La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha convertido en un organismo sumamente diligente, para actuar contra el Estado y el pueblo venezolano.
En mayo del año 2002, luego del golpe de estado perpetrado contra nuestra democracia, la CIDH visitó nuestro país. En diciembre del año siguiente, la Comisión publicó un Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en el mismo pretendió atribuirse el derecho de dictar pautas sobre el comportamiento de nuestro gobierno, a lo que llamó “recomendaciones”.
A partir de entonces, comenzó a demostrar sus claras intenciones en contra de nuestra patria, ha pretendido abrogarse el derecho de emitir opiniones y veredictos sobre el funcionamiento de nuestro proceso de transformación revolucionaria. Allí reside su primer gran error. Creyó que los venezolanos doblaríamos la “cerviz”, ante semejante despropósito.
La CIDH ha solapado sus verdaderos objetivos de contribuir con la desestabilización de nuestro sistema democrático, de ser parte de los movimientos que -tanto en lo interno como en el exterior- conspiran contra nuestra revolución, al aducir nuestra oposición a una nueva visita suya, como el elemento probatorio de que en nuestro país se violan los derechos humanos.
En su afán colaboracionista de la desestabilización política de la democracia participativa y protagónica que los venezolanos nos hemos dado, ha recurrido a las más diversas e inverosímiles acusaciones. Al calificar el golpe de estado del 11 de abril del año 2002, como un “quiebre institucional”, se coloca al lado de los golpistas, quienes -en la justificación de su conducta- han hablado de que ese día se produjo en nuestro país un “vacío de poder”. La CIDH, ha tenido el atrevimiento de inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Ha afirmado que en Venezuela no existe la separación e independencia de los poderes públicos, llegando al extremo de afirmar que se utiliza “el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”. La CIDH ha asegurado “que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor”. Ha llegado al extremo de afirmar que en nuestro país no existen libertades públicas. Ha pretendido, incluso que violemos nuestra Constitución Nacional. Para solo señalar algunos de sus desmanes.
No hay duda, al actuar de esa manera, la CIDH se coloca al servicio de los intereses más oscuros de quienes pretenden impedir que los venezolanos definamos -y nos demos- nuestro propio destino. Al actuar de esa manera, la CIDH, revela que sus objetivos, en cuanto al caso venezolano se refiere, son básicamente, el de actuar al servicio de la política emanada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como centro fundamental en el cual se diseñan, planifican y financian los planes desestabilizadores y golpistas contra nuestro proceso de transformación revolucionaria; así como también, pone de manifiesto que ésta, más que una institución defensora de los Derechos Humanos, ha sido convertida en una franquicia dedicada al lucro económico.
Afirmación que se puede constatar, al revisar la actuación de la CIDH en los últimos años. No resulta ninguna casualidad que cada vez sea mayor la cantidad de estados del hemisferio sancionados en la Corte Interamericana, la cual actúa en base al expediente emanado por la CIDH; como no resulta, asimismo, ninguna casualidad que las sanciones imputadas deban ser canceladas con la imposición del pago de altas sumas de dinero en dólares. Lo cual ha permitido que, en torno de ellas, se haya conformado una asociación de juristas, sobre todo del cono sur y Venezuela, en asociación con la American University.
Pues bien, nuestro gobierno tuvo la oportunidad de demostrar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, reunido el viernes 7 del presente mes en Ginebra, la manera como en Venezuela existe un inquebrantable respeto por los Derechos Humanos.
En su brillante intervención el Canciller Nicolás Maduro, puso de manifiesto que para nuestro gobierno, y el pueblo venezolano todo, “la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos”, son la garantía para alcanzar un buen vivir.
Sin embargo esta universalidad está siendo seriamente amenazada por las pretensiones colonialistas y hegemónicas del imperio, a las cuales la CIDH sirve en la región. Mientras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cinco comisionados nos acusan, en el Consejo de derechos Humanos de la ONU, más del ochenta por ciento de los países miembros reconocen y nos felicitan, por nuestros avances en el respeto y garantía de los derechos humanos. ¡Qué enorme diferencia!
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