1.- El precio de la tonelada de níquel que exporta Cuba bajó, en el mercado mundial, de 50.000 dólares a 10.000 dólares entre 2008 y 2009.

2.- Aunque la cantidad de turistas haya aumentado un poco en 2009, éstos redujeron notablemente lo que gastan, y por ello los ingresos por turismo disminuyeron un 10 %.

3.- La caída del precio del petróleo, que afectó directamente a Venezuela, retrasó el pago de los servicios que Cuba ofrece a los venezolanos, en especial, los relativos a la salud.

4.- Los efectos, que todavía permanecen, de los daños producidos por los grandes huracanes que arrasaron la isla en 2008.

5.- El mantenimiento del embargo por el gobierno de Barack Obama. El nuevo presidente ni siquiera levantó las medidas que prohíben a los ciudadanos estadounidenses hacer turismo o curarse en Cuba. Dada la proximidad entre Estados Unidos y Cuba, el turismo proveniente del vecino del Norte podría aumentar en forma notable los ingresos por turismo en la isla.

La consecuencia de todo esto es un desequilibrio (un déficit) en la balanza comercial de Cuba, puesto que el país debe importar en gran proporción alimentos para el consumo en el país. El gobierno reaccionó con una fuerte reducción de las importaciones, lo que afectó la vida cotidiana de la población cubana. Las dificultades de aprovisionamiento en alimentos han creado un malestar perceptible por aquellos que hablan con los cubanos y cubanas en la calle. Se debe precisar que, al contrario de una aplastante mayoría de los países en desarrollo, incluidos los países emergentes, nadie muere de hambre en Cuba y no se constata una insuficiencia alimentaria ponderable en la población. Los cubanos y cubanas no están subalimentados. En un país donde las desigualdades siguen siendo mucho menores que las de los países vecinos, la población tiene acceso a una alimentación suficiente y a servicios sanitarios y educativos de calidad. En 2009, un habitante medio ingirió 3.200 calorías por día, mientras que la norma nacional mínima es de 2.600 calorías.

De todas maneras, gran parte de la población se siente frustrada en su vida cotidiana, ya que debe dedicar un tiempo anormalmente largo en las colas frente a las tiendas de alimentación. Además, el precio de algunos productos aumentó, como por ejemplo las patatas, cuyo precio, liberado, se duplicó.

Cuba tiene un acceso restringido a la financiación externa

Se debe recordar que Cuba no es miembro ni del FMI ni del Banco Mundial, de manera que no sufre sus directivas. Por lo tanto, Cuba no les pide créditos. Por otro lado, los países miembros del Club de París desde hace años rechazan otorgarle préstamos. Aunque cuando se conoce las condicionalidades que acompañan a esos créditos, la verdad es que no hay necesidad de lamentarse por ello.[2]

Los bancos privados internacionales, cuando están dispuestos a concederle créditos, cobran primas de riesgo país muy elevadas para protegerse del embargo decretado por Estados Unidos. Concretamente, la mayor parte de los préstamos otorgados a Cuba provienen de China, Brasil y Venezuela. Esta situación es muy decepcionante ya que los países de la región que constituyeron en Cancún, en febrero de este año, la Comunidad Latina y del Caribe (que comprende todos los Estados de América, excepto Estados Unidos y Canadá) disponen de cerca de 500.000 millones de dólares en forma de reservas de cambio. En lugar de utilizar estas reservas para realizar inversiones productivas en la región o para ayudar a algunos países del Sur con balanzas comerciales desequilibradas, una parte considerable de estos fondos se prestan al gobierno de Estados Unidos mediante la compra de bonos del Tesoro estadounidense.[3] La situación es muy frustrante, ya que, en el ámbito político, la creación de esta nueva organización pone fin a una anomalía existente desde hace cerca de medio siglo, o sea, la existencia de una Organización de Estados Americanos (OEA) cuya sede está en Washington y de donde Cuba fue excluida por la presión de las autoridades estadounidenses.

