Es común escuchar que la democracia representativa está en crisis y a la vez el sentido de democracia política está cada vez más en alta. Concluyendo el final de la primera década del siglo XXI y observando la lucha antiglobalización en la emergencia de nuevos agentes sociales, llegamos a algunas conclusiones. Uno, que los valores democráticos de libertad de expresión, reunión, manifestación, creencia y difusión de ideas son esenciales a una sociedad igualitaria. Dos, que la idea de democracia como igualdad jurídica es válida y necesaria para evitar cualquier tipo de sociedad elitista. Tres, que el ritual democrático con desigualdad económica e injusticia social es una cáscara vacía y no lleva a ningún lugar.
Nada de lo que estamos escribiendo aquí es novedad para la matriz de pensamiento libertario. Esta teoría en la forma de Poder Popular antiestatista recobra valor y fuerza a partir de la última década del siglo XX. Las izquierdas existentes en el mundo hoy se ven en la obligación de dialogar con un conjunto de movimientos, identidades, defensa de intereses y autonomías poco influyentes hasta los años ’80 y esenciales después del inicio de la lucha contra la globalización del capitalismo de tipo financiero y telemático. El tema de la libertad como valor esencial al socialismo, y del protagonismo del pueblo pudiendo decidir por su cuenta sin la tutela de una combinación de tipo Partido-Estado se hace el pilar de una izquierda social que hoy está en la primera línea de la lucha popular en el mundo todo.
Para concretar esas ganas en un sistema de ideas que pueda hacerse teoría política falta poco, pero aún resta un tramo a recorrer. El foco de la disputa en el campo de los conceptos (o sea, de las herramientas de análisis e interpretación de las realidades) es justo en la forma de un sistema político de base plural e igualitaria. O sea, necesitamos reconocer el derecho a la existencia de la diversidad dentro de la justicia social. Esto implica pensar en formas de organización social donde la dimensión política (de organizaciones y partidos de izquierda); religiosa (sin proselitismo ni control de la educación o de los medios de comunicación); de identidades (sean étnicas, sexuales, culturales, etc.); territorialidades (como los controles comunales); del mundo del trabajo (en la gestión directa y coordenada con las mayorías) y de los más variados grupos de interés estén contemplados en las decisiones fundamentales de la sociedad.
Para formalizar estas ideas es preciso un paso anterior, que es simple. Las izquierdas de intención revolucionaria necesitan compartir la idea de la libertad política funcionando sobre una base de justicia social. Lo que nos divide es querer que esa base societaria sea estatal o no. Lo que nos une es afirmar esta libertad política dentro de la multiplicidad de agentes y sin la disputa estéril por direccionamientos y vanguardias. La política tiene reglas duras y es un juego para gente grande. La hegemonía, la referencia y la gravitación se dan por el peso relativo de cada fuerza tuteando en el tablero de posibilidades. Existir gravitación no implica necesariamente tener conducta visando hegemonismo o dar la dirección total de una lucha. Es posible avanzar en la horizontalidad y una experiencia político-social sirve de ejemplo.
Aún en la década de ’80, el Perú vivía una situación de guerra revolucionaria donde dos fuerzas políticas actuaban contra el Estado y disputaban entre sí. Una, la más conocida y de línea maoísta, era el Partido Comunista del Perú / Sendero Luminoso. Otra, que ganó relevancia internacional con la acción del secuestro y toma de la Embajada del Japón en Lima (1996-1997), era el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru / Ejército Revolucionario Tupacamarista (MRTA). Para los fines de este artículo, la experiencia de control territorial del MRTA en el Frente San Martín es a buen seguro de lo más interesante.
Se trata de un territorio donde se mezcla selva y montaña y queda distante 886 Km. de Lima, capital del país. En ese terreno, en los municipios donde el MRTA operaba, era la fuerza hegemónica en armas y la mayoría de las veces tenía el monopolio de la fuerza. Pero, sabiamente, eso no implicó el monopolio de la representación política. La estructura de la sociedad fue dividida en Asambleas Regionales Populares, donde todos los grupos de interés, sindicatos, movimientos populares, delegados de micro-regiones y organizaciones de izquierda tenían sus delegados con voz y voto. El MRTA era una fuerza más en ese universo de decisión política, con el mismo peso de voto que los demás. De las Asambleas Regionales salían delegados para la Asamblea Nacional, que era, lógicamente, el conjunto de representaciones y territorios donde los tupacamaristas tenían hegemonía. Esta Asamblea no contaba con delegados regionales de zonas donde el Sendero Luminoso era hegemónico y menos aún de lugares donde la democracia representativa burguesa y estatal se hacía presente. Por fin, es de esta instancia más amplia de delegación de base y regionalizada de donde salían líneas y demandas para la política general en los lugares donde el MRTA tuteaba.
¿Qué lecciones y ejemplos pueden ser quitados de la experiencia de San Martín? Primero, que aún en las condiciones más adversas es posible la organización de base y el estímulo la participación política. Segundo, que la diversidad dentro de la igualdad de derechos y justicia social es perfectamente aplicable. Esto se da si la hegemonía de la fuerza y la gravitación política tienen las condiciones de ejercer este tipo de democracia. Tercero, que llegado el caso, no estuviera sólo el MRTA en el uso de la fuerza, pero una serie de organizaciones políticas compartiendo el mismo plan de trabajo de las Asambleas (Regionales y Nacional) sería perfectamente ejecutable. Cuarto, que cualquier organización social de protagonismo popular siempre se verá confrontada con el status quo y la estructura de poderes de las clases dominantes. La variable es el tipo y forma de confrontación, pudiendo ser desde una lucha avanzada y dura como la de los tupacamaristas peruanos de los años ’80 y ’90 hasta la lucha de masas y popular ejercida por los movimientos indígenas y comunitarios en algunas ciudades y regiones latinoamericanas a partir del año 2000. Quinto y por fin es esencial comprender que el concepto aplicado por el MRTA a la organización social en San Martín es poder popular. Esto significa una estructura de delegación política a los militantes votados directamente por los segmentos del pueblo organizado, que construyen instancias de regulación social y es de donde viene la soberanía popular por excelencia.
Ese modelo, aplicado en países donde el Estado existe y no está en guerra con el pueblo pero es blanco de disputa de bloques de poder (como la Venezuela de hoy), entra en funcionamiento cuando las organizaciones políticas y movimientos populares disputan las parcelas de poder no-estatal a través de consejos comunales, mesas técnicas (para temas como agua, luz, saneamiento, etc.) o territorios auto-organizados (de forma total o parcial). Llegamos a la conclusión de que un sistema político semejante podría haber sido aplicado en la Catalunya de 1936 a partir del Comité de Milicias, en el caso, bajo hegemonía y control social casi total de la CNT/FAI. El mismo se dio en el Frente de Aragón y en otras regiones del planeta con o sin hegemonía integral de los anarquistas organizados.
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