Cuando quieren deponer a un presidente electo de manera constitucional y apegado a las leyes de esa república, ¿Qué hacen?...buscan en el cuerpo jurídico, los artículos que los pueda ayudar a consumar un golpe de estado a través de una “fachada legal”, sin importarles para nada la opinión pública internacional y muchísimo menos sin consultar a la población que eligió por medio del sufragio al jefe del poder ejecutivo.
En los últimos años, esta derecha política apátrida, utiliza un libreto con características parecidas, por supuesto, tomando en cuenta las especificidades de cada país en donde han logrado deponer a presidentes de una manera tal, que esas acciones políticas se encuentran ausentes de legitimidad.
Hay que recordar lo sucedido en Honduras, con el presidente Zelaya, aprovechándose de “la letra jurídica” para hacer lo mismo que en el Paraguay: golpes de estados parlamentarios, con apoyo de los principales partidos políticos, con una estrategia de acción ya predeterminada o planificada y sin que estos presidentes contaran con el apoyo de fuerzas políticas y sociales organizadas e institucionalizadas.
En los dos casos, los argumentos que expresa la derecha internacional es: las destituciones presidenciales han sido legales y constitucionales y con “esos tecnicismos” intentan sacar del camino a cualquier gobierno latinoamericano cuando consideran que afecta a sus intereses, que no estén en correspondencia en ser parte del “patio trasero” del imperio.
Organismos como la CELAC y UNASUR, deben instar a los estados nacionales a que en sus constituciones tengan expresadas la aplicación del referéndum revocatorio, que permita no solo darle legalidad sino legitimidad que permita revocar un mandato de un cargo de elección popular. Por supuesto, ésta posible escenario, pasa por que los países latinoamericanos, pasen de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica.
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