Los retrasos que persisten en el despegue del Banco del Sur, creado por siete países[4] (cuyas operaciones, de todas maneras, están limitadas a Sudamérica), no permiten tampoco entrever una posibilidad de préstamo solidario a corto plazo para Cuba. Finalmente, el banco del ALBA,[5] que apenas está en la fase de su puesta en marcha, tampoco dispone de socios suficientemente ricos, excepto Venezuela, para constituir una sólida fuente de financiación para Cuba.

Unas reformas necesarias en el ámbito agrícola

Después de abordar los factores externos, abordemos ahora los factores internos.

El balance de los 50 años de política agrícola cubana es negativo porque, como ya se ha mencionado, más de la mitad de las calorías ingeridas en la isla provienen de alimentos importados. Por lo tanto, se está muy lejos de la soberanía alimentaria. Para responder a esta situación, las autoridades acaban de adjudicar en usufructo casi un millón de hectáreas en barbecho a 100.000 familias. No nos podemos imaginar que esta decisión positiva sea suficiente para aportar realmente una solución que esté a la altura de los problemas. Cuando se interroga a las autoridades sobre sus políticas en materia de derechos de propiedad, responden que no se contempla la modificación legislativa actual que permitiría la extensión de la propiedad privada en la agricultura y en los servicios (ver recuadro). Las autoridades quieren, con toda razón, evitar la reconstitución de los latifundios. Efectivamente se deben tomar medidas que imposibiliten la reconstrucción de las relaciones de producción y de propiedad capitalistas tanto en el sector agrícola como en el resto de la sociedad cubana, no existe ninguna duda sobre eso. Pero el observador se da cuenta que el sector de la pequeña propiedad familiar privada es donde la producción de alimentos es más eficaz. Ahora bien, este sector representa sólo un pequeño porcentaje de todas las tierras cultivables de Cuba. El estado podría aumentar la cantidad de familias con acceso a la propiedad privada, bajo la condición de producir alimentos. A estas familias campesinas se les debería prohibir la venta de sus tierras a terceros para evitar la concentración de tierras y por ende la reconstitución de latifundios. El Estado podría estimular la extensión y estabilización de un campesinado productivo constituido por explotaciones familiares que podrían utilizar métodos orgánicos para producir una cantidad suficiente de alimentos de calidad. La familia que trabajase una tierra que le pertenece debería participar directamente en la producción y podría contratar algunos asalariados para ayudarles, con la condición de que se respetase estrictamente el código de trabajo, garantizando unas condiciones de trabajo y un salario digno, y la contribución a la financiación de la seguridad social del trabajador. Se circunscribiría de esta forma el sector privado a la pequeña producción familiar de mercado, que podría coexistir con los sectores cooperativos y estatales. Se podría también, junto a estos sectores, desarrollar una producción agrícola municipal, urbana o semiurbana, bajo la autoridad de los municipios. De hecho, durante los últimos veinte años, los cubanos y cubanas desarrollaron la producción en huertos urbanos o semiurbanos y alcanzaron un elevado nivel de eficacia. Esta experiencia podría ser reforzada.

Recuadro: Propiedad de la Tierra Agrícola en Cuba

por Daniel Munevar Sastre

En el momento del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la propiedad de la tierra mostraba un alto índice de concentración: el 9% de las fincas concentraba el 73% de las tierras[6]. La reforma agraria implementada entre 1959 y 1963 progresivamente redujo la concentración de la tierra en manos privadas a través de la reducción del tamaño permitido de las propiedades. A partir de 1963, el tamaño máximo de una hacienda fue reducido a 67ha, mientras que las propiedades de mayor extensión fueron nacionalizadas. Hacia 1989, el 82% de la superficie total y el 73% de la superficie agrícola pertenecían a 385 empresas estatales[7].

