Es momento ya de desnudar a los verdaderos responsables de las tropelías, inmoralidades y arreglines ‘legales’ existentes en el país. Ha llegado la hora de abrir bodegas y demostrar que el afrecho está en el Congreso nacional

Arturo Alejandro Muñoz

MUCHAS VECES hemos escuchado decir que “los jueces no hacen justicia”, o que “en tribunales los delincuentes siempre encuentran una puerta abierta para volver a la calle y a delinquir”. También cargamos con dureza nuestra mano contra instituciones como la Contraloría General de la República, achacándole connivencia con ciertos políticos y autoridades en algunos asuntos que al grueso de la población le parecen francamente criminales. Ni hablar cuando nos referimos –con ácida crítica- a inspectores de sanidad, del tránsito o laborales, ya que les motejamos incluso de “trogloditas que impiden el desarrollo del país” porque aplican leyes que nos parecen (y lo son) absurdas.

Las redes sociales –Facebook y Twitter principalmente- explotaron luego de conocerse el dictamen preliminar de la Contraloría General de la República por el caso “multas e intereses” que Julio Pereira, director del Servicio de Impuestos Internos, condonó graciosamente a la mega empresa Johnsson’s, la cual no había cancelado en el tiempo legal los impuestos correspondientes. El ‘perdonazo’ alcanzó miles de millones de pesos, y no era una bagatela. Asunto similar a este ya había acaecido con otra gran multitienda chilena, “La Polar”, aunque en este caso la escandalera se produjo por el fallo de tribunales.

Definitivamente, en Chile los parlamentarios legislan en beneficio del robo ‘legal’ y de la componenda financiera, de ello ya no cabe duda pues forman parte de tal escenario, ora por consaguinidad, ora por asociación económica. Resulta difícil contrarrestar la opinión de quienes aseguran que en nuestro país la mera corrupción es aquello que los gobiernos del duopolio muestran a organismos internacionales como “escenario de transparencia”, y nuestras principales instituciones son calificadas además de muy sólidas. Obviamente lo son… pero en beneficio del amiguismo, el familisterio, el nepotismo y el robo en descampado a plena luz diurna (pero el robo “a lo grande”, no el robo de minucias que pudiese ejecutar el dueño del boliche de la esquina).

Siete familias fueron privilegiadas por las leyes y recibieron el dominio, uso y abuso del mar durante veinte años. Por supuesto, no se trata de cualquier familia; no hay Soto, González, Gajardo ni Mancilla. Son de esas ‘otras’ familias, de las encopetadas, las dueñas del país desde tiempos coloniales…en gran medida pertenecen al pequeño núcleo ‘divino’ que un enriquecido terrateniente, Eliodoro Matte Pérez –hace más de un siglo-, calificara con soberbia y prepotencia patronal diciendo: "los dueños de chile somos nosotros, los dueños del capital y el suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa como opinión y prestigio".

La dictadura primero, y el duopolio binominal después, se encargaron de ratificar y consolidar ese detestable aserto patronal. Contaron con el apoyo irrestricto e interesado de lo que una vez Arturo Alessandri llamó “la canalla dorada”, el Congreso Nacional, hoy considerado el antro donde una muy determinada y conocida la delincuencia de cuello y corbata legisla en beneficio e interés de ella misma y de sus familias y asociados, sean estos políticos o comerciales. Es en ese sitio donde se encuentra la principal cocinería en la que hierven favores, corruptelas y componendas. De sus ollas y sartenes salen los más podridos platos legales que obligarán a ser cumplidos a rajatabla por jueces, magistrados, inspectores, alcaldes y funcionarios fiscales. Entre ellos, el Contralor y el mismísimo Director del Servicio de Impuestos Internos.

Jueces y fiscales no aplican leyes a su amaño y antojo. Si tal o cual delincuente queda en libertad se debe a que la “canalla dorada” legisló para que así ocurriera. La ley no la escriben los magistrados, periodistas, profesores, médicos, alcaldes ni empleados públicos… las redactan y aprueban los parlamentarios, ya sea por iniciativa del gobierno de turno o por movimiento propio según el origen de cada ley. Es el afrecho de cada día que se prepara en uno o en dos de los poderes del Estado a vista y paciencia de un electorado que sigue convencido –torpemente convenido- de que la democracia es un sistema en el que el pueblo da su opinión cada cuatro años , luego de ello, debe callar, aguantar y financiar sin abrir la boca ni emitir queja alguna hasta el próximo sufragio, donde se ve ante la perspectiva de elegir a aquellos que lo jodieron o, en su defecto, a los familiares y/o socios de los anteriores.

De lo anterior se desglosan las autorizaciones oficiales y además ‘legales’ para que acaezcan eventos tan graves como los protagonizados por empresas como Barrick Gold en la cordillera de nuestro norte geográfico, o Agrosuper en varios pueblos y ciudades, o AFP’s e Isapres a lo largo del país, o el verdadero asalto económico” que cada año ejecutan algunas universidades privadas, o las incontables e inaceptables tropelías técnicas y financieras de Aguas Andinas, o las colusiones inmorales llevadas a efecto por cadenas farmacéuticas, etcétera.

Dejo constancia que en este recuento rápido no hemos hecho referencia al impuesto específico del combustible (mismo que sólo pagan usuarios de vehículos motorizados, pero no las grandes empresas mineras, por ejemplo), ni al sistema binominal que transformó las elecciones de autoridades en un simple visto bueno de las decisiones tomadas por las dos coaliciones que conforman el duopolio. Tampoco hemos gastado una sola línea para hablar de torpezas inauditas como la “bala loca” que según los frescos de cutis de la PDI habría causado la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez… ni de la “ley anti terrorista” que tramitó la Concertación en detrimento exclusivo de la etnia mapuche (y que tanto aplaudieran individuos como Felipe Harboe y Rodrigo Hinzpeter), aplicada ahora a destajo por el gobierno del señor Piñera.

Muchos chilenos ya son conscientes de lo que se ha transcrito en este artículo, por ello se suman a la idea (que es una necesidad creciente e imperiosa) de estructurar a la brevedad una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta fundamental, dialogada, consensuada, democrática, moderna, poniendo término a la que fue impuesta por el empresariado ultraderechista durante la dictadura militar el año 1980. Se trata, a no dudar, de un trabajo de largo aliento, de difícil camino, pero que debe hacerse contra viento y marea, pues de lo contrario la producción de afrecho se enquistará en el cuerpo social como una metástasis que pudrirá fatalmente nuestras instituciones, más de lo que ya están.

En noviembre próximo, la gente deberá concurrir a las urnas para renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado (en este último caso, sólo se votará en las regiones pares, como las de Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Bio-Bio, etc.), pero es un hecho de la causa que el 70% -o más- de los candidatos serán los mismos que hoy dan afrecho a la chanchada nacional en el Congreso.

Ellos forman parte de la metástasis que tiene enferma a la nación. No culpemos a magistrados, inspectores ni jueces, pues estos se encuentran obligados a aplicar las leyes que los afrechadores redactan y sancionan. El problema, entonces, está radicado en los actuales honorables diputados y senadores. Una vez más, la gente tiene la palabra.