Frente a la complejidad que envuelve una operación militar en territorio civil, al punto de enviar lo mejor del ejército contra una población carente de derechos básicos, desarrollamos un análisis político del conflicto bélico en las favelas de Río de Janeiro, dividido en una serie de dos artículos. El primero sitúa la escalada de beligerancia estatal en la futura sede de las Olimpíadas y su región metropolitana, mientras el segundo trata de la legitimidad del Estado en el procedimiento represivo.

Rehacemos en este texto un recorrido de la historia política reciente en la ciudad y el estado del Río, intentando comprender sus raíces estructurales de lo que hoy son llamados “mandos” y erróneamente apellidados “del crimen organizado” (sin entrar siquiera en la caracterización propuesta como texto legal por la mayoría de los especialistas). Enseguida, se ultrapasa el hecho de la toma de Vila Crucero y del Complejo de Alemán (favelas donde el periodista de TELE Globo Tim Lopes fue capturado y asesinado en 2002), ambas en la zona norte de la ciudad, y prevé problemas presentes como la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social y el ascenso de los paramilitares, desgraciadamente apellidados “milicias”.

La escalada en sí

Lo que provocó –o habría provocado, o sería el pretexto de haber provocado– el avance de las policías estaduales y la llamada de auxilio a las fuerzas armadas, fue la orden de ataque venida de la “federación” y con alianzas implícitas entre las demás redes de pandillas. Si las informaciones que circulan en los medios corporativos son correctas, la federación –cúpula del Mando Rojo (con la sigla CV, es una organización del narcotráfico que surgió en la cadena de Isla Grande, Río de Janeiro, como fruto de la aproximación de presos políticos y presos comunes durante la dictadura militar) – tomó la decisión suicida por tercera vez en su historia.

En teoría, el ataque directo al orden público en el asfalto (término para contraponer lo local de la mayor parte de las favelas cariocas) acarrearía un mayor apoyo de las comunidades. Apoyo a la acciones contra la violencia policial, soporte –muchas veces directo– del aparato de seguridad de Estado y el paramilitarismo, forma de ejercicio del crimen organizado oficial que es errónea y cretinamente apellidado “milicia”.

La escalada de eventos es conocida, habiendo sido iniciada el día 23 de noviembre y precedida por robos de automóviles, aumentando la incidencia del crimen violento en la ciudad, actividad esta que siempre ha perjudicado al narcotráfico (comercio minorista de drogas ilícitas). El domingo, día 28, se completó una semana de ataques contra el “orden público del asfalto”, tomando esas medidas como una provocación por parte del Palacio Naranjos (sede del gobierno del estado). Esto implica de parte del narcotráfico, quemar vehículos colectivos (antigua tradición de los conflictos en los alrededores de favelas en el Río) y particulares.

En otros momentos de la historia reciente de Río de Janeiro, ya existió la decisión de ataque por el pánico en la ciudad, y esto ocurrió, por ironía de la historia, justo en el momento de gobierno de pocos meses de Benedita de Silva (afiliada al Partido de los Trabajadores, el mismo de Lula y Dilma Rousseff), en 2002, cuando asumió el estado del Río después del alejamiento del gobernador electo. Aquel año, se entiende que los ataques venidos del CV fueron eficaces, llevando a un acuerdo implícito con los liderazgos de presos y en el mando (indirecto) de las redes de pandillas.

Ahora la situación es distinta a la del 2002. De la misma forma, se diferencia de los ocho años (de 1998 al inicio de 2002 y 2003 a 2006) de la familia Garotinho (la pareja Anthony y Rosinha fueron inicialmente conectados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB. Hoy son afiliados al Partido de la República, PR, el mismo del vicepresidente José Alencar) y también se distingue de la matanza de 2007, cuando casi mil “sospechosos” fueron asesinados por la policía sólo en Río de Janeiro.