La crisis económica causada por la caída del bloque soviético puso de relieve los problemas de productividad del sector agrícola en la isla. Ante esta situación el gobierno procedió a buscar alternativas para reducir la dependencia de importaciones de alimentos. En 1993 se proceden a crear las UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa), para incentivar la producción. Para el año 2000, las cooperativas agrícolas ocupaban el 43% de la superficie total y el 61.3% de la agrícola[8]. Sin embargo la reciente crisis alimentaría ha puesto de relieve los problemas con esta iniciativa. Tras 2 décadas desde su creación, cerca de la tercera parte de las UBPC no generan ganancias. Esta situación, aunada a acusaciones de corrupción y falta de control democrático dentro de las cooperativas, llevo a que en 2009 se eliminaran 139 UBPC y se fusionaran otras 76[9]. A pesar de esta situación las cooperativas aun ocupan el 42% de las tierras en Cuba en el 2010, mientras el gobierno sigue explorando alternativas para incrementar la producción agrícola.

Fin del recuadro

El control obrero, la autogestión, el control ciudadano, la organización de los espacios de debate

Pero la condición sine qua non para encontrar soluciones a los problemas de Cuba consiste en dar un salto cualitativo en la participación popular bajo diferentes formas: control obrero, autogestión, control ciudadano, organización de espacios de debates contradictorios, etc.

Efectivamente, el problema fundamental de Cuba reside en que los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en general no se sienten directamente implicados en las decisiones que afectan a su trabajo (condiciones de trabajo, destino del producto de su trabajo, mantenimiento de las herramientas, etc.). Esto produce un nivel de productividad muy bajo, un importante despilfarro, así como una gran cantidad de robos en los lugares de trabajo. Es el factor interno esencial que explica las debilidades intrínsecas del régimen cubano. Es cierto que la historia del siglo xx y comienzos del siglo xxi ofrece pocos ejemplos duraderos y exitosos de experiencias de control obrero y de autogestión. Los países que intentaron experiencias socialistas rápidamente vieron como éstas se deformaban en burocráticas y autoritarias, seguidas, sin matices, de su degradación. A pesar de las dificultades objetivas y subjetivas, si no se hace un progreso radical en este aspecto, todas las tentativas de mejora y de reforma corren el riesgo de estar destinadas al fracaso y, por consiguiente, las frustraciones y desilusiones tendrán el terreno abonado. Cuando se interroga a las autoridades sobre la cuestión de la participación popular, se obtienen respuestas evasivas.

El retrasado fin de la «libreta»

El gobierno cubano decidió hace más de un año, en su afán de hacer frente a la reducción de los ingresos del Estado, poner fin, en forma progresiva, a la existencia de la «libreta». ¿Qué es la libreta? Es el carné del que dispone cada cubano/a que le da acceso a una serie de productos de base a un precio muy bajo, prácticamente simbólico. Estos productos cubren aproximadamente el 30 % de las necesidades alimentarias. Esto representa, según los cálculos oficiales, un coste para el Estado de 1.000 millones de dólares por año. Para suministrar a toda la población los productos de la libreta fuertemente subvencionados, el Estado debe gastar esa suma, ya sea comprando productos importados con divisas, o remunerando a los productores locales. La gran mayoría de los cubanos y cubanas consideran la libreta como una de sus grandes conquistas. En las actuales circunstancias, parece que el gobierno es consciente de que la supresión de la libreta produciría un enorme descontento popular. Es probable que renuncie a su supresión durante este año o en los próximos dos años. Pero la amenaza de esa decisión no está definitivamente abandonada.

Desde hace 20 años se escuchan infinitos comentarios vaticinando el inminente fin del régimen castrista y/o la restauración del capitalismo. Ninguna de esas dos cosas ha pasado y Cuba sigue siendo el país donde el capitalismo fue suprimido hace 50 años como consecuencia de una revolución. Sometido al bloqueo de Estados Unidos, condenado todos los años por más del 98 % de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el país está de nuevo frente a una serie de desafíos que sólo una renovación de la autoactividad de las masas podrá superar.

Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz