Lo primero que tenemos que hacer es retrotraernos en la historia y recordar que en 1904, mediante triquiñuelas políticas Estados Unidos nos cercena Panamá; tan cierto, que el tratado que concede a Colombia una indemnización por la pérdida de Panamá no se firma con ésta sino con Estados Unidos (Tratado Thompson-Urrutia. 1922): Obviamente Colombia no quedó muy satisfecha. Una buena ocasión para darles contentillo a los colombianos se presentará el 26 de diciembre de 1926, cuando con el pretexto de ayudar a sus aliados de la derecha nicaragüense y “defender la democracia en el continente” invaden Nicaragua.
Dos años después, en plena invasión se firma el tratado Bárcenas-Esguerra, el cual compromete a Colombia a respetar la soberanía de Nicaragua sobre la Mosquitia y las islas Mangle y ésta a su vez le reconoce a Colombia la soberanía sobre San Andrés y Providencia. Si bien es cierto, estas islas pertenecieron primero a la Real Audiencia de Panamá y posteriormente a la Capitanía General de Guatemala, la verdad fue que gracias al auge que venía teniendo el algodón en España, ésta comienza a interesarse por las islas en Hispanoamérica y decide en 1803 poner no sólo a éstas sino también la Costa de Mosquitos bajo la jurisdicción de la Nueva Granada. Se sabe que en 1924 Nicaragua, se dice que presionada por USA, solicita arbitraje internacional para dirimir la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, solicitud que Colombia rechaza de manera airada por considerarla improcedente dados los antecedentes históricos.
Más adelante las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formaba parte Nicaragua, reconocen en 1825 la soberanía de Colombia sobre la Costa de Mosquitos y la Isla de San Andrés. No queda claro entonces la razón por la cual Colombia termina aceptando el tratado Bárcenas-Esguerra, pero bien lo podría explicar el hecho de que si bien entregaba la Costa de Mosquito, imponer el meridiano 82 como límite con Nicaragua, le embolataba a ésta, territorios marítimos y la posesión de algunas islas, bancos y cayos, algunos incluso en posesión de Estados Unidos, como veremos a continuación.
En 1972 Colombia y USA suscriben un tratado mediante el cual el segundo le entrega a nuestro país la soberanía sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana. ¿Cómo habían llegado estos cayos a ser posesión norteamericana? Resulta que en 1856 el Congreso americano, dada la importancia del guano como fertilizante, decide aprobar el “Guano Islands Act” que autorizaba a sus ciudadanos a tomar posesión, en cualquier parte del mundo, de islas que poseyeren este tipo de depósitos, salvo que estuviesen ocupadas o bajo jurisdicción de otros gobiernos.
Esta salvedad no es muy clara cuando en la misma se ordenaba a su presidente, usar la fuerza militar si fuese necesario para defender estos derechos. En esta telaraña caen los tres cayos arriba señalados. Este tratado obviamente no le gusta a Nicaragua que protesta por considerarlo un reconocimiento a las pretensiones colombianas sobre estos cayos. Lo que generalmente no se menciona de este tratado es que Estados Unidos quedaba en igualdad de derechos con Colombia para usufructuar monopólicamente todas las riquezas del área, fauna y flora, incluyendo el subsuelo. Tanto así, que según reglamentación anexa al tratado queda claro que ambos países gozarían de la libertad monopólica de navegación y pesca en el área. Obsérvese cómo en ambos tratados, Estados Unidos disfrazado de oveja, resulta indirectamente beneficiado.
Si analizamos con atención, el más perjudicado en este proceso, viene a ser, quien lo creyera, Estados Unidos, porque mientras Colombia queda en posesión de los cayos, Nicaragua ejerce soberanía sobre el área marítima. Incluso en el fallo de la Corte de Justicia de La Haya quedó muy claro que los pescadores de San Andrés y Providencia podrían navegar y pescar en dichas aguas por derecho propio. En cambio, los estadounidenses pierden todas las gabelas que sobre esas aguas tenían de acuerdo al tratado firmado con Colombia en 1972.
Surgen entonces varias preguntas: ¿Hasta dónde tendrá la mano metida el gobierno norteamericano en el cambio de actitud asumido por nuestros gobernantes, incluso ex gobernantes, que en principio juraban respetar y acatar el fallo y a las primeras de cambio resultan, de manera por demás casi irracional y por lo mismo sospechosa, retirarse del Pacto de Bogotá y desacatar el fallo? ¿A quién le estarán haciendo la vuelta? ¿Qué tanto afectará esta actitud al ahora exitoso proceso de unidad continental suramericana y a quién beneficiaría?.
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