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Los servicios de inteligencia norteamericanos están haciendo esfuerzos sistemáticos para fortalecer la oposición política en países de América Latina que Washington considera inamistosos. La estrategia comprende la radicalización de los actuales partidos y agrupaciones políticas, más la creación de otros nuevos, llevando agendas cada vez más agresivas y la formación de una red de ongs, aparentemente inofensivas, listas para lanzar ataques masivos contra los regímenes de sus respectivos países cuando sus patrocinadores y curadores así lo decidan. Se trata de una realidad que la prensa y los medios electrónicos en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela abruman a sus audiencias con acusaciones que los populistas que gobiernan son completamente incapaces de solucionar problemas como la corrupción, los delitos relacionados con el narcotráfico o modernizar la economía de los países que ellos gobiernan.
Hay cálculos que indican que el 80 por ciento de los medios de comunicación de masas en los países del ALBA están atacando a los líderes de sus países en una campaña permanente de guerra desinformativa y brindando respaldo propagandístico a las ongs pro-Israel y pro-Estados Unidos. De hecho, el enfrentamiento entre los gobiernos del ALBA y sus opositores, es decir, las ongs y la quinta columna controlados por Washington es en muchos aspectos un fenómeno único. Mientras los líderes populares latinoamericanos, Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez se rigen estrictamente según las constituciones de sus países, el campo contrario, en principio, no reconoce los límites legales, especialmente cuando la situación promete una revolución de color. Para la mayoría de ellos, la escalada desde una revuelta a una guerra civil total resulta el escenario ideal ya que un conflicto sangriento produciría el pretexto para una intervención militar norteamericana.
Rafael Correa, quien constantemente es objeto de ataques por parte de los medios de comunicación de masas y ongs que a su vez retransmiten profusamente sus invectivas, se querelló contra el diario El Universo a raíz de un artículo de opinión donde a él se le describía como dictador y se le acusaba de ordenar abrir fuego en un hospital repleto de civiles y gente inocente. Esta fue la interpretación de El Universo de un episodio que tuvo lugar el 30 de septiembre del 2010 durante la rebelión policial organizada por la CIA en Ecuador. En ese momento, Correa escapó por poco a un atentado contra su vida, fue forzado a tomar refugio contra el fuego de francotiradores en el edificio de un hospital. Además, la columna que Correa condenó como “libelo difamatorio” incluía una amenaza levemente disimulada contra el líder ecuatoriano –decía que “el dictador deberá cuidarse de la posibilidad que el siguiente presidente ordenaría juzgarlo por ordenar abrir fuego contra civiles sin “previa notificación”. Se realizaron tres investigaciones judiciales ya que Correa estaba decidido a obtener un pronunciamiento formal sobre el caso, descartando los pedidos de varias agrupaciones por la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP del Comité de Empresarios del Ecuador, etc., quienes de manera concertada trataron de coaccionarlo para que se desistiera del caso. Eventualmente, el tribunal emitió una sentencia condenatoria aplicando una multa de 40 millones de dólares y una condena de tres años de cárcel para los dueños de El Universo y para el autor del artículo. Este último, rápidamente solicitó asilo político en Estados Unidos y todo el equipo huyó hacia Miami para evadir el castigo. Correa hizo hincapié en que el veredicto sentó un precedente importante para toda América Latina y quedó claro que la libertad de prensa debe ser un derecho disfrutado por todos y no solo por aquellos que son lo suficientemente ricos como para dirigir el negocio de la prensa.
Desde el mes de septiembre del 2009 la Asamblea Nacional del Ecuador ha estado debatiendo un código para los medios de comunicación de masas elogiado por Correa como el más progresivo y más democrático del Hemisferio Occidental.
De acuerdo con el líder ecuatoriano, la nueva legislación refleja los más amplios intereses de la nación, debería poner fin a la concentración de los medios de comunicación de masas en manos de unos pocos escogidos y proteger a los medios de la corrupción y de la presión del gran capital. En sentido contrario, la oposición y las ongs que responden a la embajada norteamericana, dicen que la nueva ley es una mordaza para silenciar la libertad de expresión y que tanto los periodistas como los dueños de los medios practiquen la auto censura. Los críticos sostienen que la ley le permitirá a Correa dictar las reglas del juego en la esfera informativa, que el control personal de los medios públicos daría oportunidades para denigrar a los opositores del gobierno y que la amenaza de multas multimillonarias sería empleada para amedrentar a los medios independientes.
Precisamente, el texto informativo que la oposición pretende distinguir en el horizonte es lo que Correa quiere erradicar. El plan consiste en que el gobierno y los medios públicos y privados estén sujetos al mismo conjunto de normas y que las disputas sean sometidas a un consejo independiente de medios para su arbitraje. Una parte de la misión del consejo será la de construir una barrera en la vía de los materiales de los medios que hagan apología de la violencia, contengan pornografía o que ofrezcan perspectivas discriminatorias. Se trata de una piedra angular para los futuros medios del Ecuador que ninguna publicación pueda ser clausurada sobre la base de decisiones administrativas, lo cual significa que el argumento de la oposición que Correa le va a asignar al consejo de los medios funciones de censor, no tiene ningún sentido. El código de justicia ecuatoriano incluye un artículo sobre los delitos cometidos por publicaciones, que establece que aparte de la responsabilidad de los autores, los editores y los publicistas son responsables del libelo y la pena alcanza hasta tres años de cárcel. Deberá también notarse que una línea importante en la lista de prioridades del gobierno de Ecuador se refiere a la tarea de aumentar la supervisión de las ongs que han proliferado en el país a una velocidad abismante.
