En su reciente viaje furtivo a Colombia, el candidato de la oposición afirmó que “Colombia ha logrado reducir la violencia” y se refirió a Medellín como el ejemplo a seguir. Conviene que HCR se informe mejor, porque si bien es cierto que hasta el 2007 venía reduciéndose la tasa de homicidios en esa ciudad, como consecuencia de la salida del juego del capo del narcotráfico Pablo Escobar y de la entrega negociada con el gobierno de Uribe con el jefe narcoparamilitar de Antioquia “Don Berna”, a partir de ese año viene incrementándose nuevamente el índice de homicidios, el cual según cifras de la Policía Nacional llegó a 2.023 en el 2010, equivalente a 74.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Hay que recordar que aún cuando se produjo una desmovilización de los jefes paramilitares que confiaron que Uribe no los extraditaría a EEUU, se estima que permanecieron activos más de 23.000 de ellos. Es así como el gobierno logró mediante un pacto con los paracos un cese al fuego temporal, que luego rompió al enviarlos al norte para su enjuiciamiento. A partir de esta ruptura se ha venido desarrollando la reorganización y el enfrentamiento entre las bandas criminales (BACRIM) de narcoparamilitares por el control de los territorios, las cuales se fortalecieron en el gobierno de Uribe mediante la penetración de instituciones claves del Estado colombiano como la Fiscalía, el Parlamento y el DAS. La nueva ola de violencia en Medellín y otras ciudades colombianas sigue estando asociada al narcotráfico, la extorsión, el paramilitarismo y a la delincuencia común.
Este repunte de la criminalidad en Colombia demuestra cuán endeble y contradictoria fue la llamada “política de seguridad democrática” de Uribe, con sus falsos positivos, sus fosas comunes, sus “chuzadas” y su entrega de la soberanía colombiana al imperio. Esta, al ser exhibida en Venezuela por HCR y su edecán Leopoldo López como un paradigma, revela su extravío de la realidad y reafirma su adhesión al modelo de seguridad uribista violador de los DDHH. Además, al manejar la seguridad como un asunto exclusivo del gobierno nacional, pretende ocultar sus magros resultados en esa materia como gobernador de Miranda.
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