Dos situaciones (el llamado “caso López Meneses” y los resultados de la prueba PISA) han llenado en los últimos días los espacios periodísticos escritos, radiales y televisivos con entrevistas, comentarios y opiniones. Cual concurso decadente, nuestros “gurús” de la política y de la educación se han esmerado en probar que todos merecen el premio cinismo.
No se han quedado atrás los “padres de la repartija”. Fieles a su deformación comisionista han constituido una para investigar quién o quiénes estarían detrás de las órdenes de resguardo a la supuesta casa del Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, que “en realidad” pertenecería a quien se dice tenía, en la universidad privada donde estudiaba, más de play boy y de divertido fundador de la JAP en su facultad, que de buen estudiante en Química.
Se espera que haya otra comisión para investigar el por qué del “fracaso” de nuestros adolescentes respecto de lo que son capaces de hacer en comprensión lectora, matemática y ciencias. Los “midieron” con una prueba diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hecha para comparar diferencias en los cocientes de inteligencia (IQ), entre estudiantes de 15 años de los países de la eurozona con los de los demás países integrantes de ese aparato injerencista encargado de imponer condiciones al comercio, la educación y el medio ambiente en favor del orden mercantilista controlado por las élites del poder mundial.
El Perú no es país miembro de la OCDE. ¿Qué hace ahí prestándose de conejillo de indias? Simplemente obedeciendo órdenes para evidenciar que se trata de un país abierto a los depredadores del mundo y a sus intermediarios nativos porque aquí nadie tiene la menor idea de lo que pasa a su alrededor y mucho menos para distinguir peruano de japonés o norteamericano; milico de militar; presidentes de felón, benefactor de indultos o corrupto inmobiliario; congresista de traficante de influencias, tránsfuga, contrabandista informático, voleibolista o comentarista deportivo; discapacitado de ladrón; realidad de talkshow; periodismo de alienación; diversión de estupidez; cocinero de candidato presidenciable…
La prueba Pisa, elaborada por la OCDE, que sólo tiene al inglés y al francés como lenguas oficiales y ha recibido reiteradas críticas de los entendidos en elaboración de pruebas estandarizadas, mide y compara diferencias que poco o nada tienen que ver con la escuela y los conocimientos, pero sí con la alimentación, la nutrición, el cuidado pre y post natal y con la genética de los estudiantes. En cierta forma, es el complemento de la prueba TIMMS que mide las tendencias en matemáticas y ciencias a partir de los conocimientos adquiridos en el sistema escolar. Pero en la prueba PISA que destaca por su arbitrariedad manipuladora, la medición no va por el lado de la aplicación de conocimientos sino por el de las condiciones que habilitan a los estudiantes para poder pensar y razonar. Si alguna utilidad pudieran tener sus resultados, estos advertirían lo que volverá a repetirse dentro de tres años cuando los que ahora tienen 15, lleguen a la mayoría de edad, o cuando gracias al cohecho, la corrupción, el narcotráfico, la informalidad, la delincuencia institucionalizada y otras artes, más la transparencia del voto, lleguen a congresistas, presidentes regionales, alcaldes, e incluso a presidentes de todos los peruanos. O cuando gracias a la institucionalidad que los digite, más los “santos evangelios”, ejerzan de ministros, viceministros o funcionarios.
En realidad, el último lugar nos pone en el primero de la lista de las colonias donde la institucionalidad del orden mundial capitalista y sus socios inversionistas, puede hacer lo que quieran. En el 2000 éramos los segundos y por eso tenemos el país del presente. “Vanguardia en minería”, dice el presidente de turno, pero al servicio de las grandes corporaciones que el BM, el BID y USAID califican y seleccionan para hacer “lucrativos negocios” en nombre del crecimiento macroeconómico y la inclusión social. ¡Como si una y otra cosa tuvieran algo en común!
Que la prueba PISA no mida lo que directamente hace la escuela sino los antecedentes que apareja el origen familiar y de clase, la crianza, nutrición y aprendizajes en los primeros años de vida, no exime de responsabilidad a la brillante recua de ejecutores de las políticas educativas del BM a través del ministerio de educación. Todos salidos del Consejo Nacional de Educación y miembros de la ONG Foro Educativo que sobreviven gracias al financiamiento de USAID.
Tampoco exime a los maestros, pero no se puede acusar a éstos de una realidad de la que son el resultado y que hunde sus raíces en las imposiciones del FMI, en las políticas de crecimiento e inclusión social del BM, en sus políticas y estrategias educativas, en la acción depredadora y contaminante de sus “socios inversionistas” en la minería y otras actividades extractivas, en el asistencialismo denigrante de las llamadas “políticas sociales” impuestas por el BM, el BID y USAID, en los proyectos y programas enajenantes de “responsabilidad social” que instrumentalizan telefónica, las mineras, la banca privada y las ONG en todo el territorio nacional, en la cooperación y asistencia “técnica” de UNESCO, de UNICEF, de la WWF, de la OMS, de OMC, de la FAO, de OIT. En fin, de toda la institucionalidad de NNUU, de la OEA, de OEI, de la OCDE.
En cuanto al llamado “caso López Meneses”, de lo que se trata es de divertir a la gente hurgando en la vida y contactos de los títeres de turno implicados directa, indirecta o públicamente. Lo que de antemano se sabe es que de los titiriteros no se dirá nada porque a nadie le conviene enfrentarse al poder que digita congresistas, financia campañas, califica postulaciones, subvenciona comisiones, maneja el Estado y sus poderes, genera la anomia y la corrupción de la que todos se benefician en mayor o menor medida.