Es evidente que Correa y sus colaboradores más cercanos consideran entre los riesgos más importantes a corto plazo la posibilidad de un intento de golpe de estado, en el cual, de acuerdo con el escenario norteamericano, las ongs recibirían aportes financieros adicionales en el caso supuesto que garanticen la participación de grandes cantidades de manifestantes.
Bolivia es un país donde se ha tomado medidas drásticas para controlar la influencia política de los magnates de los medios. En el mes de julio del 2011 el congreso nacional a través de una mayoría convincente, pasó una ley que impone un tope de 33 por ciento en la participación del sector privado en la industria de la radiodifusión (originalmente la participación solía llegar al 90 por ciento del mercado). Licencias para medios de comunicación fueron entregadas durante el proceso de reforma de las Comunidades Indígenas, sindicatos y agrupaciones sociales de Bolivia. El gobierno piensa que la nueva ley de los medios garantizará una mejor calidad y diversificación de la cobertura noticiosa y contribuirá a tomar en cuenta los intereses de la población indígena boliviana. El presidente Morales rechaza la opinión de la oposición que estas fueron citadas como pretexto para darle a él un control más fuerte sobre los medios de comunicación de masas. Sin duda alguna, la cobertura no prejuiciada ha sido lo que los indígenas de Bolivia han carecido las últimas décadas, considerando que durante este período ellos han sido tratados como el blanco preferencial por numerosas ongs especializadas. Actualmente el gobierno liderado por Evo Morales debe tener en mente que la embajada norteamericana en Bolivia tiene un fuerte potencial para arrastrar a comunidades indígenas hacia actividades de protesta.
El proyecto boliviano para la modernización de los medios de comunicación de masas continuará desarrollándose hasta el año 2016, plazo en el cual expiran las licencias emitidas anteriormente. Su implementación particularmente servirá para controlar los vaivenes mediáticos de la iglesia católica que en este momento dirige 800 (¡!) radioemisoras en el país. Del mismo modo, los canales privados de televisión verán reducida su participación en el mercado. Hasta el día de hoy, muchas de las actividades de los medios en Bolivia emanan de la provincia de Santa Cruz, crónicamente oposicionista. En consecuencia, los medios alimentan la hostilidad contra el gobierno de Morales, promueven el separatismo, el racismo y casi abiertamente fomentan el terrorismo como un medio aceptable para resistir al gobierno. La nueva ley autoriza al gobierno para imponer sanciones a los medios, incluso a aquellos con base en Internet si ponen en peligro la seguridad nacional, haciendo el papel de coordinadores en los juegos subversivos de las ongs o fomentando la discriminación racial.
Más de cien radioemisoras y una cantidad de redes privadas de televisión operan sin ninguna censura en Nicaragua, bombardeando al gobierno Sandinista con críticas, en su mayoría infundadas. Daniel Ortega, un líder con experiencia en haberle sido negado el acceso a los medios de comunicación durante la época cuando lideraba la oposición a los gobiernos neoliberales, obviamente estaba preparado para asumir el reto. La red de radioemisoras Sandinistas se expandió luego de su ascensión al poder más un canal de televisión, Canal 13 --dirigido por sus hijos Camila, Luciana y Muricio --que se convirtió en el tercer canal televisivo Sandinista. Se espera que el canal se convierta en el número uno entre los medios nicaragüenses. Una de sus prioridades es el desenmascaramiento de las ongs que adelantan campañas anti gubernamentales inspiradas por la CIA. Las ongs luchan por socavar el prestigio del régimen Sandinista, presionan por el cierre de los programas de ayuda internacional a Nicaragua y producen programas negativos sobre la cooperación de Nicaragua con los países del ALBA, China y Rusia. Dicho sea de paso, el activista ruso de derechos humanos, Ilya Yashin hizo una visita a Nicaragua con el probable propósito de intercambiar experiencias con sus pares en el país.
Venezuela puso en vigencia una ley para la Defensa de la Soberanía Política y la Auto determinación Nacional en diciembre del 2010. En realidad, esta ley hacía falta hace tiempo en el país donde los servicios de inteligencia extranjeros y las fundaciones norteamericanas han creado una extensa red de ongs que de manera sincronizada se prepara para repetir el abril del 2002 lo cual ha dejado muy claro que los activistas de las agrupaciones son simples agentes contratados por fuerzas foráneas y listos para sacrificar sin remordimientos las vidas de sus compatriotas. El objetivo de la ley es imposibilitar el flujo de dinero desde el exterior a las ongs en Venezuela. Actualmente, toda forma de apoyo exterior para las ongs en Venezuela está prohibido y estas tienen que cumplir con requisitos de absoluta transparencia financiera. Las ongs encontradas culpables de financiamiento ilícito tendrán multas que duplicarán la cantidad recibida desde el exterior. El preámbulo de la ley explica de manera inequívoca que la sanción será administrada a venezolanos y extranjeros por irrespeto a la soberanía y estabilidad del país o por perturbar el funcionamiento de sus legítimas autoridades.
Por ley, los dirigentes de las ongs en Venezuela sorprendidos recibiendo dinero desde el exterior, pierden su derecho a participar en actividades políticas por un período de cinco a ocho años. El derecho a participar en campañas políticas puede ser revocado o severas medidas de carácter fiscal serían aplicadas por faltas reiteradas. La ley incluye cláusulas específicas tales como una combinación de pesadas multas y deportación de extranjeros invitados a Venezuela por las ongs que expresen desacato público por las instituciones del gobierno venezolano o sus funcionarios.
Es muy improbable que las medidas legislativas tomadas en los países del ALBA hagan que las agrupaciones y los medios que de hecho operan como agentes extranjeros en sus territorios renuncien a sus actividades subversivas, pero en todo caso, el mensaje es legible en el sentido que nadie puede pretender quedar impune ante la ley y ningún tipo de actividad del enemigo será tolerada.
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