El emerger del Poder Popular, como espacio de participación y concreción de la Democracia Participativa y Protagónica establecida en nuestra Constitución, debe de manera inevitable incidir en una nueva concepción de la Gestión Pública y del Estado.
Hasta ahora, el Estado ha desarrollado políticas públicas que asisten las necesidades de los ciudadanos, ejerciendo el poder y control de los recursos, administrándolos con o sin criterios claros para su distribución y establecimiento de prioridades.
Desde que la revolución asumió como prioridad estimular la organización popular y comunal, la apropiación de los ciudadanos de sus destinos públicos ha marcado una vertiginosa diferencia entre el avance comunal y popular y las instituciones que se muestran inoperantes para articular con las nuevas formas de organización social. Las actuales instituciones no comprender aún que ellas existen para cooperar y facilitar proceso comunales y popular y no para imponer ideas tecnócratas.
Es por esto que se establece como prioridad la readecuación de todas las instituciones públicas, tanto para la transferencia de poder como para el trabajo cogestionado, subordinándose el Estado al mandato de la organización popular y comunal.
Por otra parte, la gestión pública revolucionaria no escapa del cumplimiento de estándares de eficiencia y eficacia, que en el inconsciente colectiva esta medido por indicadores de percepción popular que se traducen en apoyos políticos y electorales.
Esto lo sabe la oposición, y aunque ellos no tengan un proyecto claro, si se han preocupado por copiar tecnologías para el desarrollo de políticas públicas, y nosotros aún no hemos generado nuestras propias tecnologías para garantizar un sistema administrativo, de manejo de cuentas y eficiencia en la ejecución de los recursos, que satisfaga a toda la población venezolana muy a pesar de su posición política favorable o no a la revolución.
Esto permite que la ciudadanía establezca parámetros de comparación entre la gestión bolivariana y la gestión opositora en Alcaldías y Gobernaciones y se denuncie insatisfacción más allá del compromiso. La carencia de un centro de formación en la Gestión Pública revolucionaria aún hace mella en los indicadores de gestión regional y eso debe ser corregido urgentemente.
Es cierto que han emergido un conjunto de críticas a la gestión revolucionaria, porque en algunos aspectos ha sido contradictorio lo que se ha dicho que se va a ser y lo que se termina haciendo, en especial cuando en la gestión pública supuestamente revolucionaria de algunos sectores aparentemente comprometidos, no hay un verdadero ejercicio de valores que se traduzcan en acciones socialistas y revolucionarias reales. Esta inconsistencia se convierte en fatal si a estas alturas no hay conciencia del problema, por ello debe invitarse y formarse para hacerlo consciente, generando los cambio necesarios dentro de las instituciones para el relevo de liderazgos adecuados y al nivel de las exigencias de la revolución.
La ineficiencia y la carencia de calidad en las acciones es totalmente antirrevolucionaria, y esta actitud debe ser sancionada en nuestra revolución.