A tres años de distancia se repite en Paraguay el mismo escenario de golpe de Estado practicado en Honduras, en junio de 2009. En los dos casos, un órgano del poder, que había quedado en manos de representantes de la clase dominante, destituye a un presidente elegido democráticamente. El golpe de Estado respeta las apariencias de legalidad. En un análisis redactado en 2009, el CADTM denunciaba el golpe de Estado de Honduras, las complicidades que los golpistas tenían en Washington. La última frase del artículo anunciaba lo que acaba de pasar en Paraguay: «El caso hondureño tiene el riesgo de ser una puerta de entrada a golpes de Estado realizados por el ejército con el aval de algunas instituciones estatales como el Parlamento o el Tribunal Supremo».[2]

Desde 2009, la gran prensa internacional concedió un sostén pasivo o activo a los golpistas hondureños y el diario Libération (Francia) está reproduciendo, en caliente, el mismo comportamiento. He aquí lo que publicó respecto al golpe de Estado en Paraguay: «El presidente paraguayo Fernando Lugo ha sido oficialmente despojado de sus funciones este viernes, culminando así un proceso de destitución efectuado en pocas horas en el Senado, como comprobó un periodista de AFP.» La frase siguiente nos muestra claramente la opinión del diario: «Elegido en 2008 con el apoyo de una amplia coalición de una veintena de partidos, Fernando Lugo había perdido en forma progresiva una parte esencial de sus partidarios en el Parlamento después de una serie de desacuerdos políticos.»[3] En realidad, Fernando Lugo, que fue elegido presidente por sufragio universal con un fuerte apoyo popular, nunca tuvo una verdadera mayoría parlamentaria para poder llevar a cabo satisfactoriamente su proyecto puesto que los dos partidos tradicionales de la derecha dominaban las instituciones parlamentarias —Partido Liberal y Partido Colorado. Este último apoyó la dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989, y dominó el gobierno y el Estado paraguayo durante 62 años—. En consecuencia, Lugo tuvo que negociar el respaldo del Partido Liberal, del que una parte importante de sus dirigentes se habían opuesto a la dictadura de Stroessner.[4] Por lo tanto, contrariamente a lo que afirma Libération, Lugo no perdió lo esencial de sus partidarios en el Parlamento. Éstos, propiamente hablando, eran muy pocos y se mantuvieron a su lado. Su relación con Domingo Laino,[5] un dirigente histórico del Partido Liberal (por su oposición radical al régimen de Stroessner), y sus partidarios incluso se ha reforzado. Por el contrario, la dirección del Partido Liberal al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, que acaba de tomar el poder, sólo sostuvo a Lugo como la cuerda que sostiene a un ahorcado. Nunca formó parte de los partidarios de Lugo. El Partido Liberal era un aliado que bloqueaba todas las tentativas de realizar las profundas reformas sociales y económicas que el país necesita. A pesar de ese bloqueo, las realizaciones sociales del gobierno Lugo, aunque limitadas, fueron innegables y la popularidad del presidente es bien real. Desde el comienzo de su mandato, el vicepresidente Franco multiplicó sus críticas contra el presidente desconociendo el compromiso político que lo ligaba. Ahora, acaba de acceder a la presidencia gracias al sostén de la oligarquía que mantuvo el control de las instituciones parlamentarias, debido a décadas de dominación política en un país donde el clientelismo tiene una función clave. Por otra parte, los disidentes del Partido Liberal, Domingo Laino y el senador liberal Luís Alberto Wagner se opusieron el 22 de junio de 2012 a la decisión tomada por el comité político de su partido de destituir al presidente Lugo. Denunciaron la falta de respeto a las normas internas del Partido Liberal y afirmaron que semejante decisión sólo podía ser tomada por el directorio del partido, una instancia superior y más amplia que su comité político.[6]

Honduras 2009

Tres años después del golpe de Estado en Honduras, presentamos como recordatorio de los acontecimientos y con el fin de ayudar a la comprensión de las similitudes entre los golpes de Estado hondureño y paraguayo un largo extracto de un artículo publicado en octubre de 2009, en nuestra web www.cadtm.org [7]:

