Las manifestaciones y protestas por parte de agricultores en Colombia están a punto de completar dos semanas. En un país caracterizado históricamente por el abandono y falta de apoyo al desarrollo de zonas rurales, los campesinos decidieron desde el 19 de Agosto 2013 salir a protestar por las carreteras de toda Colombia. Las manifestaciones aglomeran un diverso grupo de sectores y regiones del país, desde cultivadores de papa en Boyacá, pasando por productores de leche en Nariño, hasta llegar a cultivadores de arroz y tomate en el Huila.

Si bien las características específicas de los problemas de cada uno de estos sectores son diferentes, existen una serie de elementos comunes entre estos. Entre ellos se destaca la dificultad de competir con productos importados de bajo costo que entran al país en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos, apreciación del tipo de cambio, altos costos de los insumos y fertilizantes, así como la falta de apoyo del gobierno al sector agrícola en la forma de preparación técnica, créditos y subsidios. Tomados de conjunto estos elementos muestran que más allá de ser un problema coyuntural, la problemática del campo colombiano tiene un carácter estructural. Las protestas en este sentido responden a la maduración de un conflicto social y económico de larga data.

Ante esta situación el gobierno ha adoptado un discurso disociado de la realidad. En un primer momento, a una semana del comienzo del paro, el Presidente Santos negó la existencia misma de este. Solo ante el recrudecimiento de los bloqueos de carreteras, así como las denuncias de abuso de fuerza por parte de la Policía Nacional, el Presidente se retractó de su afirmación. Así, en el curso de 3 días, se pasó de una situación donde el discurso oficial del gobierno negaba la existencia de problemas, a uno donde se reconocía una crisis generalizada del sector agrario.

Las respuestas propuestas por parte del gobierno no difieren mucho de su discurso. Más que proponer un replanteamiento generalizado de la política en el sector agrario, el gobierno se circunscribe a plantear remedios de corto plazo los cuales en última instancia solo alargan la agonía de los campesinos colombianos que viven día a día del producto de la tierra. En el caso del TLC, el gobierno propone la implementación de salvaguardas que temporalmente permiten aumentar las tarifas arancelarias en una serie de productos agrícolas. Así mismo, propone la eliminación de aranceles para insumos con el objetivo de reducir los costos de estos. Finalmente, como sucedió en el caso de los caficultores, el gobierno ha propuesto el establecimiento de subsidios destinados a mantener precios mínimos para los productores.

Si bien estas propuestas permiten aliviar de manera inmediata la difícil situación de los campesinos colombianos, lo cierto es que el gobierno no está en capacidad de mantener este esquema de subsidios y protección más allá de unos cuantos meses. Ello se debe al marco institucional asociado a la adopción del TLC por parte del país. La eliminación de aranceles a bienes agrícolas adoptada al momento de firmar dicho acuerdo es de carácter permanente. Debido a este cambio, se ha observado un inusitado aumento de las importaciones de alimentos en Colombia. Entre 2012 y 2013, primer año de vigencia del TLC, las importaciones de bienes agrícolas de Colombia desde Estados Unidos aumentaron en un 70% |1|
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Para disminuir la entrada de importaciones, el gobierno ha propuesto el uso de salvaguardas. Dentro de las regulaciones del TLC estas permiten aumentar temporalmente las tarifas ante situaciones excepcionales como las que vive el país actualmente. Sin embargo, solo pueden utilizarse entre 1 y 3 años, con renovación requerida en el segundo año. Más allá del tercer año, el uso de este tipo de mecanismos queda prohibido por parte del acuerdo |2|. Es decir que futuros gobiernos que tengan interés en proteger la producción nacional por medio de cambios en la política arancelaria del país se verán imposibilitados por las restricciones impuestas por el TLC. En tal evento, tanto los productores nacionales, como la soberanía alimentaria del país, quedaran de nuevo indefensos ante las importaciones de alimentos.

En cuanto al tipo de cambio, la apreciación experimentada por el peso colombiano a lo largo de los últimos años pone en seria desventaja a los productores nacionales, al reducir artificialmente el costo de las importaciones. Los principales factores detrás de esta dinámica son la alta entrada de capitales al país asociadas con actividad en el sector minero, así como capitales golondrina buscando beneficiarse del diferencial de tipo de interés. La única respuesta del gobierno ante esta situación ha sido la esterilización de los flujos de capital por medio de la emisión de deuda de corto plazo. En los últimos 2 años tal estrategia le ha costado al gobierno cerca de mil millones de dólares, en la forma de pérdidas registradas por parte del Banco de la Republica, a cambio de moderar mas no eliminar completamente la revaluación. Frente a esta política la alternativa es la implementación de controles de capitales, como ya se ha hecho anteriormente en el país. Sin embargo, como en el caso de las salvaguardas, el país no puede utilizar este mecanismo debido a las restricciones impuestas por el TLC, las cuales prohíben este tipo de controles. Así, el tipo de cambio del peso colombiano y con ello la suerte de los productores nacionales siguen sujetas a los vaivenes de la especulación financiera.

