A comienzos de los años noventa de la centuria pasada, las naciones americanas se encontraban sumergidas en una crisis de carácter multidimensional, las políticas neoliberales implementadas antes que resolverla la habían agudizado. Dicha crisis se expresaba en el indetenible crecimiento de los déficits sociales, del cada vez mayor endeudamiento externo, el producto interno bruto experimentaba una de sus mayores caídas, el rol del Estado había sido reducido al de simple gendarme, el gasto público para el sector social había sido reducido de manera drástica, el ingreso real de los trabajadores asalariados experimentaba su mayor caída, el crecimiento interno se había detenido por la reducción de la inversión financiera, el desempleo alcanzaba niveles históricos a la vez que crecía el sector informal de la economía, los servicios públicos habían alcanzado niveles calamitosos, variables –entre otras- que determinaron el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la región; ello incidió, de manera decisiva, en el surgimiento de nuevos movimientos sociales que reclamaban, cada vez con mayor fuerza, el cumplimiento de las promesas ofrecidas, una mayor presencia y participación democrática en la toma de decisiones.
Se había generado en la región un escenario sociopolítico de grandes contradicciones, ante las cuales no había respuesta. La crisis del Estado, de los partidos políticos, la emergencia y presión ejercida por los sectores populares, el descontento de los sectores empresariales nacionales que veía como se reducía su poder ante el fortalecimiento de los grupos económicos multinacionales, la presión de la iglesia, de las fuerzas armadas, la “institucionalización” de prácticas especulativas y su vinculación con la corrupción, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, determinaron que se conformará un continente lleno de incertidumbres, lo que hizo pensar al gobierno de los Estados Unidos sobre los riesgos que corrían sus intereses y dominio de la región, ante un quiebre del orden establecido.
Situación ante la cual, al Presidente Bill Clinton no se le ocurrió otra idea que la de convocar a un encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno, denominado: “Cumbre de las Américas”, realizado en el año 1994, en la ciudad de Miami; evento del cual fue excluido el Gobierno Constitucional de la República de Cuba, Presidido por el Comandante Fidel Castro Ruz, nación que había sido expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 1962, a solicitud del gobierno de Venezuela, presidido por Rómulo Betancourt.
La decisión de convocar este encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno de la región fue inscrito en la necesidad de crear un nuevo organismo hemisférico que, sin plantearse sustituir a la OEA, tuviese un mayor nivel de decisión y credibilidad que ésta; así como también, en el interés del mandatario norteamericano, en el hecho de hacer concesiones a los sectores anticastristas, residentes en la Florida, y darle un espaldarazo ante el desprestigio que dicha colonia de inmigrantes había alcanzado.
A ambas hipótesis le asignamos una cierta pertinencia; pero, el objetivo fundamental, que se proponía el gobierno estadounidense, era otro: trazar nuevos lineamientos que condujeran a reimpulsar el neoliberalismo en la región, a través de la readecuación de las políticas emanadas del Consenso de Washington, ejecutadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a través de los programas de ajuste macroeconómico, con la intención de acelerar su definitiva consolidación.
Lo aprobado
La revisión de las Declaraciones y su respectivo Plan de Acción, aprobados en las cumbres realizadas hasta ahora, dejan ver que en las mismas se recogen, casi de manera textual y recurrente, los textos emanados de otros encuentros hemisféricos y, de manera particular, de las asambleas generales de la OEA. Sobre todo en lo referente a la democracia, libertad de expresión, derechos humanos, seguridad hemisférica, a la lucha contra el terrorismo, contra el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, tráfico ilegal de armas, etc.
La experiencia adquirida, durante los años en que nos correspondió representar a nuestro país en la OEA, nos dice que estos documentos sintetizan los fines políticos propuestos a alcanzar, con la realización de eventos de esta naturaleza; por lo que, el multilateralismo constituye un escenario en el cual cada una de las partes pretende imponer su parecer, sobre un determinado aspecto de la política internacional.
Así tenemos por caso que, el gobierno de los Estados Unidos, en la Declaración de Miami, la cual denominó: Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas, aspiraba imponer un modelo de integración basado en el libre comercio. Se afirma en dicho documento que, como factor clave para el desarrollo y el progreso se debía establecer un “comercio sin barreras”, por lo que: “decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del ‘Área de Libre Comercio de las Américas’ en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la inversión”. Decisión que se adoptaba sin tomar en cuenta las desigualdades, disparidades y desequilibrios existentes en la región.
En la Segunda Cumbre de las Américas, realizada Santiago de Chile, Chile, entre el 18 y 19 de abril de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron una Declaración de Principios, conocida como la Declaración de Santiago.
En ella los Mandatarios afirman que: “Desde nuestra reunión en Miami, hemos alcanzado beneficios económicos reales en las Américas como resultado de un mayor grado de apertura comercial, de transparencia en las reglamentaciones económicas, de políticas económicas sólidas consistentes con una economía de mercado, además de los esfuerzos efectuados por el sector privado para aumentar su competitividad. Aún cuando algunos países de la región han sido afectados por presiones financieras y otras dificultades económicas, junto con los severos contratiempos económicos que han sufrido ciertas naciones de otras regiones, la tendencia general en las Américas ha estado marcada por un crecimiento económico más rápido, menores índices de inflación, mayores oportunidades y confianza al insertarse en el mercado globalizado. En gran medida, estos logros se deben a los esfuerzos sostenidos en favor de la cooperación desplegados por nuestros países con el fin de fomentar la prosperidad mediante una mayor integración y apertura en la esfera económica. (…) Tenemos confianza en que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) mejorará el bienestar de nuestros pueblos, incluyendo a las poblaciones en desventaja económica en nuestros respectivos países”.
En la tercera Cumbre de las Américas, realizada en Quebec, Canadá, año 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas renovaron su compromiso con la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de nuestros pueblos. Fue, precisamente, en esta cumbre que los Jefes de Estado y de Gobierno acogieron con más fuerza, y formularon mandatos precisos, para la instrumentación del ALCA.
En tal sentido, valoraron como positivo “el progreso significativo logrado hasta la fecha para el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), incluyendo la elaboración de un borrador preliminar del Acuerdo ALCA”. Ratificando lo acordado en la Cumbre de Miami, por lo que: “La decisión de hacer público el borrador preliminar del Acuerdo ALCA es una muestra clara de nuestro compromiso colectivo con la transparencia y con una comunicación creciente y sostenida con la sociedad civil”. En tal sentido, instruyeron a sus “Ministros que aseguren que las negociaciones del Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar, en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, y no más allá de diciembre de 2005. Esto será un elemento clave para generar el crecimiento económico y la prosperidad en el Hemisferio, y contribuirá al logro de los amplios objetivos de la Cumbre”.
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