«Cuando el presidente constitucional Manuel Zelaya fue destituido por los militares el 28 de junio, la gran mayoría de los media declararon, deformando totalmente la verdad, que los militares habían reaccionado a la voluntad del presidente de modificar la Constitución con el fin de mantenerse en el poder. Muchos medios agregaban que así seguía el ejemplo de Hugo Chávez, presentado como un dirigente populista autoritario. En realidad, Manuel Zelaya sólo proponía a sus conciudadanos pronunciarse a favor de la organización de elecciones generales para una Asamblea Constituyente, que habría representado un verdadero avance democrático en ese país. Este hecho está muy bien explicado por Cécile Lamarque y Jérôme Duval, a la vuelta de una misión del CADTM a Honduras: «El golpe de Estado tuvo lugar el mismo día en el que Manuel Zelaya organizaba la «consulta», de carácter no vinculante, donde se preguntaba a los hondureños si deseaban, o no, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, después de las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2009. La pregunta era la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que en las elecciones generales de noviembre 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva Constitución política? Si esta consulta hubiera recogido una mayoría de «sí», el presidente habría sometido un decreto a la aprobación del Congreso para que, el 29 noviembre, los hondureños se pronunciaran formalmente sobre la convocatoria de una constituyente, en una «cuarta urna» (las tres primeras estaban reservadas para la elección de presidente, de diputados y de alcaldes, respectivamente). Para darle un matiz de legalidad al golpe de Estado, el Congreso y el Tribunal Supremo, aliados con el golpe, decidieron que la consulta era ilegal y dictaminaron que el presidente Zelaya había «violado la Constitución» al intentar modificarla «para poder pretender un nuevo mandato», como un «aprendiz de dictador chavista». Sin embargo, Manuel Zelaya no buscaba, por la vía de esta consulta, renovar su mandato presidencial en las próximas elecciones legislativas, ya que éstas se realizarían en el marco de la actual Constitución, que prevé mandatos presidenciales de cuatro años no renovables. Por lo tanto, Zelaya no podía ser candidato a su propia sucesión.»[8] 

»Mientras que los movimientos populares de oposición al golpe de Estado multiplicaron las huelgas y manifestaciones en julio, agosto y septiembre, los grandes medios periodísticos les dedicaron apenas unas líneas. Las pocas veces que los grandes diarios dedican un artículo de fondo a la situación en Honduras, continúan practicando una política denigratoria con respecto al presidente constitucional, en el caso en que no presenten directamente a la acción de los militares como un golpe militar democrático. Por ejemplo, The Wall Street Journal decía en su editorial del 1 de julio de 2009: «el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático». El editorial agregaba que «las autoridades legislativas y judiciales permanecieron intactas»tras la acción militar. Por otra parte, y de forma más matizada, el conocidísimo diario francés Le Monde participó también en esta campaña. He aquí un ejemplo: El 12 de septiembre de 2009, Jean-Michel Caroit, su enviado especial en Honduras, citó las palabras de una francesa expatriada en ese país y a continuación agregó la mentira sistemáticamente repetida sobre las malas intenciones atribuidas a Manuel Zelaya. «Para los hondureños el retorno de Zelaya es inaceptable ya que significaría 20 años de dictadura a la [Hugo] Chávez», exclamaba Marianne Cadario, refiriéndose al presidente de Venezuela, quien —como su aliado Manuel Zelaya pretendía hacerlo— modifico la Constitución para poder ser reelegido. Madame Cadario, una francesa instalada en Honduras desde hace 30 años, dice estar «súper asombrada por la reacción de la comunidad internacional», que ha condenado el golpe.»[9]El tono de diarios como Le Monde y Libération comenzó a cambiar a finales de septiembre, después de que los golpistas subieran algunos grados en la represión. Dicho esto, Libération merece un premio por la utilización de eufemismos. En efecto, el 28 de septiembre de 2009 (justamente tres meses después del golpe), subtitulaba con «Perfume de dictadura» (subrayado por Toussaint) un párrafo en el que se explicaba que el gobierno golpista había decretado: «la prohibición de “toda reunión pública no autorizada”, detención de “cualquier persona que ponga en peligro su vida o la de los demás”, “evacuación” de locales ocupados por manifestantes e interferencias de “la emisión por cualquier medio de los programas que traten de alterar la paz”».[10]|,[11]