La propuesta de ocupación permanente, encarando el gobierno estadual a las comunidades como un territorio a ser retomado, viene luego de una alianza inédita con el gobierno central (ratificando la alianza PT y PMDB) y antecediendo las acciones urbanas para la ciudad que será sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

La política implantada en el eje de las Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs) no sólo acompaña las áreas de mayor valorización inmobiliaria o de futuro uso de territorios para los aparatos de la Copa del Mundo y de las Olimpíadas, también prepara el terreno para la “flexibilización” de leyes ambientales y el aumento de la especulación inmobiliaria en zonas de la ciudad que tienden a valorarse.

Al reducirse el narcotráfico por la presencia policial ostensiva y permanente en morros-llave, fuerza a la delincuencia a “llevar la presión para el asfalto”, amortiguando el peligro mayor de la sociedad fluminense. Así, el estado del Río, al no combatir con la misma intensidad, aumenta la distancia entre la capacidad de fuego y de poder de las milicias y de las redes de pandillas (equivocadamente llamadas “mandos”, y así rebautizadas las falanges).

La otra punta de la historia es la presencia de tropas federales, o sea, militares profesionales de las tres fuerzas y agentes de la Policía Federal. Las tropas están desarrollando el aprendizaje de control social, entrenadose en las ciudades brasileñas, para ganar “excelencia” operacional con la Minustah, la Misión de la ONU que ocupa militarmente Haití, y cuyo comando vergonzosamente tiene Brasil.

Así como tropas de combate de los EUA que lucharon en la 1ª guerra del Golfo (1991) fueron llamadas a ocupar militarmente Los Ángeles en 1992 (en el caso del levantamiento de los guetos negros y latinos); de igual manera que los mercenarios de la Blackwater, veteranos de la Guerra del Irak (la 2ª, iniciada en 2003) fueron contratados para ocupar militarmente Nueva Orleans (después del pasaje del Huracán Katrina en 2005), ahora cabe a las tropas brasileñas ocupar (como apoyo del cerco estratégico del Complejo del Alemán) militarmente un eje de concentración de favelas en la zona norte de Río, además de otros escenarios por venir (como la favela de la Rocinha, la mayor de la zona sur de la ciudad carioca, por ejemplo).

Por fin, la justificación para ganar corazones y mentes y el papel de fiscal del consentimiento de los medios brasileños, afirman algo inexistente. Es “cuento”, “verso”, alegar que la invasión de las policías se da también para garantía de los derechos de la población favelada. Quién provoca la reacción de las fuerzas del orden es la decisión supuestamente tomada por la cúpula de las redes de pandillas –específicamente del CV– de causar pánico sistemático y con amplitud en la ciudad de Río.

El gobierno del estado, de común acuerdo con el gobierno central, no se menea para defender los derechos de casi medio millón de personas (bajo doble gobierno, del Estado ausente y del narcotráfico) y sí para asegurar a los inversores internacionales, los futuros socios de las Parcerias Público Privadas (asociaciones público privadas), la capacidad de imposición (por momentánea que sea) del orden estatal en la Región Metropolitana de Río de Janeiro.

Trayectoria política reciente

Durante el periodo de Garotinho y Rosinha, el estado del Río vio crecer y evolucionar el modelo de “milicias”, cuando la antigua “policía minera” se hace estructura permanente comandada por los niveles más bajos de las jerarquías del aparato represivo estadual (policías militares, policías civiles, bomberos y agentes penitenciarios). La toma del aparato represivo fue por dentro también, con la presencia física de concejales y diputados estaduales, incluyendo supuestas presencias de coroneles, delegados, directores de departamentos e incluso del Jefe de Policía y niveles de comandancia de la Policía Militar.

Después de la victoria de Sérgio Cabral Hijo (afiliado al PMDB y ex-miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) en 2006 (siendo reelegido aún este año) y en la esfera de la organización para los Juegos Panamericanos de 2007, aumentó considerablemente el volumen de asesinatos y ejecuciones ocurridas en batidas e invasiones policiales.