El costo de los insumos y fertilizantes es un caso similar a lo que ocurre con las salvaguardas y los controles de capitales. El problema clave en esta area es la concentración en la estructura de mercado. La razon por la cual en Colombia los precios de los fertilizantes pueden llegar a estar entre 25 y 35% por encima de los precios internacionales esta asociada con el hecho que solo 4 empresas controlan entre el 80 y 90% del mercado en el pais |3|. La disminución en las tarifas aunadas a las restricciones fitosanitarias y de calidad en el TLC mantendran esta estructura, cambiando solamente los proveedores. Ello se debe a que las restricciones fitosanitarias y de calidad, requieren de la utilizacion de semillas y fertilizantes certificadas. Estos son provistos por las grandes compañias de la agroindustria como Monsanto, las cuales obligan a los cultivadores a comprar paquetes tecnologicos completos. En el caso de aquellos cultivadores que se resistan a este esquema productivo, se arriesgan a la destrucción de sus cultivos y semillas como queda demostrado en el documental 9.70 |4|.

Finalmente, en lo que respecta a los subsidios, estos representan tal vez la peor alternativa disponible. Ante la falta de protección y apoyo a la agricultura por parte del gobierno, los subsidios solo mitigan de manera temporal el carácter estructural de la baja productividad de gran parte del sector agricola en Colombia. En lineas generales, los subsidios tienden a beneficiar a la agroindustria en el pais, la cual dispone de facil acceso a credito por su tamaño y altos niveles de productividad, sin ayudar de manera estrategica a mejorar las condiciones de producción y de vida de los pequeños y medianos campesinos que viven cosecha a cosecha.

Ante esta situación se requeriria un aumento significativo de los recursos que destina el pais, no para subsidiar, sino para invertir en el desarrollo de las capacidades y potencial de la agricultura en el pais, por medio de la tecnificación y especialización productiva de la economia campesina. Sin embargo, una mirada al presupuesto de la Nación revela una situación bastante diferente. Mientras que en el presupuesto de 2013 el sector agricultura recibio recursos por 3,7 billones de pesos (1,9 millardos de dolares) en 2014 el sector recibira 2,1 billones de pesos (1,1 millardos de dolares). Esto representa una disminución del 43%, justo en el año en que ademas del TLC con Estados Unidos, se espera entre en vigencia el TLC con la Union Europea.

No solo el sector agricola ve reducida su partipación sino que en general la estructura del presupuesto de Colombia muestra la poca atención que recibe el campo. Los recursos del sector representan un 1% del total del presupuesto de 2014. Mientras tanto el sector Defensa, basicamente los recursos de la Policia y Ejercito Nacional, recibira 27,7 billones de pesos (14,5 millardos de dolares), es decir 14 veces los recursos destinados para agricultura. Mas grave aun, mientras los campesinos protestan y se manifiestan en contra del olvido estatal, el gobierno destina 44,7 billones de pesos (23,3 millardos de dolares) para el pago de la deuda, o 23 veces los recursos de agricultura. Al sumar los recursos destinados al pago de la deuda y el sector defensa, estos representan el 37% de los recursos totales del presupuesto de 2014. Esta cifra es el equivalente de los recursos de agricultura, educación, salud, inclusión social, transporte y vivienda.

Los numeros dejan en claro que mas alla de buscar resolver de manera estructural los problemas del campo colombiano, el gobierno busca soluciones de corto plazo que le permitan posicionarse de cara a las elecciones que tendran lugar en el pais en el primer semestre de 2014. El costo de esta estrategia necesita ser sopesado, no solo frente a la futura reaparición de la misma serie de problemas que enfrenta hoy en dia el sector agricola, sino mas importante aun frente a una posible conclusion exitosa de los dialogos de paz que se llevan a cabo en la Habana. Ante la oportunidad historica de lograr una solución negociada al conflicto armado, Colombia no se puede dar el lujo de continuar desatendiendo las tensiones sociales y economicas que dieron lugar originalmente al periodo de violencia que ya dura mas de 60 años. Al parecer las calles y pueblos de Colombia, y en especial su capacidad de seguir presionando por cambios al gobierno, tienen la ultima palabra al respecto.