Hay situaciones estructurales que comprendidas tal como son, cambian la noción de verdad, norma y consenso entre los ciudadanos. La seguridad pública en el estado del Río de Janeiro se encuentra en una situación límite, típica de la caracterización de Estado fallido. Es cierto que otros poderes e instituciones de ese nivel de gobierno subnacional no tienen tal grado de corrupción. Pero, en una región metropolitana donde existen más de mil espacios geográficos donde el control del Estado es parcial o nulo, las bandas putrefactas en primer lugar (la venta del narcotráfico, las apuestas ilegales, los transportes clandestinos, los servicios de consumo fuera de la fiscalización, de -entre otras variantes- el tipo capitalismo informal con aires de salvajismo) corrompen o afectan el conjunto de poderes y agentes con capacidad de veto.

De un momento a otro, delante de los helicópteros de las emisoras de televisión Globo y Record (las dos redes de mayor audiencia en el Brasil), la realidad fruto de la experiencia vivida por más de dos millones de cariocas y fluminenses (respectivamente, los que viven en la capital y en el estado de Río), supera la híper-realidad mediática y fuerza a la acción del Estado para contener la rebelión del Mando Rojo. El país necesitaba de una guerra tipo misión humanitaria y actividad-finalista para civilizar a estas microsociedades. Las cámaras registran entonces a un joven delegado con trayectoria meteórica que surge para el público receptor como una fuente confiable y respetable. Después de la toma e invasión del Complexo do Alemão (conjunto de 13 favelas de la Zona Norte de Río de Janeiro donde viven más de 65 mil personas) en noviembre, el castillo de naipes comienza a caer, porque como bien a la moda, ésta también era una noción construida sobre la nada.

En mayo de 2009, el entonces recién nombrado jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Allan Turnowski, declaró para el periódico O Globo: “Estoy más preparado para combatir a la delicuencia que cualquiera que no estuvo en la acción. Porque yo sé exactamente lo que va a acontecer si nada se hace: mis policías, políticos y periodistas van a morir en emboscadas”. Nada más profético. El delegado de carrera acertaría de lleno el pronóstico, si él no estuviera siendo acusado de implicación en los escándalos de abuso de poder. La emboscada fue montada con orden judicial y demuestra un surco profundo y gangrenoso dentro del aparato represivo estadual.

Bastaron dos años y una investigación de la Policía Federal (En Brasil, existen cuatro policías: Federal, Rodoviária Federal, Militar y Civil. Las dos primeras actúan en crímenes en la Unión Federal o que afectan el país, tales como el tráfico de drogas y de armas, mientras las dos últimas actúan en la esfera estadual. La PF corresponde a una especie de FBI brasileño) para derrumbar la estrella mediática de las invasiones a los morros del Alemão y a la favela Vila Cruzeiro. La acción coordinada de los federales, llamada Operación Guillotina, detuvo a decenas de policías bajo la acusación de participación en bandas, desvío de armas y conexiones con apostadores ilegales y narcotraficantes. El ex-subjefe operacional de la Policía Civil y principal colaborador de Turnowski en la corporación, Carlos Oliveira, está entre los acusados. Turnowski pidió exoneración del cargo, que fue aceptada por la Secretaría de Seguridad Pública de Río bajo el pretexto de ser lo más adecuado para preservar “el buen funcionamiento de las instituciones”.

Nunca es demasiado recordar que Turnowski tiene por adversario a Cláudio Ferraz, otro delegado estrella de la Comisaría de Represión a las Acciones Criminales Organizadas (DRACO, de la Policía Civil), que colaboró con la Operación Guillotina. Ferraz también es uno de los co-autores del libro Élite de la Tropa 2, texto que originó el guión de la ultra-realista película de José Padilha: Tropa de Élite 2, la continuación de la película que ganó el Oso de Oro de Mejor Película en el Festival de Berlín en 2008. Luego, tras la deflagración de la Operación Guillotina, las puertas de la DRACO fueron lacradas debido a una acción de la Contraloría Interna de la Policía Civil, en el tiempo récord de dos días para apertura y conclusión de investigaciones, que tomó como base denuncias de irregularidades relatadas en una carta anónima.