Se volvió así a un patrón cíclico, que se inicia en el gobierno de Moreira Franco (también del PMDB, aunque fuera derrotado por Brizola en 1982, en el episodio del escándalo del fraude de la apuración del Pro-consult, que junto con la Red Globo, favoreció equivocadamente a Franco), aún en 1987 (su primer año de gobierno) y es contemporáneo de la toma de la Rocinha por el embrión del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), en la época aún llamado de Mando de Operaciones Especiales (COE).

Este periodo es simultáneo de la Operación Mosaico I (1987, mismo año de la guerra mediatizada por el control del Muero Dueña Marta en el barrio de Botafogo, entre Zaca X Cabeludo, culminando con la victoria del primero, un ex-policía militar) y, cinco meses después, seguida de la Mosaico II, en 1988, y de misma naturaleza represiva.

Estas fueron operaciones de la Policía Federal bajo mando del represor político Romeu Tuma (delegado de carrera del Departamento de Orden Político y Social, símbolo de la dictadura militar, y electo “alguacil” del Brasil por la proyección mediática que obtuvo en el gobierno de José Sarney, cuando le fue dado el cargo de director-general de la Policía Federal) que invadieron físicamente áreas de favela.

Los gobiernos de Moreira Franco (1987-1990), Marcelo Alencar (1995-1998, PSDB, que es cuando se establece la llamada gratificación faroeste) y Sérgio Cabral Hijo siguen un patrón de elevar la violencia sistemática y el aumento de la autonomía funcional del brazo represivo del estado de Río. Pero el descontrol institucional se consagra en el segundo gobierno de Leonel Brizola (Partido Democrático Laboral, PDT, 1991-1994), acentuándose en los últimos dos años, en especial en los últimos seis meses, cuando el político gaúcho se licencia para concursar a la vicepresidencia, haciendo una dupla con Lula.

Los años de 1993 y 1994, enseguida de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Eco-92) y de la caída del entonces presidente, Fernando Collor de Mello, ambos en 1992, fueron decisivos para hacer público al mundo la institucionalización de poderes paralelos en la ciudad y los índices absurdos de violencia y falta de respeto a los derechos de la ciudadanía por parte de las fuerzas de “orden”.

Se trata de la tercera ocasión donde se da la presencia ostensiva de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro. Antes fue en las Operaciones Río I (en la Eco-92) y Río II (de diciembre de 1994 a marzo de 1995). La segunda operación vino con la escalada de la Chacina de la Candelária (ocho niños de la calle muertos frente a la Iglesia de la Candelária en julio de 1993) y la de Vigário General (29 policías militares invadieron bares y casas de la favela Vigário General, zona norte del Río, y mataron 21 habitantes en agosto de 1993). Ambos crímenes fueron cometidos por fuerzas del “orden” fuera del horario de servicio. En la ocasión de los Juegos Panamericanos de 2007 la ciudad y su Región Metropolitana también fueron debidamente “pacificadas”.

Después de la toma del Complejo de Alemán. ¿Y ahora?

Después del éxito del cerco estratégico y toma de puntos vitales del Complejo de Alemán, aparentemente la situación del conflicto entre la red de pandillas conocida por Mando Rojo (CV, incluyendo rachas como CV Joven, CVJ, y CV Rogério Lengruber, CVRL) –en supuesta alianza puntual con las facciones rivales Amigos de los Amigos (ADA) y tercer Mando (TC)– y las fuerzas de seguridad del estado de Río con el apoyo de las fuerzas federales (Policía Federal y Fuerzas Armadas) estaría alcanzando una escala de nueva normalidad. Esta nueva escala sería cuando el estado del Río hace uso de una planificación minuciosa y emplea una amplia superioridad bélica, adentrando los espacios físicos otrora co-dominados por el narcotráfico.

