Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona
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La operación lanzada por el Departamento de Estado y la CIA con el propósito de deponer al primer presidente izquierdista del Paraguay, Fernando Lugo, entró en su fase final el pasado 16 de junio cuando fuerzas policiales fueron despachadas para desalojar a los invasores del fundo Morumbí en el distrito de Curuguaty, cerca de la frontera brasileña. Se sabe que el predio es de propiedad del hombre de negocios y político paraguayo, Blas Riquelme. Al llegar al sitio, de manera inesperada la policía fue blanco de disparos hechos por profesionales con armamento de calibre capaz de perforar chalecos antibalas. El jefe de una unidad de operaciones especiales de la policía resultó muerto y la policía que tenía instrucciones de evitar el uso de la fuerza, no tuvo otra alternativa que responder el fuego. Como resultado hubo once civiles muertos y docenas de heridos.
El sangriento incidente de Curuguaty provocó la inmediata respuesta del poder legislativo paraguayo cuyos parlamentarios y senadores son en su mayoría representantes de partidos de centro-derecha, acusando al presidente Lugo de haber perdido el control de la situación y de ser incapaz de gobernar el país. Hasta el Partido Liberal que apoyó la candidatura de Lugo en las elecciones del año 2008 se alejó de su antiguo protegido. Con todo, Lugo enfrentó una acusación constitucional la cual él describió como un “golpe de estado express” del parlamento.
Los asesores legales del presidente prácticamente no tuvieron tiempo suficiente para preparar su defensa contra el parlamento y de hecho quedó claro que los críticos del presidente no tenían la menor intención de detenerse en los detalles y el veredicto del senado resultó una conclusión obvia. Toda la operación para deponer al presidente Lugo fue cuidadosamente planificada de tal modo de evitar una investigación parlamentaria sin prejuicios y se implementó como una ofensiva relámpago. Sin duda que parte de las motivaciones detrás del apuro, era deshacerse de Lugo antes que los socios de Paraguay en la UNASUR pudieran reunirse para consultas y decidir un conjunto de medidas en su apoyo.
La victoria debe haber sido fácil para los coordinadores de la conspiración en la embajada norteamericana en Asunción. Lo cierto es que la presidencia de Lugo era un tanto nominal ya que el parlamento, la policía y el ejército estaban del lado de la oposición. Habiendo prosperado durante décadas al calor de las finanzas de la USAID, un conjunto de organizaciones no gubernamentales estaban preparadas para montar protestas masivas en caso que el plan anti-Lugo se paralizara, pero no tuvieron que hacerlo –aparte de la tasa de muertos en Curuguaty—el derrocamiento del legítimo presidente de Paraguay merece figurar como un caso ejemplar en los registros de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Un grupo de enviados de UNASUR encabezado por el Secretario General de la organización, el venezolano Alí Rodríguez, visitó Paraguay, se reunió con Lugo y con una delegación parlamentaria y presenció el procedimiento de la acusación constitucional pero no pudo modificar el proceso. Los senadores paraguayos demostraron poco respeto por los visitantes, para no decir abierta hostilidad. Es necesario señalar que Lugo demostró una absoluta falta de voluntad para enfrentar el desafío –contrario a su promesa de defenderse en las audiencias parlamentarias, sencillamente las observó por televisión desde su residencia. Al citar su apego a la ley, el presidente ilegalmente depuesto aceptó la resolución de la acusación constitucional (que solo cuatro senadores votaron en contra). La falta de acción de parte de Lugo puede en gran medida atribuirse a –dada las circunstancias--que carecía de toda influencia: durante los algo más de tres años de su presidencia, no logró construir una base de apoyo popular y cuando la presión alcanzó el punto máximo, no tenía un partido propio o un movimiento popular que lo respaldara. Las protestas callejeras que manifestaron su apoyo estallaron de manera incoherente el día de la acusación pero fueron dispersadas por la policía que empleó cañones lanza-agua, gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.
El vicepresidente paraguayo, Federico Franco, juramentado sin demora al tiempo que Lugo era depuesto, permanecerá en el cargo hasta el fin del período presidencial de este en el mes de agosto del 2013. Las elecciones se realizarán en el mismo mes y Washington abiertamente apoya al líder el Partido Colorado, Horacio Cartes, empresario que de acuerdo con ABC Color, la DEA lo tuvo como sospechoso de lavado de dinero y complicidad con los carteles de la droga. El vuelco en la reputación de Cartes quedó reflejado en algunos de los cables que publicó Wikileaks y es posible que algunas agencias norteamericanas hayan conformado un conjunto de informes que involucran a Cartes y que Washington no tendrá ninguna dificultad para mantenerlo bajo estricto control –al igual que a no pocos presidentes latinoamericanos.
