En la destitución “express” sin el debido proceso del Presidente Lugo, el Senado de Paraguay siguió el libreto del “golpe de estado institucional” que aplicó la oligarquía terrateniente hondureña, a través de una sentencia espuria de la Corte Suprema de Justicia, para desalojar del poder al Presidente Zelaya. Nuevamente, tras bastidores el Tío Sam se confabuló con la vieja clase política paraguaya -sostén de un modelo de dominación plutocrático, basado en el latifundio y la opresión- para frustrar “por ahora” mediante un golpe parlamentario, la voluntad del pueblo paraguayo de transitar el camino de su emancipación por la vía pacífica y democrática.
En el caso hondureño se produjo una amplia condena al golpe en las primeras de cambio pero, ello no impidió que la diplomacia del dólar maniobrara para legitimar el golpe. Preocupa que gobiernos suramericanos centren su crítica en aspectos de forma sin cuestionar el fondo de las imputaciones que se le hacen al Presidente Lugo, culpándolo de hechos que aún no han sido esclarecidos por los tribunales de justicia y que además sucedieron a raíz de la actuación del Poder Judicial, fuera de su ámbito de acción. Mientras el ALBA y los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Argentina y Ecuador, han denunciado con firmeza el golpe de estado y los intereses imperiales que está detrás de este nuevo zarpazo a la democracia en la región.
Este golpe se inscribe en la estrategia que adelanta el imperio del norte para recuperar el terreno político perdido en Suramérica, especialmente en el cono sur en el que existen objetivos geoestratégicos de primer orden. Buscan con ello debilitar la UNASUR y la consolidación de la CELAC.
En este contexto, se cierne sobre Venezuela la amenaza de un posible desconocimiento por la oposición venezolana del veredicto del pueblo el 7O, cuyo candidato se niega a declarar su aceptación de los resultados electorales cualquiera que estos sean. Como la tendencia evidenciada en los sondeos de opinión reflejan que el Presidente Chávez será relecto, esta postura presagia un escenario de desestabilización, ideal para reditar el golpe de estado del 11A, que obliga a todos los venezolanos amantes de la democracia y la paz a poner sus “barbas en remojo”.
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