Frente a eso, el avance de las llamadas fuerzas de orden partiría rumbo a los grandes complejos aún no totalmente ocupados, como el Jacarezinho (zona norte, 60 mil habitantes) y la Rocinha. Esta última representa un gran triunfo del narcotráfico en la ciudad, justo por situarse entre los barrios de Son Conrado y Gávea, operando como abastecedora de drogas ilegales para consumo individual en la zona sur de Río de Janeiro (¡el área inmobiliaria más cara de Brasil!).

También en el nivel de apariencia mediática, la población que osa manifestarse y es habitante de estas comunidades estaría apoyando explícitamente la acción de las policías, hecho ese que, si fuera confirmado (y es casi imposible su confirmación porque un cuestionario no se realiza bajo condiciones tan adversas de seguridad de los posibles entrevistados), “autoriza” el ejercicio de la legitimidad del Estado para el acto de mando y gobierno.

En nuestra opinión, a pesar del anhelo por la rutina y normalidad, el consentimiento forzado viene siendo operado a través de los medios corporativos en el sentido de evocar el sujeto colectivo, el nosotros, siendo que este mismo sujeto colectivo jamás es indagado acerca de sus opiniones y necesidades. O sea, aunque la TV hable y hable, nadie afirmó mediante referéndum o plebiscito desear ver las fuerzas federales participando de cercos en Río de Janeiro.

Por un lado, también la situación es difícil. Es más que complicada la posición de las izquierdas sociales frente a este cuadro. Es imposible hacer cualquier tipo de defensa de las redes de pandillas del comercio minorista del narcotráfico, a no ser el reconocer que estas facciones surgen con legitimidad en la auto-organización de los detenidos de la Isla Grande –desde el principio– y después se establece en la masa de presidios del entonces recién creado Estado del Río (unificando bajo el mismo gobierno, fluminenses y cariocas en 1975).

Por otro, no tiene cabida hacer el elogio de las fuerzas de seguridad si estas, hasta poquísimo tiempo atrás e incluyendo buena parte de sus efectivos, convivía de forma cínica y mancomunada con la guerra por el control de la circulación de tranvías (trenes de hombres armados), alquiler de armamentos, ablandamiento de prisiones en flagrante, mesada o semanada (conocido como arrego, cuando la policía militar de la zona recibe una cantidad constante de dinero por semana), además de, en el ejercicio de la autoridad policial, ejercer muchas veces como tropa invasora practicante de exterminio.

Nada de lo que dijimos arriba es chisme o generalización inconsistente, siendo cada una de estas gravísimas acusaciones más que mediatizadas y probadas a través de Comisión Parlamentaria de Interrogatorio (CPI) llevada a cabo en la Asamblea Legislativa del Estado del Río de Janeiro (Alerj, diputación estadual).

Siguiendo en la crudeza de este raciocinio, resulta imposible imaginar que hubo cambio de comportamiento de la tropa puesta a punto, tanto como para no entrar en asociación con los delincuentes(cómo sería el caso de buena parte de las instituciones coercitivas), como para no actuar de forma fascista, del modo que cuenta la película campeona de taquilla y ganadora del Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín, “Tropa de Élite”, que está siendo exhibida en este momento en todas las principales salas de cine del Brasil, con un público que ya pasa los 10 millones de espectadores.

Vemos así dos problemas graves para el ejercicio de la militancia social y la lucha legítima por la reivindicación y conquista de, por lo menos, los derechos básicos de una población que se ve en el abandono a su propia suerte y volviendo a crear una cultura atravesada por el elogio de la delincuencia bajo la forma de capitalismo salvaje. Cultura esa que ya traspasa un cuarto de siglo, y por tanto, estaría más del que enraizada, llevando (y desarrollando) un nuevo sentido de orden y justicia paralela, por más bárbara que esta sea.

