Finalmente, la disputa entre dos economistas para gobernar al país líder de América Latina, terminó. El domingo, 31 de octubre, la minera (de Minas Gerais) Dilma Rousseff obtuvo 56,05% de los votos válidos -55,7 millones de votantes- superando el paulista (de San Pablo) José Serra, con 43,95% -43,7 millones de votantes-. Frente a la victoria de la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT, el mismo del presidente Lula) sobre la pareja formada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso) y Partido Demócratas (DEM, más alineado a la derecha), la nación se encontró con dos hechos históricos, ambos vaciados de sentido pleno, a pesar de toda la histeria sensacionalista de la oposición.
Quién comandará el Poder Ejecutivo a partir de enero es una mujer ex-guerrillera del final de los años 60, una de las épocas más violentas de la dictadura militar en el Brasil (1964-1985). Al contrario del significado latente de estos dos símbolos, la presidenta no encarna ni una crítica del patriarcado o de la sociedad machista y menos aún alguna forma de ideal socializante o de antagonismo de las mayorías contra la clase dominante y las élites dirigentes.
El país votó en la “paz social” con distribución paulatina y comedida de renta, y sólo por esto. Las pautas de las izquierdas, como la descriminalización del aborto y la apertura de los archivos de la dictadura, presentes en el 3º Plan Nacional de Derechos Humanos original, hasta ahora están pendientes, no fueron invitadas al baile de la victoria.
Los adversarios en la recta final de la campaña, tampoco entraron en las dos reformas consensuales entre los analistas y críticos del sistema. La primera, la política, es impensable sin una legislatura exclusiva, una vez que no se espera de un agente político recién asumido, el acto de cortar su propia carne retirando atribuciones, prerrogativas y beneficios de sí, a ejemplo del foro privilegiado y de los diversos auxilios que prolongan y encarecen su mantenimiento en el ejercicio parlamentario. Además de eso, la ampliación de la Ley Ficha Limpia, responsable de impedir la elección de sujetos condenados por la justicia, y la financiación pública de las campañas serían medidas que perjudicarían la actual hegemonía política.
La segunda, la tributaria, implica no sólo disminuir la carga de impuestos que incide en cascada sobre el salario y el consumo, sino también avanzar en el federalismo fiscal, de modo de redistribuir recursos de forma equivalente entre los tres niveles de gobierno. Una vez dotados de presupuestos, los estados y municipios podrían ser blancos de la presión popular en forma directa. El consenso en cuanto a ese tema es ni pensar en él. Como nada de eso irá a ocurrir en los próximos cuatro años, la meta de la gobernabilidad no tendrá obstáculos venidos de una improbable polarización del orden social y tampoco de una reorganización institucional por dentro de las reglas del juego.
Como ya dijimos arriba y en artículos anteriores, difícilmente el triunvirato del Campo Mayoritario del PT, compuesto por el presidente del partido José Eduardo Dutra, el diputado federal José Eduardo Cardozo y el hombre de conexión con los líderes económicos del Brasil y ex-ministro de la Hacienda, Antonio Palocci, tendrán problemas con la domesticada ala izquierda de su partido. Cada vez más diluidas y con discurso lavado, corrientes como la Democracia Socialista y la Articulación de Izquierda no tienen peso para cambiar los rumbos de gobierno.
El ala considerada radical del PT (quizá sólo por él) no tuvo fuerzas siquiera para influir en decisiones estratégicas de la Presidencia. Son evidentes los casos de la construcción de la Fábrica Hidroeléctrica de Belo Monte en el Río Xingú, que traerá desastres ambientales y perjuicios a la población local, inclusive de pueblos originarios; y de la intención manifiesta de transponer las aguas del Río Son Francisco, aunque esto signifique el desastre para miles de brasileños residentes en las márgenes del principal río de la región Noreste, carente en sí de una revitalización de su potencial hídrico, bajo un costo inmensamente más pequeño para el Estado.
La disputa a ser sanada es en la división de poder con los aliados más a la derecha. Los problemas domésticos del Ejecutivo derivarán de la amplia coalición, compuesta por diez partidos, con especial atención al aliado necesario, pero poco o nada deseable en el mando directo. Según la estrategia política de la dirección nacional petista, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vice Michel Temer y de los caciques oligarcas estaduales como el ex-presidente José Sarney, sería el fiel de la balanza al ocupar un espacio considerable en la centro-derecha, creando condiciones para pelear por la victoria en la carrera presidencial en todos los colegios electorales. Una vez acertada la previsión, es hora de que los peemedebistas cobren la factura.
He ahí el costo de la nueva gobernabilidad.
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