La pre-campaña presidencial en el Brasil se calentó con las supuestas evidencias del inicio de operaciones de espionaje, o contra-espionaje, ejercidas por una especie embrionaria de mando paralelo de la campaña de la ex-ministra de la Casa Civil, Dilma Roussef (Partido de los Trabajadores - PT), candidata del presidente Lula. Los hechos mediáticos generados a partir de la aparición original de una revista de gran circulación nacional (Vea, la de mayor tiraje, perteneciente al Grupo Abril de la familia Civita y asociada del Grupo sudafricano Naspers), y la repercusión del reportaje en periódicos (como los tres mayores del país, El Globo, El Estado de São Paulo y la Hoja de São Paulo) y blogs de repercusión nacional, sirven en este texto sólo como baliza de análisis para comprender la parte visible de esta disputa que está más allá de las reglas legales.
De acuerdo con la revista, asesores conectados a Fernando Pimentel, coordinador de la campaña de Dilma, estaban preparando un dossier contra el principal candidato de oposición, José Serra (Partido de la Social Democracia Brasileña -PSDB- que gobernó el Brasil de 1995 a 2002, a través de Fernando Henrique Cardoso y donde Serra fue ministro dos veces, de la Planificación y tras la Salud). El dossier citaba negocios sospechosos de la hija de Serra (Verónica, acusada, en la Operación Satiagraha de la Policía Federal brasileña, de estar asociada a la hermana del banquero Daniel Dantas, blanco de investigación federal) y sería un contragolpe a un plan semejante que el PSDB estaría montando contra la candidatura de Dilma. En ambos casos, consta la participación de ex policias federales (recordemos que en Brasil, la Policía Federal, PF, es una policía de élite, civil y sólo con personal de nivel superior y dedicada casi que exclusivamente la investigación).
El mecanismo contemporáneo de espionaje político en Brasil, que está lejos de ser preciso operacionalmente, tiene dos patas. Una de estas es la capacidad investigativa, y su existencia y contratación pasa por la permeabilidad del aparato de seguridad e inteligencia del Estado en sus varios niveles de gobierno. En el país aún sobra mano de obra especializada y la propia acción de irregulares (del extinto anillo externo del Servicio Nacional de Informaciones, sobran más de 2000 de estos ex-agentes irregulares, sin salario fijo y ávidos para “prestar servicios” a quién bien pague) suministra la carne de cañón necesaria para los arriesgados trabajos de campo.
Un ejemplo de este modus operandi, donde un controlador coordina de tres a cinco agentes de campo, se dio en el inicio de 2005, cuando una cámara escondida mostró la corrupción en cargos de alto nivel en órganos públicos federales. En aquel caso, la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos. Comenzaba entonces la disputa que resultaría en la crisis política generada por revelaciones del esquema de compraventa de votos en el Congreso Nacional. Miembros de la cúpula del Gobierno y del PT pagaban una mesada mensual a los parlamentarios de la base aliada, con la finalidad de garantizar la aprobación de las propuestas del Poder Ejecutivo. El episodio fue conocido como Mensalão y derrumbó el entonces ministro de la Casa Civil, José Dirceu, líder histórico del partido de Lula y por algún tiempo perfilándose como su probable sucesor en la Presidencia de la República. Ocurrió algo semejante en el escándalo en la central telefónica del edificio sede del Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES), poco antes de la subasta de privatización del Sistema Telebrás (en 1998, cuando la telefonía estatal fue casi toda vendida a precios por debajo del mercado, permitiendo que empresas como la Telefónica de España comenzaran a operar en el Brasil, uno de los tres países donde más lucra en el mundo).
La otra pata pasa por la capacidad de montaje, creación, difusión y repercusión de verdades parciales, oriundas de dossiers más o menos factuales, siempre con alguna tinta jurídica y una capa superficial periodística. En tiempos de los medios masivos instantáneos, anticiparse es sobrevivir. Así, el empleo de una asesoría de comunicación en tiempo integral, cuidando no sólo la imagen del candidato, sino también monitoreando, respondiendo y retro-alimentando toda la circulación de bienes simbólicos en contra o a favor de una candidatura, es un elemento básico.
Muchas veces, se trata de una encrucijada. De un lado, todos los operadores de la política profesional con cierta trayectoria saben que todo puede ser mediatizado, para bien o para mal. Cabe resaltar que para la buena convivencia debería evitarse la implicación de las familias de los candidatos en las piezas de campaña. Aun así, no envolver familiares en ataques a través de propaganda política tiene sus matices. Por suerte, la mayor parte del electorado ya no acepta que los estrategas entren en la vida íntima y privada de nadie. Ya no deben repetirse episodios como los de Miriam Cordero, ex-enamorada de Luiz Inácio Lula de Silva (que habría recibido en la época algo así como U$ 80 mil para ir a la TV y calumniar la vida privada del candidato que en esa época representaba la izquierda) que fue usada como deponente a favor de Fernando Collor de Mello (entonces gobernador de Alagoas que terminó venciendo las elecciones, y fue llevado a renunciar en octubre de 1992) en el segundo turno de la campaña de 1989. En la época, Miriam reveló en cadena nacional que Lula le había pedido que abortara el niño fruto de una relación extraconyugal entre los dos. Aún más, ella aún afirmó que al entonces candidato no le gustaban los negros, perjudicando sensiblemente la candidatura del petista.
Reforzamos la idea de que es completamente válido acusar (y probar) a candidatos políticos de tener familiares directos envueltos en ilícitos, o beneficiados con esquemas dudosos. Cuando ese pariente se subordina al político en campaña, ya no existen diferencias entre uno y otro. Si la posición de este pariente o la fortuna que haya recaudado están directa o indirectamente conectadas a los bastidores del Poder Ejecutivo en escala federal, estadual o municipal, sea por tercerización, contratos ilícitos o el tradicional nepotismo fisiológico, ahí estamos hablando de gente se deja mimar con los recursos públicos. En este caso, nosotros entendemos que cabrían tanto ataques entre políticos como grandes reportajes investigativos, ganando profundidad y hasta subsidiando a los órganos de Estado responsables por juzgar y punir.
Pero, lo que lleva a la desesperación a cualquiera que entienda mínimamente de las reglas del Juego Real de la Política es comprender la lógica de la información confidencial y el falso moralismo en el podio electrónico. No hay necesariamente ninguna preocupación por hacer Justicia. En la carrera electoral, lo que vale es acumular hechos, datos y pruebas para derrotar a un candidato opositor.
Desde que la edición de 2 de junio de 2010 cuando la revista VEA, que juega por la punta más a la derecha del neoliberalismo salvaje fue a las bancas y colocó la materia en Internet, es que la carrera presidencial se vuelve pautada por este tema (ver el link: http://vea.abril.con.br/020610/orden-casa-lago-sur-p-076.shtml).
Y por lo visto, el lado oscuro de la campaña sólo está comenzando.
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