Como parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, nacido a partir de la Convención sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entró en funcionamiento en 1978 como la institución encargada de someter a derecho a los gobiernos del continente que desarrollen políticas violatorias de los derechos fundamentales de las personas.

El Sistema Interamericano cuenta también con la Comisión Interamericana, cuyo origen data del año 1960 y se deriva de la Carta de la Organización de Estados Americanos, y funciona como órgano de control de los compromisos asumidos, en materia de DD.HH. por los estados miembros de la OEA.

Como país miembro de la OEA, Estados Unidos y Canadá deberían estar bajo supervisión de la CIDH, por lo que sus acciones dentro y fuera del Continente deben estar bajo observación del ente Interamericano.

Sin embargo, esta teoría nunca ha llegado a la práctica, toda vez que la CIDH jamás elaboró un solo informe sobre la discriminación racial (aun existente) en Estados Unidos, ni siquiera en los tiempos de lucha de Martin Luther King ni durante el exterminio de las Panteras Negras. Mucho menos se ha atrevido a condenar ninguna de las atroces guerras imperialistas de Washington, muchas de las cuales han sido acompañadas por Ottawa.

Esta ceguera es totalmente opuesta al ensañamiento que ha mostrado la Comisión contra la Revolución Cubana, que sólo entre 1960 y 1983 había sido objeto de 7 informes anuales sobre la situación de DDHH en la Antilla Mayor.

Esta actitud se ha repetido contra la Revolución Bolivariana, que  ha sido atacada y sometida al "estudio" de la Comisión en varias ocasiones, utilizándose toda clase de excusas, mientras se cometían toda clase de crímenes en otros países. Como por ejemplo en Colombia, donde las Fuerzas Militares protagonizaron el escándalo de los "Falsos Positivos", que consistió en la ejecución de más de 200 civiles desarmados e inocentes, a los que el ejército colombiano hizo pasar por guerrilleros muertos en combate.

Tampoco se ha pronunciado la CIDH contra el desplazamiento de los indígenas Mapuches en Chile, y mucho menos contra la aplicación de la Ley Antiterrorismo, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, uno de los regímenes más asesinos y sangrientos del siglo XX en América Latina.

Estos son solo ejemplos que nos ilustran la moral que tienen la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar a los países del continente.

El Sistema Interamericano de Propaganda

En este marco de atención y desatención a ciertos temas, se vuelven curiosos ciertos llamados, como el formulado por la Euro Cámara, para que Venezuela no abandone la Comisión Interamericana de DD.HH. "para evitar el aislamiento del país". 

Esto no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que Estados Unidos y Canadá no ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, con lo que decidieron quedarse fuera del Sistema Interamericano, al no aceptar la competencia de la Corte Interamericana.

Además, se supone que todo Estado miembro de la OEA está bajo supervisión de la Comisión, que ha formulado muy pocas recomendaciones a Washington, las cuales, han gozados de nula difusión mediática y de una aun menor (si cabe) atención por parte de la Casa Blanca.

De hecho, el cinismo de la Comisión es tal, que tras 10 años de torturas, detenciones  arbitrarias, desapariciones forzadas, abusos y encarcelamiento de niños y niñas, apenas en marzo de 2012 la Comisión aceptó la primera denuncia de uno de los prisioneros del Campo de Concentración de Estados Unidos en Guantánamo, donde además ocupa ilegalmente territorio cubano.

En conclusión, el Sistema Interamericano de DD.HH. es, cuando menos, una trampa tendida por Estados Unidos y Canadá contra los países de América Latina, que quedan atados a una serie de compromisos que bien vale la pena cumplir y defender, pero que desde el primer día han sido desvirtuados por el mismo Sistema.

Pero además, el Sistema Interamericano es un instrumento de propaganda utilizado para deslegitimar y desprestigiar a ciertos gobiernos, y cualquier intento por alejarse de su dañina influencia se convierte en un arma de fuego que empuñan los gobiernos dominantes (los mismos que impunemente asesinan pueblos y derrocan gobiernos alrededor del orbe) y apuntan a los prisioneros del sistema de dominación global impuesto tras la Segunda Guerra Mundial.

Aun así, los gobiernos progresistas de la Región están obligados por la realidad y la ética, a abandonar el hipócrita Sistema Interamericano de los Derechos de Washington y dar nacimiento a nuevos órganos que no sólo faciliten la defensa de los habitantes de la Patria Grande, sino que estén en capacidad de hacer frente a los poderes dominantes del hemisferio norte del mundo, poniendo al descubierto los crímenes y atrocidades que éstos contra los pueblos en todas partes del planeta.