El primer problema, no grave, pero gravísimo, es el peso de la delincuencia administradora del capitalismo salvaje en la Metrópoli Carioca-Fluminense en su forma paramilitar. Traduciendo, estamos afirmando que con la ausencia de las redes de pandillas o su perdida de poder, aumenta la fuerza y el peso de las milicias. Ese término vino para desgracia de la tradición de los obreros cariocas y de la militancia otrora abastecedora de mártires y militantes ejemplares para las causas del pueblo brasileño.

Tales organizaciones paramilitares, surgidas de una evolución de la conocida policía minera (policías de particular que ganan un cierto dinero para “limpiar” algunas áreas de delincuentes), ya una vez llamada de “autodefensas comunitarias” por el ex-alcalde y ex-exiliado (cuando aún era de izquierda) Cesar Maia (actualmente del Partido Demócrata, DEM, neoliberal y derechista), haciendo un triste paralelo con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, coligación de paramilitares y de donde proviene políticamente el ex-presidente Álvaro Uribe). Pues bien, si no hubiera combate sistemático y científico al poder paralelo que brota de las entrañas de las fuerzas represivas del estado dl Río, simplemente estará incluyéndose a más de dos millones de personas en una nueva (ni tan nueva) tiranía.

La tiranía de las redes de pandillas, a veces y con alguna suerte, al menos tenía cierto tipo de raíces en las comunidades locales (sin por eso dejar de ser cruel y bárbara). Pero la tiranía de las milicias es la evolución de la práctica de “resguardar la seguridad de los comerciantes”, y se suma a las tenebrosas tradiciones de los Escuadrones de la Muerte (como el más conocido, la Scuderie Le Cocq) y se atraviesa con la fusión del abuso de poder policial y la conjunción de intereses con los banqueros de las loterías clandestinas.

Así como el primer problema, el segundo ya existe y puede venir a acentuarse. Se trata de la criminalización pura y simple de la protesta social. No “sólo” con la represión de tipo antidisturbios, sino con el rigor de una ocupación militar y el juicio sumario y mediático que asocia para la opinión pública el hecho, mentiroso de que toda protesta en comunidades de favelas es promovida por los intereses del narcotráfico. Tal mentira es reproducida hace casi tres décadas y viene aumentando su penetración social.

Infelizmente la efervescencia existente en la transición de la Apertura política de la dictadura, fue acompañada en Río de Janeiro por la institucionalización de la antigua Federación de Favelas del Río de Janeiro (Faferj) y de la territorialización de la red de pandillas otrora bautizada en una mini serial televisiva de la Red Globo, como Falange Roja (Bandidos de la Falange, tele drama este con 20 capítulos, exhibida en enero y febrero de 1983) Detalle, la obra del autor Aguinaldo Silva es excelente, en el entender de estos que escriben. Ambos movimientos se dieron en el primer gobierno Leonel Brizola (1983-1986), lo que vino al encuentro de un intento de generar mayor respeto entre el aparato policial y las comunidades de favelas.

A pesar de ser una política correcta, tal hecho acarrea una institucionalización de la nueva forma de organización de las redes de pandillas y la transferencia de las disputas intramuros de presidios haciaq dentro de las comunidades. En dos años, cambia completamente el escenario del crimen ejercido por la pobreza en la ciudad. A finales de la década de 80, ya no restaba mucho del aura de los fundadores de la Falange de la Seguridad Nacional en la Isla Grande y ahí la historia es más que sabida.

Faltaría analizar las discrepancias absurdas del empleo de efectivos y la razón del Estado para combatir la pobreza con el ejercicio del crimen y, el inverso de eso, la ausencia de decisión y las sentencias más que favorables para combatir el crimen organizado, comenzando por la vergüenza del no seguimiento de las investigaciones advenidas de los resultados de la Operación Satiagraha que denunció y prendió nombres importantes del sector empresarial brasileño, por ejemplo del dueño del banco Opportunity, Daniel Dantas, por desvío de presupuestos públicos y crímenes financieros. En el próximo análisis, haremos estas comparaciones.

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