"Quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de
administración legitima y segura tomando a los hombres tal como son y las
leyes tales como pueden ser. Procuraré unir siempre, en esta indagación, lo
que la ley permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la
utilidad no se encuentren separadas."

Tomado de "monografías.com", Texto traducido y atribuido a Juan J.
Rousseau.



Pocos gobiernos de algunos países del mundo moderno han cumplido
satisfactoriamente con las obligaciones contractuales derivadas de la
connotada relación rusoniana: Estado-Ciudadanía.

Esa hipotética y sugerida relación contractual ya lleva "cumplida e
incumplida" casi ¼ de milenio. Ha ocurrido que gobernantes irresponsables,
corruptos y hasta impunes asesinos pueblan las plantillas presidenciales de
la mayoría de los países contemporáneos. Y lo siguen haciendo, ¡por favor!

Unos, exiliados, otros, muertos sin ser sentenciados, algunos en franco
estado de decrepitud enfermiza. Todos impunemente ricos, endeudados con la
justicia y con una utilidad prestada muy separada de aquella. Han violado
el Contrato Social, lo violan y lo seguirán haciendo mientras no
reformulemos sus términos.

Masoquistamente, unos ciudadanos, y otros sádicamente, la ciudadanía siempre
está presta a seguir reciclando malos gobernantes en la persona de nuevos
demagogos cada vez con un grado de corruptividad mayor que el de sus
predecesores.

Ante ese indeleble cuadro de fracasos populares, proponemos que las
funciones del Estado dejen de reducirse a la prestación de Servicios
Públicos, aparentemente gratis, financiados con los unos Ingresos Fiscales
convencional y contractualmente provenientes de Impuestos al consumidor, al
trabajador directamente, e indirectamente a través de empresarios de todo
tipo.

Proponemos que el Estado se dedique a prestar los mismos Servicios
Públicos que hasta ahora bien prestando. El Estado fungiría de auténtico
productor mercantil de los mismos. Esto significaría que debe gerenciar como
productor y como mercader. Produciría y vendería sus diferentes
servicios a título de mercancías. Servicios viarios de utilidad pública,
sanitarios públicos, educación pública, custodia pública, etc., todas esas
mercancías serían vendidas a la ciudadanía. El precio satisfecho por ella,
en plena correspondencia cuantitativa y cualitativa el bien adquirido sería
la fuente principal de los Nuevos Ingresos Fiscales.

Queremos decir que los impuestos de ahorita podrían convertirse en precios
de los servicios públicos, y estos así convertidos en mercancías hasta
ahora costeadas con aquellos.

Los llamados marginados, los desempleados, los ciudadanos de baja
productividad, los subcapacitados e insolventes para comprar los servicios
públicos los recibirían a crédito, contraerían deudas con el Estado y las
honrarían en los términos y oportunidades que el correspondiente ente
burocrático determine. El Estado podría cobrarle en "especie" mediante
trabajos adecuadamente encomendados, cosas así.

Lo emplearía y descontaría con cargo a sus remuneraciones, pagaría cuando
empiece a trabajar, o pasarían a recibir indemnizaciones de un seguro
colectivo al que habrían cotizado primas cuando pudieran haberlo hecho como
trabajador activo.

Desde luego, los Ingresos Fiscales provenientes de recursos naturales
varios son una forma especial de impuestos cargados directamente a los
trabajadores que están también directamente involucrados en la extracción,
manufactura y mercadeo de dichos recursos. El Estado recibiría esos IF a
título de empréstitos de toda la ciudadanía constitucionalmente
copropietaria de esos mismos recursos.

Digamos que el Nuevo Contrato Social se pactaría entre ciudadanos dispuestos
a comprar aquellas mercancías cuya producción y venta por su naturaleza
propia no resultan rentables al capitalista. Este seguiría dedicado a la
producción y mercadeo de las demás mercancías. Los Impuestos se habrían
metamorfoseado en precios, y los Servicios Públicos en Mercancías.