Telefónica nacía en 1924 como una compañía filial de ITT. A partir de los años 50 el capitalismo franquista, necesitado de una mejora de las telecomunicaciones, entra en acción. La empresa, todavía de reducidas dimensiones, no estaba dispuesta a invertir lo necesario para desarrollar la red telefónica.
El Estado, actuando una vez más de capitalista colectivo, puso los recursos públicos al servicio de las clases dominantes. La empresa fue creciendo a medida que lo hacían las necesidades sociales y productivas. Se crearon empresas como Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones, S.A. en 1975, conocida como Sintel, encargada del montaje de sistemas de telefonía. Ésta era una empresa con filiales en América Latina, Suráfrica y el norte de África, que llegó a contar con 4.000 trabajadores y 62.000 millones de pesetas de facturación. Telefónica matriz llegó a tener casi 80.000 trabajadores en 1996, justo en los inicios del boom de las telecomunicaciones.
Desmantelamiento
Durante los gobiernos del PSOE, el Estado se fue desprendiendo de las acciones de Telefónica. No obstante, hasta 1996 se conservó el 20,9% . De la misma forma que muchas otras empresas, como SEAT o la Maquinista, necesitaban técnicos cualificados, y contaban con escuelas propias de formación.
Pero más tarde, con el desarrollo de las universidades y de la formación profesional, aparecen en el mercado laboral jóvenes con la formación necesaria. De esta manera, junto con las sucesivas reformas laborales, Telefónica ya podía encontrar mano de obra más barata y en cuyo proceso de formación no entraba en contacto con una de las plantillas más combativas del Estado. Estaban dadas las condiciones para la tormenta perfecta de privatización y precarización que estallaría con toda su virulencia a partir de 1997, cuando el gobierno de Aznar privatizó sin pasar por el Congreso el 20,9% que era público.
El gobierno del PP puso al mando de la Telefónica privada a un compañero de pupitre y conocido especulador bursátil: Juan Villalonga. Poco antes, en 1996, había sido Felipe González el que vendió Sintel a la familia mafiosa Mas Canosa por una bagatela.
Sintel
El caso de Sintel sería paradigmático de lo que ha ido sucediendo en toda Telefónica. Un servicio público rentable, pero con sueldos dignos, era descapitalizado para despedir y subcontratar muchos más empleados con salarios de miseria y condiciones de precariedad absoluta.
Así, a través de sucesivos EREs la plantilla se ha visto reducida de 80.000 a poco más de 20.000 personas. Eso sí, las más de 100 subscontratas de Telefónica emplean cerca de 100.000 personas. En pleno boom de internet, la telefonía móvil y telemarketing, los sucesivos gobiernos se pusieron al servicio de una multinacional, no sólo aceptando despidos en empresas con beneficios, sino aportando fondos públicos para los EREs y prejubilaciones. Hoy Telefónica aprovecha la penúltima reforma laboral para despedir trabajadores con baja médica justificada.
Por desgracia las direcciones de CCOO, UGT y STC han seguido el juego de la empresa, vendiendo puestos de trabajos dignos a cambio de participar en la gestión del mayor plan de pensiones laboral del Estado. A la vez, han aceptado que las empresas subcontratadas estén catalogadas como sector del metal, para que la plantilla de la empresa matriz no pueda participar y colaborar en organizar asambleas.
La realidad es que las privatizaciones no han servido para abaratar el servicio, sino para precarizar el empleo, disminuir los ingresos públicos y llenar los bolsillos de unos pocos ejecutivos.
Oscar Simón (@simongorjeos) es militante de En lluita / En lucha
Artículo publicado en el Periódico En lucha / Diari En lluita
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