Por otro lado, el periodo
de verano siempre fue -y continuará siendo- una época con régimen
de lluvias acentuado. Si una de las actividades-fin del acto de gobernar
es proveer el bien común y el bienestar de la mayor parte de los ciudadanos,
es conceptualmente correcto afirmar que los tres ayuntamientos de las
mayores ciudades de la Serra (Petrópolis, Teresópolis y Nueva Friburgo)
fallaron y quebraron como entes de gobierno. Lo mismo se puede decir
en relación al gobierno del Estado, que también debería garantizar
una planificación mínima, y sin embargo suficiente, para la evacuación
de los habitantes en casos de emergencia.
Ejemplos simples de medidas
de procedimientos pueden ser helipuertos de segunda categoría, con
zonas cimentadas en repechos de sierras, techos de edificios y camiones
todo terreno. También escalas de plantón, incluyendo la coordinación
con tropas federales como refuerzo de la Defensa Civil y otras formas
de atención máxima. Tampoco es factible creer que existan sistemas
de seguridad patrimoniales desarrollados –con monitoreo central y
salas de contingencia móviles– y esta misma aplicación tecnológica
no pueda ser empleada para salvar vidas de personas y también de animales.
El mismo raciocinio es aplicable para cuando el Estado opta por reprimir
–y ahí sí lo hace muy bien– cuando los tres niveles de gobierno,
en teoría, deberían operar para garantizar la vida de la mayoría.
En este punto, se falla cíclicamente.
Es una cobardía política
apelar a la solidaridad –sin fin y géneros– del pueblo brasileño
y no accionar los mecanismos apropiados para prevenir o preparar planes
de contingencia de catástrofes y calamidades. Hoy, no hay siquiera
un órgano de geotecnia (ciencia que estudia la interferencia de obras
de infraestructura con sus fundaciones, sean ellas en suelo o roca)
adecuado para mapear las áreas de riesgo (por inundaciones) y contención
de barrancos. Por lo tanto, si el Estado no previene, queda de este
lado del contrato social que firmamos al nacer –y sin saber–
prestar obediencia y lealtad a una determinada forma organizativa que,
otra vez más en teoría, estará presente para cobrar impuestos, prender,
reprimir, juzgar y destinar recursos colectivos. Cuando una de las partes
casi nunca cumple mínimamente con sus gravámenes contractuales, ¿cómo
mantener el contrato?
Volviendo a las medidas
no ejecutadas, comprendemos que si las donaciones son de alimentos no
perecederos, aguas y productos de higiene, son todos productos que se
puedan tener en stock, bastando para eso con mantener almacenes para
eventuales emergencias. Apelar a la población genera cohesión social,
causa conmoción en las personas y envuelve a quienes ya tienen estado
organizado. Pero actuar por solidaridad y no hacer la crítica del desgobierno,
es optar por la vía de la ceguera política. La misma despolitización
que transforma la visita de jefes de Estado en compensación del poder
público, aunque sea a través de la espectacularización mediática.
En el vacío de la política
oficial, los medios en general, y la Red Globo en particular, nuevamente
“se visten con la camisa” de su estado de origen y organizan a la
sociedad, pautándola con el desastre de las lluvias. Lo mismo ya había
sucedido cuando la gran inundación de Río de Janeiro de 1966, cuando
la Red Globo se legitima como prestadora de servicios, aumentando el
arraigo de la recién formada televisión (venida de un periódico,
El Globo, que apoyó el golpe de Estado de 1964 y antes había apoyado
la caída de Getúlio Vargas –generada por su suicidio– en 1954).
Cuando los medios empresariales brasileños gobiernan y pautan de forma
unilateral a la sociedad, aún en períodos de emergencia, las personas
quedan carentes de críticas.
Hasta el viernes 28 de
enero, ya sumábamos cerca de 8.810 desamparados, 21.000 desalojados
y 840 muertos en las ciudades alcanzadas por el mayor desastre que envuelve
deslizamiento de sierras e inundaciones en la historia del país. La
cantidad real puede ser mayor, una vez que barrios enteros desaparecieron,
habiendo aún localidades distantes de los centros urbanos que se encuentran
aisladas. Las muertes son, en gran medida, fruto de la escasa prevención
y la intervención emergente cuando los tiempos se acortan y la agilidad
en el socorro implica salvar vidas.
Si hay una buena compensación
de la tragedia de enero es saber, una vez más, de la inmensa capacidad
solidaria del pueblo para consigo mismo. Esta puede ser la buena señal,
saber que más allá de las intervenciones oficiales y del clamor mediático,
hay una cultura viva de ayudar al prójimo, de alteridad y auxilio.
Este caldo de cultura puede ser una fuente de cambio de comportamiento,
si existen recipientes políticos capaces de acoger estas culturas y
núcleos mediáticos sin perfil empresarial, como fue el caso de la
Radio Comunitaria del municipio de Areal, que ayudó a convocar los
habitantes de la riberas de los ríos Negro y Piabanha y a evacuar la
zona presta a inundarse.
Ejemplos como este pueden
ser la matriz de un modelo de aumento del control de sus propios destinos
por parte de la población de los pequeños municipios. Donde la líder
del oligopolio tiene una cobertura parcial (con pautas eventuales dentro
del telejornal local) tienen más espacio –“naturalizado” por
el vacío de poder mediático– los medios en su forma no comercial.
Manifiesto a la población
y a las autoridades
Por suerte, y como era
de esperarse, la esfera solidaria también elevó el nivel de la
crítica y del movimiento. El día 28 de enero, organizaciones políticas
y entidades representativas de Nueva Friburgo, reunidas en foro permanente
de debates y de presentación de propuestas para el enfrentamiento de
la tragedia de la región serrana fluminense, presentaron un manifiesto público1
con reivindicaciones, que puntuaba a los trabajadores como los mayores
interesados en la definición de políticas públicas, de cara a la
superación de los problemas provocados por las lluvias.
El manifiesto disponible
en diversos sitios web y blogs muestra que el Foro del Movimiento Sindical
y Popular de Nueva Friburgo, como se denomina el colectivo, exige una
práctica democrática de carácter horizontal que apunte a la reconstrucción
de las ciudades alcanzadas sobre nuevas bases, bajo la atención de
los intereses de la población. Organizaciones como la Asociación de
los Docentes de la Facultad de Filosofía Santa Dorotéia, el Consejo
Municipal de las Asociaciones de Habitantes, sindicatos de obreros y
de trabajadores del tercer sector y partidos políticos, componen el
Foro.
Entre las pautas, está
la garantía de ningún despido, reposición de horas o corte de salarios
en el periodo crítico de la tragedia; exención de impuestos, tasas
y tarifas a la personas perjudicadas; contratación de vacantes en los
hoteles de las ciudades para los desamparados; campaña de salud preventiva;
construcción de viviendas populares en áreas de seguridad y con condiciones
dignas de supervivencia; prisión y casación de las permisiones de
empresarios, comerciantes y correctores de inmmuebles que hayan encarecido
los precios de sus productos y alquileres, como ya viene aconteciendo.
El movimiento social
también exige una acción de la Procuraduría General del Trabajo,
Ministerio Público del Trabajo y Ministerio del Trabajo y Empleo, que
asegure derechos sociales y laborales con la designación de una Procuraduría
especial para las demandas advenidas por la tragedia. La idea es que
se formen comités populares para acompañar el uso de los presupuestos
federales y estaduales. Los miembros del Foro reivindican participación
en las decisiones políticas acerca del futuro de la ciudad, inclusive
con la elaboración de un plan permanente de preservación ambiental.
Destino de los recursos
federales
En nota oficial
2, la Federación Anarquista
de Río de Janeiro (FARJ) denuncia que la mayor parte de los recursos
federales es destinada para obras de la Copa del Mundo y de las Olimpíadas,
dejando de lado políticas de prevención de desastres naturales comunes
en el inicio del año. En 2010, por ejemplo, cerca de 300 personas murieron
en las ciudades de Angra del Rey y Niterói, víctimas de la ineficiencia
del poder público frente a fuertes lluvias también en enero. En la
ocasión, el entonces presidente Lula atribuyó los incidentes con inundaciones
en el sur y sudeste a la “acumulación de errores” ocurridos en
el país.
Parece que el propio
ex-presidente y su sucesora repitieron y repetirán los fallos. Según
la FARJ, “sólo la reforma del Maracaná costará a los cofres públicos
la bagatela de más de 900 millones de reales. Ya las ciudades de Teresópolis,
Nueva Friburgo y Petrópolis, pásmense, van a recibir respectivamente
hasta 2014, ¡R$ 13,2 millones, R$ 8,8 millones y R$ 1,1 millón para
la contención de laderas! Junto, el montante que estas ciudades recibirán
llega a R$ 23,1 millones, o sea, irrisorios 2,5% del coste total de
las obras en el Maracaná”. Esto sin tomar en cuenta la reforma del
mismo estadio en 2008 para los juegos Pan-americanos y los gastos de
obras urbanas relacionadas a la hostelería, transporte y seguridad
para turistas.
La FARJ informa también
que el empresario Eike Batista, uno de los hombres más ricos del mundo,
invertirá millares de millones de reales para transformar la ciudad
carioca en una especie de “Barcelona Turística”. La organización
afirma que “Eike ya dejó claro que uno de sus objetivos es combinar
en la ciudad ‘playas bellísimas con importancia financiera y arquitectura
ultramoderna’, o sea, se mantiene la playa para los ricos, y la lama
para los pobres”. De este modo, parte de Río de Janeiro acogería
las inversiones de una minoría rica, mientras millones de las zonas
periféricas continuarían sin infraestructura. Los problemas que eran
típicos de la capital, como el tráfico de drogas y las inundaciones,
pasarían así a ocurrir con mayor frecuencia en otros municipios del
estado con más pequeña visibilidad internacional.
Por fin, llaman la atención
sobre la falta de un proyecto nacional y una política de habitación
que atienda a los brasileños. De acuerdo con la FARJ, el único proyecto
nacional de vivienda interesa sólo a las empresas de la construcción
civil. “La prueba que esta política continuará es que, juntos, PT
y PMDB recibieron R$ 90,9 millones de reales en sus respectivas campañas
políticas de grandes constructoras, como la Camargo Corrêa, Odebrecht
y otras. Las contratistas donaron más para estos partidos que para
otras agrupaciones políticas, lo que indica que la apuesta por parte
de la burguesía nacional en el proyecto petista, parece estar dando
resultado. Para completar el cuadro, el recién creado ministro de las
ciudades, Mário Negromonte es un conocido constructor del estado de
Bahia”, dice la nota.
Conclusiones
Más allá de la
tragedia, se vislumbra en el aire un nuevo frente de lucha popular,
apuntando a la pelea por el derecho al uso del suelo urbano y el reordenamiento
del territorio. Causas y puntos de vista se funden, una vez que la defensa
de la Mata Atlántica y de las cabeceras y lechos de ríos está más
allá de la ecología desde un punto de vista de la preservación, alcanzando
a ser una lucha pura y simple por la supervivencia frente al clima y
los regímenes de lluvia. Sobrevivir los días que siguen, implica luchar
por el control de los recursos colectivos, entre ellos, el propio destino
de usufructo del espacio donde todos conviven.
Observación: mientras
concluimos la última revisión de este texto, los medios corporativos
ya anuncian que el número de muertos sobrepasa los 860.
¡A la vez que hacemos este envío para Barómetro en Caracas, la televisión
oficiosa, la Red Globo admite en su informativo nocturno (Jornal Nacional)
que los muertos ya llegan a 874, siendo otros 437 los desaparecidos!
¿Cuáles son las autoridades responsables por esta calamidad cíclica?