El mayor motivo para producir artículos de análisis institucional con la intención aparente de mejorar la democracia representativa, no es apoyar un mecanismo que consideramos injusto. Como defensores y teóricos de la democracia directa y participativa, nosotros, junto a algunos compañeros del ala contrahegemónica de la politología brasilera, somos acusados de defender la democracia del pueblo, simplemente porque no montamos esquemas del tipo de ingeniería política, el mismo que se da en las campañas electorales. Sí, sabemos fabricar salchichas y racionalizar su producción, pero no queremos hacerlo. Este artículo y los anteriores muestran la justeza de estas afirmaciones.

En las vísperas de una nueva elección parlamentaria y del poder Ejecutivo del gobierno federal (así como en los 26 estados y el distrito federal), es común que el debate político en torno a la democracia representativa se resuma al pragmatismo inmediato, a anuncios públicos de “pre-candidaturas” y a la defensa de la importancia del voto en la urna burguesa, a través de los medios comerciales. En este artículo, vamos a hacerlo diferente. Trabajaremos elementos de análisis político poco o nada recordados en el actual proceso democrático brasileño, tales como distribución de recursos oriundos del fisco y el voto distrital (y distrital mixto).

Es preciso distribuir

Entendemos que el interés pragmático es una forma de supervivencia de los políticos profesionales o de los aspirantes a tales. La noción de tribuno del pueblo se confunde con la del captador de recursos, por dentro y con rúbrica. Esto ocurre así porque la retribución de la confianza -en un país donde el debate estructural es tan familiar en el Brasil como el fútbol australiano- viene en forma de prebendas (relación de clientela entre electores y electo).

La moneda de cambio del voto lícita y dentro de la ley, es la saña por las enmiendas, beneficios y obras, reiterando un mecanismo injusto. Esa práctica existe sólo porque los niveles de gobierno subnacionales (26 estados, 5.565 municipios y un distrito federal), no están dotados de recursos relevantes para cumplir con la función social del Estado como promotor y garante de derechos sociales garantizados en la Constitución Federal de 1988. Es una consecuencia obvia. La ausencia de un federalismo fiscal refuerza el papel del intermediario con mandato parlamentario.


Como la Unión concentra más del 60% del total de los recursos recaudados en tributación y su cajero equivale a casi la mitad del Producto Bruto Interno (PIB) del Brasil, o se peregrina rumbo a Brasilia (capital del país) con plato en la mano y sonrisa estampada en la faz, o se vive de limosnas. En el caso de los municipios, idas y venidas a las respectivas capitales de los estados también implica pelear por transferencias.

En las comitivas de alcaldes, gobernadores y secretarios de todo orden, se encuentran diputados defendiendo su región, o sea, su base electoral. Cabe una digresión. Dependiendo de la relación y del control de los mapas de votación, aún cabe el término “corral electoral”. La expresión se hizo común en algunas regiones brasileñas, como el Nordeste, donde por mucho tiempo existió el llamado coronelismo, que correspondía a una práctica arcaica de la política, basada en el personalismo y en la violencia del líder político regional conocido por “coronel”.

Aunque el término “corral electoral” aún sea válido como concepto, ya no es generalizable. La relación de clientela de tan fuerte se hizo institucional. Convocan a votar a quien hizo o puede hacer por sus munícipes o coterráneos. Esto no es obra del azar. Si los recursos estuvieran más próximos a los electores, la capacidad de presión de la sociedad organizada estaría en menor desventaja.

En la práctica, cualquier estructura federalista aumentaría el poder del pueblo ante los adversarios, hasta porque el blanco de la disputa se hace visible. Tal vez por eso nunca va a ocurrir.

La regla distrital para disminuir el vale-todo

Es un hecho que el papel de los dirigentes políticos en año electoral es aplicar el calendario de resultados. Ya el papel de la ciencia política (o politología) es debatir estructura, forma y contenido de la organización del poder, yendo además muy a la carrera de obstáculos o a los hechos consumados.

Partiendo de la perspectiva estructuralista de matriz libertaria, es la vez de analizar el problema de las candidaturas parlamentarias que atraviesan cualquier delimitación de territorio y espacialidad.

Traduciendo. El límite entre el bajo y el alto clero en las casas parlamentarias, con la distinción de pertenecer al colegio de líderes, de integrar comisiones estratégicas (cómo las de Constitución y Justicia y Presupuesto) o sólo hacer del gabinete una oficina de reclamaciones y pedidos tiene su génesis en la base electoral y en la forma como se organizan las campañas.

Comprendemos que la división de peso y jerarquía entre diputados (tanto estaduales como federales) surge de la división de tareas y “nichos” electorales. Mientras unos son reconocidos por estar en muchos locales simultáneamente y hasta recibir una sobrecarga mediática; otros (la mayoría) son poco o nada mediatizados, y trabajan la identificación regional, fortaleciéndose en el arraigo, en las relaciones de tipo familiar y societarias y en el trueque de tipo clientelar.

Este verdadero modus vivendi de la política localista ultrapasa las responsabilidades de los políticos parroquianos haciéndose verdadero mecanismo de supervivencia en lo interno de los partidos. Toda regla de competencia de la democracia representativa tiene fallos. Las reglas electorales, por ejemplo, son escogidas no por ser las mejores, pero sí las que menos perjudican.

Tampoco concordamos con científicos políticos y militantes sociales que intercambian la participación por el “formulismo”, creyendo más en la ingeniería procedimental que en la política como organización social. Considerada esa ponderación, afirmamos que el sistema distrital mixto, con un porcentaje de candidatos concursando por lo proporcional (regla universal vigente) y dos tercios de las listas vinculadas a los distritos electorales, sería perfectamente viable.

Por esa forma de elección, los candidatos distritales sólo pueden pelear por los votos del colegio electoral compuesto por sus distritos. Estos podrían ser compuestos de una a dos micro-regiones, buscando cierto equilibrio entre el número de votantes, la matriz productiva y la identidad socio-histórica

Y los proporcionales, a pesar de mantenerse como caciques de las direcciones ejecutivas partidarias, casi siempre vinculadas a los consorcios económico-electorales, no se atravesarían en las campañas de los propios correligionarios, evitando el hueco hoy existente.

Esta regla, la del distrital mixto, sumada a la financiación pública de campañas, puede venir al encuentro de la necesaria redistribución de recursos impositivos y la consecuente aproximación de la ciudadanía para con los representantes. Cualquier norma que aproxime el ciudadano al representante profesional aumenta el poder de presión de quien elige y condiciona un poco más ael electo.

Cabe observar que este artículo, aunque sea crítico de la democracia representativa existente en el Brasil, también se aplica en parte o en el todo, a la gran mayoría de los regímenes democráticos latinoamericanos. Adoraríamos estar equivocados, pero infelizmente, las evidencias nos muestran que no. Ese es uno de los motivos de por que defendemos de forma ardorosa, tanto el federalismo de tradición artiguista, como la democracia directa con base en los mecanismos de los pueblos originarios.

blimarocha@gmail.com

butigahn@gmail.com