Insistiendo con el tema de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta importante señalar algunos argumentos que nos servirán de base para la batalla ideológica. En eso andamos.
El Sistema Interamericano deviene de la propuesta y adhesión de los Estados Americanos a un sistema de naturaleza jurídico- institucional, que consiste en tomar para sí postulados propuestos en el Pacto de San José o Convención Americana e invocar y propiciar, la protección de los derechos humanos civiles y políticos de los americanos. Hasta allí estamos bien. Pero resulta, que desde la visión relista de las relaciones internacionales y desde la posición imperialista de los EEUU y Canadá, la institucionalización de ese sistema regional jurídico-político, se diseñó a los fines de convertirlo en un sistema supranacional a fin de poder ejercer legalmente, el enjuiciamiento y condena de los Estados latinoamericanos, como violadores de derechos humanos individuales: es decir, el sistema es bueno para la pava, pero para los pavos no. Semejante discriminación, es una manera soterrada de impedir nuestra autodeterminación, con claras intenciones de dominación.
Es cierto que el Sistema Interamericano ha servido en muchos casos justos para condenar a los Estados que han violado y violan los derechos humanos, pero y he ahí una de mis dudas: ¿porqué será que desde la visión del Pacto no es concebible que una empresa transnacional envenene las aguas de los ríos y no sea violadora de los derechos humanos de la población? ¿Cómo no puede ser violación de derechos humanos, cuando un grupo económico o comunicacional se carteliza y se alía para mentirle y manipular a todo un país? La discusión entonces es estructural, pues en tiempos de globalización donde el mercado y el capital intentan –cual pulpo- controlar cada vez más recursos naturales, financieros, energéticos y en fin la cultura y la economía de los países, el paradigma atrasado de que sólo los Estados son susceptibles de convertirse en violadores de derechos humanos ha quedado atrás, según mi criterio.
Los instrumentos jurídicos que desarrollan tanto el Sistema Interamericano, así como la OEA –entre ellos la Carta Democrática- representan claros intentos por segmentar la visión que del sistema democrático se tiene. ¿Porqué aseguro esto? Es que si revisamos el texto de estos documentos, nos daremos cuenta que las potencias que propiciaron la conformación de estas instituciones -EEUU y Canadá principalmente-, diseñaron un modelo de “sistema democrático” a su medida y real saber y entender. Todos aquellos países que en su momento firmamos estos documentos, lo aceptamos de buena gana, era impensable en esos momentos otra alternativa, sólo Cuba unos años después los desafío y ya conocemos sus consecuencias para el hermano país. Ahora bien, ¿cuál es ese modelo que estos países propiciaron? Pues la democracia representativa –revisen los textos y se darán cuenta de ello-, por tanto para la OEA y el Sistema Interamericano, en contradicción a sus propios reglamentos y a la propia Convención, -que reconocen el derecho a los Estados miembros a darse su gobierno-, pues en la práctica esa visión única, sólo admite el de la democracia representativa- y ahí tenemos pues el primer corto circuito que existen entre estos instrumentos legales políticos, sus instituciones y Venezuela.
Venezuela, quien desde hace 13 años decidió apostar por un modelo democrático distinto y alternativo a la democracia representativa que creemos ha colapsado y se ha agotado, pues ningún sistema político que no resuelva los más sentidos problemas humanos y respete no sólo los derechos políticos y civiles indispensables para la democracia, sino que además reconozca los derechos económicos, sociales, ambientales y de los pueblos originarios, simplemente está condenado al fracaso. Veamos lo que sucede alrededor de la aldea global y comprobemos si estoy en lo cierto o no.
Esta mafia en la que se ha convertido tanto la Comisión como la Corte Interamericana, está pensada para esto: controlar vía sentencias, recomendaciones y jurisprudencia el derecho interno de cada país –y que casualidad que sólo se les aplique a los países latinoamericanos- y con ello, evitar que florezca cualquier alternativa al modelo previsto y defendido desde estas élites jurídicas políticas como lo es la democracia representativa.
Pero en Venezuela encontramos un camino distinto, levantamos la voz frente al trato discriminatorio que se nos impuso y que nuestros gobernantes –oligarquía al fin que no les importa nuestros países sino sus capitales- claudicó y entregó tranquilamente frente a la trampa propuesta. Por ello nos estigmatizan y nos condenan. Se hicieron los locos, sordos, ciegos y mudos frente a las violaciones masivas de derechos humanos del pasado –desaparecidos, asesinados, presos políticos de verdad verdad y sin fórmula de juicio- y nos condenan hoy porque a un corrupto se le aplica la ley, o porque un tercero ocasiona una lesión a un periodista, y como no pueden negar que en Venezuela no hay libertad de expresión, nos condenan porque “no le garantizamos su seguridad para el libre ejercicio de su libertad de expresión”.
En fin, este comportamiento sistemático, contumaz, reincidente y de evidente extralimitación de los órganos del Sistema Interamericano, así como su falta de competencia –violentando incluso lo previsto en sus propios instrumentos jurídicos- no hace otra cosa que convencernos cada día más, de la necesidad de denunciar la competencia y los procedimientos que estas dos instancias han implementado en el caso venezolano y que auguramos se aplicará en otros países que no sigan la línea planteada, por la visión del modelo democrático representativo, es decir, la democracia vista e impuesta desde los centros de poder, al mejor estilo norteamericano.
Sin embargo, no basta denunciar la Convención, hay otros instrumentos relacionados con ésta que debemos denunciar para deslastrarnos de esta rémora, como por ejemplo el artículo 53 literal e) y el 106 de la Carta Americana que da vida a estas dos instancias y reconoce que son parte de la OEA. Y aún así, con esta denuncia, es imprescindible la creación de organismos que defiendan los derechos humanos desde y en Latinoamérica; organismos que, sin la visión estigmatizada, parcializada e interesada que lamentablemente existe en la actualidad, ello debido a que los países latinoamericanos intentan recuperar su soberanía adoptando modelos democráticos alternativos –que no niegan la democracia representativa sino que van más allá de ella- y que verdaderamente protejan, respeten y hagan así respetar los derechos humanos, ya no cómo una excusa para invadir a los Estados “renuentes a seguir recetas”, sino que sirva de apoyo y acompañamiento a los pueblos en sus luchas más sentidas. Esta es una tarea urgente, empujemos pues para la creación de estos espacios alternativos, no lo dejemos para última hora ni permitamos que estas mismas mafias y mafiosos de los derechos humanos nos entrampen.
alecucolo@cantv.net