Varias acusaciones pesan contra el delegado Turnowski. Una testigo, que actuó durante 15 años como informante del grupo de Olivo, denunció a la Policía Federal (después de haber sido su hermano asesinado, según la propia acusadora por la pandilla) que Turnowski recibía R$ 500 mil por mes de propina de una banda en el barrio Jacarepaguá, en la capital del Río, y más R$ 100 mil por permitir la venta de productos falsificados en el Camelódromo Uruguaiana (concentración de vendedores de productos de contrabando de bajo costo). El director de la DRACO también acusa el ex-jefe de la Policía Civil de implicación en crímenes en la favela de Corea y desvío de armas incautadas durante operaciones. Hay aún la sospecha de fuga de informaciones hacia los “hermanitos” (término dado a los policías cariocas acusados de pertenecer al Escuadrón de la Muerte creado en la segunda mitad de los años ’60 y que auxilió a los militares en la represión política) blancos de la investigación de la PF, acusaciones éstas que resultaron asociadas a la Operación Guillotina.

Aunque falten pruebas conclusivas contra el delegado, es innegable la corrupción del grupo que lo acompaña hace tanto tiempo. Para empeorar, uno de sus antecesores en el más alto puesto de la Policía Civil, el ex-oficial del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) y ex-diputado estadual Álvaro Lins (por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño – PMDB, de la coalición del Gobierno de Dilma y del partido del ex-presidente José Sarney y del actual vicepresidente Michel Tema), que lo puso como director general de las comisarías especializadas, quien fuera condenado a 28 años de prisión por formación de pandilla armada, corrupción pasiva y lavado de bienes.

Lins fue prendido en el ejercicio de su mandato de parlamentario en mayo de 2008, durante la Operación Seguridad Pública S/A, de la Policía Federal. El delegado de la Federal, José Mariano Beltrame, el aclamado secretario estadual de Seguridad Pública de RJ, lo había indicado para el cargo y, seguramente, quedó con una papa caliente en las manos. Curiosamente, el ex-oficial del BOPE ganó un concurso para magistratura, pero optó por la carrera policial. Como diría el personaje de la película de José Padilha, el Capitán Nascimento, interpretado por el actor Wagner Moura, “el sistema no tiene límite, compañero. No tiene frontera. Él ya forma parte de la cultura de la policía”.

Se trata de una cultura de extorsión y muerte y estas barbaridades no vienen de ahora. El Escuadrón Especial de la antigua Policía Civil de Guanabara (estado brasileño extinto en 1975, que corresponde hoy a la ciudad de Río de Janeiro), aún bajo el gobierno del periodista Carlos Lacerda (1960-1965), inauguró una nueva tradición de “bandido bueno es bandido muerto”, mientras que no sean pistoleros al servicio de políticos o asesinos del Juego del Bicho, (tipo de bolsa ilegal de apuestas en números que representan animales, los responsables por el juego de azar son conocidos por bicheiros). La nueva modalidad de crimen en Río se encuadra en el concepto de Estado ampliado en su forma casi fallida, cuando se forma un poder no paralelo, pero sí complementario y alimentado por dentro del aparato de seguridad y represión. Esta realidad brutal, magistralmente narrada en las obras ya citadas, es blanco de la elite de la policía brasileña. A partir de investigaciones, la Operación Guillotina intentará desvelar crímenes de gran repercusión en Río de Janeiro.

