Lo que viene sucediendo en Honduras, infortunadamente no es nada nuevo en la historia política de Latinoamérica antes y después de la tan cacareada independencia.
El golpe de Estado electoral que allí se realizó el 26 de noviembre del año en curso es como para enmarcar en lo que a iniquidad se refiere, en tanto que bien se puede calificar como uno de los actos más groseros que políticamente se hayan sucedido en el continente, en el presente siglo.
Comencemos por recordar que el día de las elecciones, cuando se llevaban escrutadas el 57% de las mesas electorales, el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, llevaba una ventaja de cinco puntos sobre el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.
Más, de pronto el Tribunal Supremo Electoral anuncia un fallo en el sistema y posterior al mismo declara que el jefe de Estado había revertido la tendencia en su contra y comenzaba a superar al candidato de la oposición por unos pocos de miles de votos. Y quién dijo miedo.
Tan anómalo ha sido el suceso que a la fecha, es decir, tres semanas y pico después de las elecciones, el Consejo Electoral de aquel país aún no ha podido dar los resultados de la contienda electoral en su segunda vuelta.
Entre tanto, la denominada Alianza de la Oposición contra la dictadura sostiene que las pruebas del fraude son contundentes y pide a la opinión pública hondureña no prestarse al juego del golpista presidente.
La misma Alianza, quién lo creyera, actuando de manera ingenua solicita a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea e incluso a la misma embajada de los Estados Unidos, no avalar los resultados del Tribunal Supremo Electoral de aquel país, que al parecer es lo que pretenden.
No obstante, el mismo coordinador general de dicha Alianza, el expresidente Manuel Zelaya, ha advertido que Washington está haciendo lo imposible por la reelección anticonstitucional de Hernández.
Y el señor Zelaya sabe de lo que habla, dado que fue víctima de un cruento golpe militar en aquel país, no hace mucho.
Ante las denuncias presentadas y ante la imposibilidad de la OEA de opinar en contrario, se inicia un conteo especial de votos en los cuales en ningún momento participó la oposición.
Resultado de todo lo anterior, nos encontramos con una Honduras viviendo bajo la amenaza de una convulsión social que bien podría desembocar en una guerra civil, consecuencia de unas elecciones anticonstitucionales y fraudulentas.
A la larga, lo anterior poco importa dado que los muertos siempre los pone el pueblo y ese dolor parece no ser nada difícil el ocultar.
Ahora solo falta la pregunta del millón:
¿Qué hubiese pasado si una situación similar se hubiese dado en Venezuela? No quiero ni pensarlo.