Al tiempo que el inconcluso período de Lugo fue marcado por un muy lento desplazamiento de Paraguay hacia los regímenes populistas latinoamericanos, la toma del poder por la derecha conservadora asegura que el país quedará completamente sometido al dictado norteamericano. La agenda que se alza en el horizonte, posiblemente incluya esfuerzos por desestabilizar a UNASUR formando al interior un bloque de disenso para contrapesar la influencia de Brasil, Venezuela y Ecuador. También podrá esperarse que brindará nueva vida al otro proyecto de Washington: incluir dentro de una especie de nueva asociación a Chile, Perú, Colombia y México, con el objeto de debilitar internacionalmente a Brasil.
El Secretario General de UNASUR, Alí Rodríguez Araque, señaló que la destitución de Lugo fue inconstitucional y equivalente a un golpe de estado disfrazado y agregó que muchos gobiernos latinoamericanos no reconocerán a Franco. La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, citó las constituciones de UNASUR y de MERCOSUR para sugerir la expulsión de Paraguay de ambas agrupaciones por violación de las normas democráticas. La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner señaló así mismo que esas sanciones contra Paraguay serían apropiadas. Describió los hechos en el país como un golpe de estado y mencionó en este contexto los intentos de golpe de estado contra Rafael Correa y Evo Morales y el putsch que derribó a Manuel Zelaya en Honduras. La lideresa argentina indicó con firmeza que tales fenómenos anti democráticos son inaceptables en la región y señaló que se iniciarán acciones de acuerdo con las decisiones que tome el MERCOSUR. El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expresó su apoyo a la propuesta de D. Rousseff de aplicar las cláusulas de la constitución de UNASUR lo que garantiza diferentes formas de presión, como ser, el no reconocimiento por parte de los gobiernos correspondientes, exclusión de la alianza de los países responsables de conductas anti democráticas y el cierre de las fronteras como castigo a los golpistas. Hugo Chávez de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua hicieron declaraciones similares sobre el caso.
Las perspectivas para una investigación seria sobre el incidente armado en Paraguay son sombrías. El derramamiento de sangre ayudó a los opositores de F. Lugo agregando credibilidad a sus quejas mientras la mayoría de los observadores latinoamericanos correlaciona el reciente drama paraguayo con el tiroteo de Puente Llaguno en Caracas el mes de abril del 2002. En este caso, francotiradores dispararon al azar contra manifestantes anti-Chávez, contra manifestantes pro-Chávez y contra cualquiera que se le ocurriera pasar. Se culpó del incidente a las fuerzas bajo las órdenes de Chávez pero, posteriormente curiosas circunstancias se hicieron presentes: un corresponsal de CNN logró grabar una entrevistas con oficiales militares opuestos a Chávez quienes –tal como trascendió—estaban al tanto del ataque de franco tiradores y de las inminentes muertes.
En la Red se encuentran varias versiones sobre el incidente armado de Curuguaty. Una posible explicación es que la responsabilidad fue de Blas Riquelme quien contrató a varios francotiradores a través de sus contactos en las fuerzas armadas, aunque no queda claro por qué los francotiradores dispararon contra la policía. Una versión alternativa sostiene que el episodio fue una provocación montada por el Ejército Popular Paraguayo, un grupo clandestino supuestamente formado por la policía para combatir extremistas. Este origen hipotético podría ser la razón de por qué este ejército continúa vivo a pesar del intenso trabajo que se realiza en Paraguay por parte de expertos invitados colombianos y norteamericanos.
Alvarado Godoy escribió en el sitio web titulado “Descubriendo Verdades” que todo el episodio había sido un “montaje fabricado,” básicamente siguiendo un plan preconcebido. Godoy asegura tener información que en la operación participaron los US Navy Seals (grupo comando norteamericano) instalados en Paraguay para entrenar marines paraguayos. La historia no suena descabellada considerando el hecho de que a menudo ciudadanos norteamericanos han sido sorprendidos con armamento de francotiradores en toda América Latina y recientemente en Argentina y Bolivia. Rutinariamente la CIA, la DEA y la Agencia de Inteligencia para la Defensa de Estados Unidos contratan personal para realizar operaciones encubiertas en las que se emplean armas de fuego.
Francamente el pronóstico es que el esquema exitosamente probado por Estados Unidos en Honduras y Paraguay –deposición pseudo-constitucional de presidentes rebeldes—será aplicado de manera profusa en América Latina en los próximos años. En todo caso, Washington sería ingenuo si creyera que la violencia resultante puede ser contenida. En Honduras, el gobierno títere de P. Lobo se aferra al poder recurriendo a una campaña terrorista que ya ha cobrado cientos de vidas de políticos, periodistas, sindicalistas, estudiantes y líderes indígenas progresistas, cosa que de seguro ocurrirá en el futuro en Paraguay.
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