El régimen surgido del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 se benefició de la complacencia incluso del sostén activo del gobierno de Obama. El CADTM informó de la resistencia del pueblo hondureño y analizó la actitud de Washington que significaba incitar a otros candidatos golpistas en América Latina. He aquí lo que se publicó en la web del CADTM en diciembre de 2009:

«Mientras que el presidente Manuel Zelaya, que había entrado clandestinamente en su país el 21 de septiembre de 2009, encontró refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, la capital hondureña, los golpistas continuaban reprimiendo violentamente las manifestaciones de los partidarios del presidente constitucional y decretaron, el 27 de septiembre, un estado de sitio de 45 días de duración.[12]. Hubo un comentario del número dos de Washington en la OEA, Lewis Amselem: «el retorno de Zelaya es irresponsable».[13] Por su parte, Hillary Clinton no condenó el prolongado toque de queda. El acuerdo al que se llegó el 30 de octubre de 2009, bajo los auspicios de Washington, entre los representantes de Manuel Zelaya y los de Roberto Micheletti estipulaba expresamente que las partes se comprometían a no hacer un llamamiento directo o indirecto a la convocatoria de una asamblea constituyente o a cualquier otra consulta popular (punto 2 del acuerdo). Además, no preveía explícitamente el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia del país para terminar su mandato. Roberto Micheletti y sus partidarios habían decidido no devolver la presidencia a Zelaya quien, en consecuencia, pidió a la población que no participase en las elecciones generales previstas para el 28 de noviembre de 2009. El principal candidato de la izquierda a la presidencia, Carlos Reyes, así como una centena más de candidatos de diferentes partidos (entre los cuales un sector del Partido Liberal),[14] decidieron por lo tanto retirar sus candidaturas. El 10 de noviembre de 2009, Washington anunció que reconocía el resultado de las elecciones. A pesar de que en la víspera de las elecciones las organizaciones de defensa de derechos humanos habían contabilizado más de 20 oponentes políticos asesinados desde el golpe de Estado, así como 211 heridos durante las acciones de represión, cerca de 2.000 detenciones ilegales, dos tentativas de secuestro y 114 prisioneros políticos acusados de sedición. Los medios de comunicación opuestos al golpe fueron cerrados o acosados. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR),[15] los países miembros del Grupo de Río y del ALBA habían decidido no enviar observadores. Los cálculos del porcentaje de electores que habrían participado en el escrutinio oscilan según las fuentes. Pero seguramente no se llegó a la mitad del padrón electoral. A pesar de ello, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Nelly, vio las elecciones como «un necesario e importante paso adelante».[16] Washington reconoció la elección a la presidencia de Porfirio Lobo, del Partido Nacional, un representante duro de la oligarquía, de los terratenientes y de la derecha que organizó el golpe de Estado. El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, declaró que las elecciones habían constituido una «gran celebración de la democracia» y afirmó que los Estados Unidos trabajarían con Porfirio Lobo, de sobrenombre Pepe: «Pepe Lobo es un hombre de una gran experiencia política», indicó a la radio HRN. «Yo le deseo buena suerte y Estados Unidos trabajará con el presidente para el bien de nuestro país…Nuestras relaciones serán muy fuertes». Respaldar un proceso salido de un golpe de Estado y actuar a favor del reconocimiento internacional de las autoridades que lo perpetraron y de las que surgieron del mismo, da aliento a los candidatos golpistas que se colocan políticamente en el campo estadounidense.»[17]

Prosiguiendo el análisis, en enero de 2010, en la web del CADTM, se podía leer la descripción del golpe de Estado en preparación en Paraguay, golpe que finalmente tuvo lugar el 22 de junio de 2012.

