encontrar el rumbo, perdido, de lo que significó aquel 20-M.
franciscosierracorrales@yahoo.com.ar
