Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona
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La cuadragésima segunda sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA estaba programada para la Seguridad Alimentaria. Pero no fue así el caso. La agenda fue copada por otros candentes problemas, aquellos que el supervisor permanente de la OEA detrás de la escena, el Departamento de Estado, trató de neutralizar y silenciar. El foro se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia y el Presidente Evo Morales, indígena originario, fue el anfitrión.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA ya había acumulado un verdadero y alto potencial para rechazar a la OEA y del mismo modo se esperaba severas intervenciones. No obstante, ni una sola vez los países del ALBA han dicho que la burocracia de la OEA actúa como se lo indica el Imperio, que toma decisiones según sus intereses al tiempo que ignora importantes iniciativas de los países latinoamericanos y caribeños. Pero lo más inaceptable resulta ser el uso de la organización para ejercer presión sobre los estados miembros que se rehúsan a ser títeres de Washington.
Antes que se iniciara la sesión de la Asamblea General, esta ya había sido duramente criticada por el Presidente Hugo Chávez desde Caracas. Tildó a la organización como “desgastada y arcaica” que sirve a los intereses de Estados Unidos e ignora la idea de la integración de América Latina. El líder venezolano abogó por la reforma de la organización, señalando que “si esto no se lleva a efecto eliminaremos la OEA”. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa asistió personalmente para participar en el foro, exigió una reconfiguración total de la organización y fustigó duramente a los burócratas que disfrutan jugosos cargos en las estructuras de la OEA.
Se comprende que la Secretaria de Estado Hillary Clinton no deseara estar en el epicentro de la “revuelta latinoamericana” de manera que no quiso asistir –sin dar explicaciones inteligibles. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza señaló que “ella tenía cosas más importantes que hacer”. ¿Cómo se entiende esto? ¿Debería entenderse que la elaboración de enfoques conjuntos para tratar los problemas del Hemisferio Occidental no figura en la lista de prioridades del Departamento de Estado? ¿O es que cualquiera cosa que suceda al sur del Río Grande no es de especial importancia para Washington? El mensaje subyacente de Insulza, expresado con irritación, fue claro: una vez más el Departamento de Estado se la jugó. Tendría que arreglárselas él solo ya que la Asistente de la Secretaria de Estado, Roberta S. Jacobson, no tiene ninguna autoridad. Barack Obama no quiere ninguna confrontación pública en el “escenario latinoamericano” antes de las elecciones presidenciales. Sin duda que sus opositores republicanos aprovecharían el “humor rebelde” a su ventaja diciendo que los demócratas perdieron América Latina cediendo una posición tras otra frente a los “populistas” encabezados por Hugo Chávez y los hermanos Castro.
Tal como lo predijo Insulza en Cochabamba, los representantes de los “estados populistas” exigieron vigorosamente drásticas reformas e incluso la disolución de la OEA, organización que fue establecida según el patrón definido por Estados Unidos el año 1948 como una estructura de “movilización política”. Primeramente fue utilizada como una herramienta durante la Guerra Fría con la URSS, entonces el Bloque Socialista y posteriormente contra la Revolución Cubana. Hoy en día se emplea con el objeto de luchar contra la “amenaza del terrorismo global” y contra los “regímenes populistas.” La OEA descansa sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.
Los cincuenta años de bloqueo contra Cuba han tenido un efecto devastador sobre el TIAR. La crueldad del Imperio en relación con un pequeño país que se atrevió a iniciar un proyecto nacional de justicia social, fue demasiado para ser ignorado, aun hasta por los regímenes conservadores de derecha. La solidaridad latinoamericana prevaleció. La votación en Naciones Unidas para detener el bloqueo contra la Isla es una buena demostración de esto.
La colaboración norteamericana –abierta y encubierta—con el Reino Unido el año 1982 propinó un fuerte golpe contra los principios básicos del TIAR. Al tratar de restablecer su soberanía sobre las islas, Argentina sufrió una derrota en la guerra por las Islas Malvinas. La fuerza expedicionaria inglesa recibió el apoyo del Pentágono. Los servicios especiales norteamericanos recolectaron información sobre América Latina y la misma Argentina con el objeto de reforzar las acciones de combate de su aliado estratégico. Estados Unidos incumplió todas sus obligaciones con América Latina respecto de la “defensa garantizada” contra un ataque extra continental. Ha sido reacio para recordar los buques de guerra ingleses entrando a puerto “para entrenamiento” o las incursiones clandestinas de submarinos nucleares en aguas del archipiélago de Las Malvinas.