«En el caso de Paraguay existe una parte de la derecha que retomó la ofensiva. En diciembre de 2009, el senador liberal Alfredo Luís Jaeggli hizo un llamamiento al derrocamiento del presidente Fernando Lugo que acusa, como se hizo con Manuel Zelaya, de imponer un modelo chavista del «socialismo del siglo XXI». Jaeggli, cuyo partido constituye el principal «apoyo» parlamentario del gobierno, afirmaba siguiendo la marcha de los acontecimientos que el golpe de Estado realizado en Honduras no había sido tal: el derrocamiento de Manuel Zelaya y la acción llevada a cabo desde ese momento por el régimen de facto serían perfectamente legales.[18] Este senador incluso pide al parlamento paraguayo que intente un proceso político contra Lugo con el objetivo de destituirlo y reemplazarlo por el vicepresidente de la república, el liberal de derecha Federico Franco. El senador Jaeggli reprochaba a Lugo de no tomar el ejemplo de los países que habían tenido éxito en la reforma económica como Chile, con los cambios que había comenzado Pinochet, y la Argentina de Carlos Menem. Evidentemente, el caso hondureño tiene el riesgo de ser una puerta de entrada a golpes de Estado realizados por el ejército con el aval de algunas instituciones estatales como el Parlamento o el Tribunal Supremo »[19]

El 22 de junio de 2012, luego de un proceso expeditivo, el Senado paraguayo controlado por la oligarquía descontenta por las políticas de Fernando Lugo destituyó al presidente elegido democráticamente por sufragio universal en 2008. El 23 de junio de 2012, un amplio frente de la resistencia se comenzó a organizar para obtener el restablecimiento de la democracia. El 24 de junio, siete países latinoamericanos retiraron o llamaron a sus embajadores en Paraguay (Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador y México). Cinco anunciaron que no reconocían al nuevo gobierno: Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. El MERCOSUR, del que la economía paraguaya tiene una fuerte dependencia por sus intercambios comerciales, decidió no invitar al nuevo régimen como representante de su país en la reunión que se celebrará en Mendoza, Argentina, el 29 de junio de 2012. En Paraguay la movilización popular en defensa de la democracia se está organizando. Es importante que se pueda respaldar sobre un máximo de apoyo internacional.

En Honduras, pasaron tres años desde el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Zelaya y contra el pueblo hondureño que lo había elegido. El país está hundido en una crisis sin precedentes. La violencia ha aumentado considerablemente contra aquellas u aquellos que resisten para defender las libertades y los derechos fundamentales del pueblo y para denunciar la orientación ultraliberal del gobierno de Porfirio Lobo, a sueldo de la oligarquía y de las transnacionales cómplices del golpe. Los sindicalitas, militantes asociativos y de derechos humanos, feministas, homosexuales, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, periodistas de oposición, etc. sufren presiones, intimidaciones, acosos y agresiones —en el caso de que no caigan bajo las balas—, por el poder del Estado pero también por parte de grupos paramilitares y de milicias privadas que actúan con total impunidad. En la región de Aguán, la represión continúa contra las comunidades campesinas en el marco del conflicto agrario que los opone a los grandes terratenientes. Según Reporteros sin Fronteras, más de 40 abogados perdieron la vida en estos tres años por haber defendido a víctimas de abusos policiales y del ejército, y 28 periodistas fueron asesinados en el transcurso de la última década, de los que 23 lo fueron después del golpe de Estado.[20] Para el 28 de junio de 2012, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) organiza una movilización nacional con ocasión de tercer aniversario de ese régimen funesto.

El CADTM aporta su contribución a la solidaridad internacional con los pueblos paraguayo y hondureño.

Traducido por Griselda Pinero

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[20] http://fr.rsf.org/honduras-la-fidh-et-reporters-sans-25-06-2012,42869.html