Ya existen evidencias de la participación de policías civiles y militares, que gozaban del libre acceso a la cúpula de la Policía Civil, en más de 15 homicidios. Entre los principales casos, está el del apostador Rogério Andrade en 2010. Rogério es hijo de Castor de Andrade, padrino de la Escuela de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel y del club de fútbol Bangu Atlético Club (equipo de primera división del estado de Río y vice-campeón brasileño de 1985). El atentado fue a la manera de la antigua derecha del Brasil, los mismos que en el periodo de la Apertura política y de la transición de los gobiernos Geisel (1974-1979) hacia Figueiredo (1979-1981) volaban quioscos de periódico, instituciones de tipo republicanas (como la Orden de los Abogados del Brasil y la Asociación Brasileña de Prensa) y que tuvieron su réquiem en el episodio del Riocentro, cuando una bomba explotó en las manos de dos militares antes de llegar a la actividad del Día del Trabajador, con el propósito de incriminar a sectores de la izquierda.

En el caso de Rogério de Andrade, fue puesta una bomba casera en su coche; Andrade sobrevivió, pero su hijo acabó muriendo en el atentado, que contó hasta con un mercenario israelí. Otros episodios famosos fueron la desaparición de la ciudadana china Ye Goue después de intercambiar R$ 220 mil en una casa de cambio en 2008, y los asesinatos del ex-diputado tucano (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, entre 1995 y 1998), durante el gobierno de Marcelo Alencar y en la época del asesor de la Secretaría Estadual de Gobierno Ary Ribeiro Brum (ya en el mandato del actual gobernador, el ex-tucano –del partido de Fernando Henrique Cardoso- y actual miembro del PMDB, el partido del vicepresidente, Sérgio Cabral Filho), y también del presidente de la asociación de vendedores ambulantes Alexandre Pereira, ambos en 2007. Además, claro, de varios episodios de quema de archivos.

¿Derechos Humanos?

En octubre de 2010, se estrenó en todo el Brasil la continuación de una de las más exitosas películas nacionales, Tropa de Élite 2, del director José Padilha, que se basa en el libro de ficción Élite de la Tropa 2, escrito por el antropólogo Luiz Eduardo Suenes, nombrado así por los policías del BOPE (la tropa de elite original de la policía militar) André Batista y Rodrigo Pimentel, y por el director de la DRACO Cláudio Ferraz. Al contrario de la primera película, la nueva versión de Tropa de Elite muestra un estado donde los traficantes fueron expulsados de las comunidades y éstas fueron tomadas por bandas paramilitares. En la producción, los policías que antes exigían dinero a los traficantes por medio del llamado “arrego” (tipo de soborno regular, coima oficiosa en forma de propina ilegal), pasaron a facturar mucho más, al obligar a toda la comunidad al pago de diversos servicios indispensables, como la venta de gas, el acceso a Internet y la “protección” al pequeño comercio. En la tradición de la Baixada Fluminense y de la Zona Oeste de Río, esta es la sofisticación de la llamada policía mineira, ahora en una escala organizacional superior, incluyendo la venta de protección a políticos locales.

Dominar favelas generaba mucho más que aumento en las ganancias, generaba votos. E inmediatamente diputados, el secretario de Seguridad Pública y hasta el gobernador de Río –en el caso de ficción de la obra– pasaron a beneficiarse con las bandas paramilitares, consideradas a esa altura como fuerzas de seguridad del Estado en zonas de alta criminalidad. Cualquier semejanza con el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no es ninguna coincidencia. La vida y el arte se encuentran en la valla común del escrutinio del aparato de seguridad.