La declaración de los países del ALBA en torno al retiro de estos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca hecha a finales de la sesión número 42 de la Asamblea General de la OEA fue la reacción a más de doce años de dictado en todas los ámbitos: militar, energético, financiero, comercial, económico, político e ideológico. El Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Armando Patiño, hablando en representación de sus colegas de ALBA lo dijo de plano: “Nuestros países han tomando una decisión, enterrar lo que debe ser enterrado, lanzar a la basura lo que ya no sirve.”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH siempre ha sido una especie de palanca utilizada por Estados Unidos para influir en los estados latinoamericanos, especialmente sobre aquellos que pertenecen a estructuras de integración del ALBA. El Secretario de la Comisión, Santiago Cantón, de origen argentino, ha sido un obediente ejecutor de las misiones encomendadas por el Departamento de Estado que apuntan a “denunciar” situaciones desfavorables a los derechos humanos en los estados “populistas”. La comisión estuvo inflexible en su hostil posición hacia Venezuela de hecho instigó a la oposición para desestabilizar la situación creando las condiciones para una intervención directa de Estados Unidos. Durante el golpe de estado del mes de abril del 2002 la OEA y la dirección de la CIDH apoyaron a los conspiradores que eran parte de una compleja conspiración contra el gobierno bolivariano. La comisión fue la más criticada por su autoritarismo y por ignorar las decisiones de la Asamblea General. Después de doce años con una hoja de servicios impecable, Cantón se tornó una figura tan odiosa para los latinoamericanos que el Departamento de Estado tuvo que encontrarle un lugar bajo el sol en la Fundación Robert Kennedy.
La sesión número 42 tomó una decisión de compromiso con el objeto de reformar la Comisión de Derechos Humanos. El ALBA hizo proposiciones concretas presentadas a la Comisión Permanente de la OEA la cual se responsabilizó de reunir en un diálogo a todas las partes involucradas.
En seis meses, a más tardar en marzo del 2013 el documento sobre la reforma de la organización deberá ser presentado a la Asamblea General de la OEA en Sesión Extraordinaria para su discusión. Vale la pena notar que el Presidente Evo Morales puso énfasis en que la nueva Comisión sondearía la situación de los derechos humanos en Estados Unidos.
La Asamblea no retiró de la agenda el problema de la disolución. Hablando sobre el deceso de la OEA durante la conferencia de prensa del 5 de junio pasado, Evo Morales señaló a Estados Unidos como el principal infractor. Cualquier intento de países latinoamericanos de deshacerse del dictado se enfrentaba con acciones en su contra de parte de Washington ya que la OEA apoyaba un golpe de estado en cualquier lugar y a cualquiera que intentara hacerlo.
Morales puntualizó que la estrategia del golpe practicada por el Imperio ha empezado a funcionar mal. De tres intentos –Venezuela, Ecuador y Honduras—solo este último tuvo éxito. Los conspiradores derrocaron al legalmente elegido Presidente Manuel Zelaya. Morales cuestionó la reacción de la OEA y preguntó qué se ha hecho para restaurar la democracia en Honduras. La respuesta era obvia: en términos reales, nada se ha hecho.
Zelaya regresó al país pero tiene que moverse con una seguridad reforzada. Las acciones terroristas contra sus seguidores, periodistas, sindicalistas, estudiantes y activistas indígenas ya se han hecho rutinarias. Las actividades de los “paramilitares” y asesinos alquilados que trabajan para los carteles del narcotráfico, son estimuladas por el gobierno de Porfirio Lobo y los militaristas hondureños. La embajada norteamericana y los servicios especiales gozan de una efectiva influencia para ejercer el control sobre el gobierno. No tratan de impedir el derramamiento de sangre. ¡Cualquier cosa sirve para impedir que Zelaya vuelva al poder!
De la misma manera, el terrorismo apoyado clandestinamente por Estados Unidos se ejerce contra políticos, periodistas, partidarios de las reformas políticas y sociales al “estilo boliviano” en México, América Central, Colombia, Perú y Paraguay. El odio que manifiesta Estados Unidos por los líderes del ALBA, por los políticos independientes del continente que no han capitulado y que se enfrentan a las amenazas y al chantaje, está cargado de nuevas provocaciones en gran escala, conspiraciones y asesinatos, cuestión que no puede ser ignorada por los políticos latinoamericanos que piensan objetivamente.
El Presidente Rafael Correa del Ecuador, en nombre de la OEA advirtió a su dirección que en caso que no haya una puesta a punto, los países latinoamericanos iniciarían ellos mismos la modernización de las instituciones continentales. Les informó que las fuerzas que han definido las políticas de América Latina están “en retroceso” y que el Departamento de Colonias de Estados Unidos, es decir, la Organización de Estados Americanos le debe mucho a los pueblos latinoamericanos. Correa señaló que la situación exigía cambios: “si es necesario abandonar la OEA y crear nuestro propio sistema, tendremos que hacerlo,” agregó.
En realidad, el proceso ya se inició. A finales del 2011 se fundó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reuniendo a 33 países de la región. Estados Unidos y Canadá no fueron invitados ni siquiera como observadores.
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