A diferencia de los modelos socialistas burocráticos autoritarios del siglo XX, la esencia del socialismo del siglo XXI es la democracia participativa y protagónica, basada en el desarrollo progresivo del poder popular, como expresión genuina de sujetos sociales conscientes, forjados en la lucha por la defensa de sus derechos y contra los efectos sociales perversos del sistema capitalista. Es en esa praxis, donde emergerá la conciencia social que podría hacer sustentable la revolución.
En la transición hacia el socialismo es aún más importante cuidar la relación entre el estado y los movimientos sociales que canalizan la participación política de los sujetos sociales revolucionarios, para evitar que el proyecto no se desvíe como ocurrió en el siglo XX y, para que no se imponga una nueva forma de clientelismo bajo el paragua de la “revolución”, que corroa la nueva ética revolucionaria en construcción.
La consolidación del poder popular no podría estar sujeta a la acción u omisión del estado, aunque él esté orientado por un gobierno que se define socialista. Debe tener pies, músculos y cabeza propia. Debe ser autónomo, sin condicionantes que lo determinen distintos a su propia conciencia colectiva. Debe ser soberano y en una revolución auténticamente socialista debería tener todas las garantías para desenvolverse como tal en su relación con el estado, exorcizando el fantasma del sectarismo.
Más allá del papel fundamental que puedan jugar los partidos políticos como vanguardia de la revolución en su tránsito hacia la democracia socialista, es esencial la consolidación de movimientos sociales amplios de trabajadores, mujeres, ecologistas, adultos mayores, jóvenes, profesionales y técnicos, comunicadores sociales, intelectuales, trabajadores de la ciencia y la cultura y emprendedores productivos. Su rol es crucial en la conformación de plataformas políticas sectoriales sobre las cuales germine un tejido de redes sociales “vivas”, que estimulen la movilización del poder popular en el ejercicio de la contraloría social y en su participación efectiva en la gestión pública pero, sin comprometer su autonomía frente al estado.