El mismo día en que Tropa de Élite 2 pasó a ser la película nacional de mayor taquilla de la historia del cine brasileño con casi 11 millones de espectadores, fuerzas militares y de la policía fluminense aún recibían elogios por las operaciones en Vila Cruzeiro y Complexo del Alemão. Supuestamente, el narcotráfico habría perdido frente al Estado bajo los aplausos de los medios corporativos y de la opinión pública. Pero la euforia escondía diversas ausencias de respeto a los derechos humanos, casi todas contra habitantes de las favelas que pasaron a ser todos bandidos, sin diferenciación. Así, se mantuvo el mismo patrón operacional de siempre, específicamente utilizado en los últimos 25 años. La diferencia era la cobertura multimedia, elogiando a las policías de forma no crítica, negándose (los medios) inclusive a poner contra la pared al gobernador del estado, que estaba en el balneario de Angra dos Reis, bien distante de los tiros y de la represión. Los días de la invasión, los telespectadores del Brasil vuelcan la acción republicana y los habitantes de la región sintieron el pánico del avance de las guarniciones contra el botín del narcotráfico.

Una vez más la realidad supera la ficción. La Organización No-Gubernamental Justicia Global, que actúa en defensa de los derechos humanos, hizo pública, por medio de un manifiesto el 21 de diciembre, una verdadera cacería por la herencia del narcotráfico. De acuerdo con la ONG, “equipos policiales de diferentes corporaciones, de diferentes batallones, compiten en la búsqueda del dinero, de las joyas, de las drogas y de las armas que los criminales habrían dejado atrás en su fuga; en lugar de llevar a las comisarías todo lo que fue incautado, los equipos están dividendo entre ellos partes valiosas del `tesoro´”. “Aprovechándose del clima de búsqueda detallada, los agentes invaden repetidamente las casas y usan amenazas y técnicas de tortura como forma de arrancar a los habitantes la delación de los escondites del narcotráfico. No bastando con eso, practican la extorsión y el robo de pequeña cuantía y de teléfonos celulares, cámaras digitales y otros objetos de algún valor”. Al por mayor ¡o en su lugar, el arrego tiene que continuar! Y, en la ausencia del arrego, se pasa a la dominación territorial del tipo “bandas paramilitares y parapoliciales”.

De las denuncias, la ONG pasa a ser propositiva, añorando algún tipo de utopía republicana, algo más distante de ser ejecutable sin una profunda y radical transformación social. En nueva nota expedida la semana de 07 de febrero, Justicia Global muestra que el resultado de la Operación Guillotina refuerza la necesidad de debatir una reforma de las policías. Reforma ésta de carácter estructural, que refleje transparencia, fiscalización y un control externo e independiente de la actividad policial, disminuyendo así el poder de las investigaciones internas, que acostumbran a contaminarse por el corporativismo o por disputas internas. A pesar de errar en la propuesta (por ser una utopía legalista), entendemos que aciertan al proponer cortar en la carne. La ONG también entiende que “el gobierno del estado de Río de Janeiro debe ser responsabilizado por los robos y por las invasiones de domicilio practicadas por policías en las favelas del Complexo do Alemão y de Vila Cruzeiro”. Vamos a recordar que, luego de la ocupación el coronel Mario Sergio Duarte, comandante de la Policía Militar del Estado del Rio de Janeiro, fue a la prensa y dio carta blanca a los abusos y a las violaciones de derechos humanos en la región al afirmar: “La orden es revisar casa por casa’”.

Vale recordar también que el gobernador Sérgio Cabral administra Río de Janeiro hace cuatro años y que su partido, el PMDB, fue gobierno del estado por otros ocho, en las figuras de la pareja Anthony y Rosinha Garotinho. El gobernador había inclusive vetado la ley que garantizaba el monitoreo de los coches policiales. Fue en el mandato de Cabral que dos jefes de la Policía Civil cayeron. Todo eso lleva a creer que hay dos posibilidades no excluyentes relacionadas a la seguridad pública de Río de Janeiro: o el gobernador sufre de una terrible falta de suerte en las elecciones, fruto de la incompetencia administrativa, o el mismo sabe que en ciertos momentos es imposible mantener el poder sin la convivencia del que está puesto.

Apuntando conclusiones: la Tropa de Elite es real

En las antiguas reglas del mar era así. Un navío tomado era una embarcación saqueada. Muchos imperios, entre ellos el británico en el reinado de Elizabeth I, sangraron los océanos abasteciendo a sus capitanes con cartas de corso. El más famoso de ellos, Francis Drake (1540-1596) ganó el título de caballero y ayudó a Inglaterra a derrotar a la “invencible” armada española, como vicealmirante en 1588. No es de hoy que los Estados dan carta blanca a sus agentes de orden y fuerza para apropiarse de las presas en nombre del bien común.

En el Brasil del inicio del siglo XXI, no se necesita ser especialista operador del área ni estudioso académico del tema, para distinguir entre la acción coordinada de las fuerzas federales y estaduales y aquello que más pareció una contramaniobra. Turnowski cayó porque acusó el golpe de la Operación Guillotina dando la orden de liberación para una acción de represalia de la jerarquía superior de la policía judicial fluminense, hacia una de sus unidades más jacobinas, la DRACO. Sería casi irreal, si no fuera cotidiano. La autoridad de la Policía de Río castiga a una de sus unidades por que operó cómo policía de Estado.

Y, para completar, la Asociación de Delegados de Policía Civil del estado de Río de Janeiro (Adepol-RJ, asociación de comisarios), pasa recibo y protesta vehementemente contra el secretario Beltrame, quien es “comisario destacado” de la PF con el debido auxilio de la Sub-secretaría de Inteligencia, subordinada directamente a la cúpula de la seguridad pública fluminense. La Asociación de Delegados se vuelve en la práctica, leal y fiel al ex-jefe de Policía Allan Turnowski posicionándose críticamente ante la infiltración policial dentro de la propia policía. Así, aún en la ética de defender “hermanitos”, la Adepol-RJ recuerda la vieja máxima del 10 por 1 (“Por cada policía muerto, mataremos diez bandidos” Era uno de los lemas del Escuadrón de la Muerte), queriendo seguir en el baile igual que siempre.

No hay nada de nuevo en el front, a no ser el hecho de que a veces, las disputas intra-policiales revelan el modus vivendi de corporaciones estructuralmente marcadas por la corrupción y la violencia ilegal. Percíbase que no afirmamos que todos los policías fluminenses sean corruptos, pero sí que todo el aparato está atravesado por prácticas de ilícitos. Un periodista “de los antiguos”, él aún ex-director de la Escuela de Samba, nos narra la seducción de la convivencia con el bandidaje de cualquier tipo. Según sus cuentas, no deberían ser 35 policías los castigados por la Operación Guillotina, ¡sino un número en el orden de los miles!

La dureza de estas sociedades y territorios enclavados en Río y gran Río (región metropolitana) es tan visible que hasta una telenovela de la TV Globo (Dos Caras, de Aguinaldo Silva, exhibida de octubre de 2007 a mayo de 2008, con la olvidable analogía de la comunidad de Río de las Piedras, llamada de Portelinha, una parodia de favela donde nacen las milicias parapoliciales) romantizó la situación, atenuando la existencia de las milicias parapoliciales, como naturalizando un “estado de naturaleza” entre los pobres de la metrópoli. Ya en el ambiente interno de las instituciones coercitivas fluminenses (cuya tragedia es pasible de ser nacionalizada), la estructura de la banda putrefacta salta a los gritos. Tomando en cuenta el informe final de la Comisión Parlamentaria de Interrogatorio (CPI) de las Milicias concluido en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro en noviembre de 2008 y la opinión pública, influenciadas por las obras ya citadas, esta Guillotina ya debería estar cortando hace más tiempo y en volumen mayor.

La reanudación del control del Estado en el Complexo do Alemão y en Vila Cruzeiro tuvo cómo fuerza propulsora un esquema de propaganda para etiquetar con marcas de un pasado que no pasó. El teatro de máscaras cayó estrepitosamente. Una vez más la Ciudad Maravillosa sorprende el mundo, y para peor.

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