Las “sesiones reservadas de acuerdo con el reglamento del congreso”, o las “faltas de quórum”, o “los planes de acción” y otras mañas, son el mecanismo para garantizarle a la macro institucionalidad del poder que sus intereses están a salvo. Nada se aclarará y “la verdad” serán las mentiras hechas a la medida de nuestro analfabetismo político para seguir avalando el orden institucional que nos gobierna.
Ninguna comisión, del nivel que se trate, investigará nada y menos aportará prueba alguna que involucre al poder que los corrompe. Hacerlo significaría sentar en la silla de los acusados a la presidenta del FMI, al presidente del BM, del BID, a John Kerry jefe de USAID, a la embajadora de EEUU en Perú, al jefe de la CIA, al director de la Trilateral y a sus intermediarios (Marito y Alvarito). Todos estos tienen mucho que decir sobre sus “ahijados” en los ministerios y los puestos de confianza en el gobierno y de cómo el cohecho se ha entronizado en las instituciones del Estado hasta convertirlas en un eficaz instrumento burocrático para el enriquecimiento ilícito y la estafa política.
Anomia y corrupción: ¿quiénes la generan y cómo se reproduce?
El Perú atraviesa por una crisis institucional que se torna irreversible dentro de su actual modelo neoliberal de economía y de sociedad. Las cuatro variables que identificarían una institucionalidad para el cambio -autonomía, conocimientos, especialización, trabajo en equipo- han sido absorbidas por una macro institucionalidad financiera y de cooperación que dicta las políticas, las estrategias y los modos del quehacer institucional del Estado sobre la base del cohecho, el engaño y la corrupción. Ciertamente, esto no es privativo del Perú. Ocurre en la mayoría de los países de América latina y del Caribe. Pero esto, lejos de ser un consuelo, evidencia nuestra condición de colonia dentro del orden mundial capitalista. Tal como ha sido desde que los marranos, judíos y cristianos nos arrebataron el derecho a ser nosotros mismos, hace ya más de 500 años.
En esta condición, ningún poder del Estado, ni la más alta autoridad de gobierno y mucho menos su entorno conyugal, asesoral, ministerial, amical o de otro tipo tiene capacidad alguna para tomar decisión alguna. De hecho, no toma ninguna.
La autonomía se asienta en la soberanía y ésta en la independencia, económica, social, política, ideológica, cultural. Condiciones inherentes e ineludibles para la toma de decisiones propias y de las que las neo-colonias, como el Perú, carecen.
Las instituciones son espacios donde se aprende y desarrollan capacidades, actitudes y hábitos. Esto constituye el sustento de los valores reales que otorgan identidad a una institución. La posibilidad de su construcción es, sin embargo, consustancial a la de autonomía. Sólo en condiciones de autonomía una institución puede desarrollar conocimientos que den sustento a las capacidades, las actitudes y los hábitos de sus agentes sociales (autoridades, funcionarios, técnicos, empleados) para hacerlos competentes en el desempeño de la tarea central que implica la especialización institucional para el cambio.
Los condicionamientos que impone la macro institucionalidad financiera y de “cooperación y asistencia técnica” les otorga a éstas, prerrogativas para digitar “liderazgos” institucionales entre aquellos que medraron y medran de sus financiamientos a través de ONGs, de Consejos, de puestos de trabajo de segundo y tercer nivel, de intermediarios “políticos”, de simples recolectores de datos o de habilitadores de información.
Desde su origen, la institucionalidad de la ONU, de la OEA, de las secretarías de defensa y de estado de los EEUU, han neutralizado en nuestros países la posibilidad de generar autonomía, identidad, capacidades propias, actitudes para el cambio, hábitos movilizadores, especialización y cultura de trabajo en equipo. Pero no sólo han neutralizado sino que han generado una nueva estructura burocrática que se identifica como régimen permanente. Esta se yuxtapone y sustituye a cualquier intento de estructura institucional de los gobiernos temporales electos, sea cual fuere su orientación. De este modo, el “gobierno democrático”, que asegure los intereses de las élites del poder mundial, se identifica con una institucionalidad permanente establecida desde las instituciones financieras y de cooperación de la ONU y de la OEA y desde los departamentos de defensa y de estado norteamericanos.
La propuesta norteamericana de “gobierno democrático” no es pues, liberal. La “democracia” norteamericana impulsa y financia en cada uno de nuestros países y en el Perú en particular una institucionalidad en manos de hombres y mujeres que, “de manera perversa como apasionada”, reducen todo atisbo de libertad y autonomía desde estructuras burocráticas. Para mantener el orden y administrar justicia, las fuerzas armadas y el poder judicial; para extender la moral judeo-cristiana, las iglesias católica y protestantes de diverso tipo; para administrar los intereses corporativos de las financieras y de sus socios inversionistas extranjeros y nativos, una burocracia enajenada y torpe; y, para ideologizar toda esta realidad, una prensa oligárquica, oscurantista y decadente.
No se trata de un “poder paralelo”, como un advenedizo presidente ministerial dijera, sino del “verdadero poder” que ordena y manda lo que hay que hacer en economía, en política y en acondicionamiento del territorio y de las mentes para la instalación de las bases militares que urge el gobierno norteamericano en su propósito de recuperar su “patio trasero” perturbado últimamente por el ALBA, UNASUR y la CELAC.
Si algo se protegía (o se protege) con el despliegue policial denunciado por un canal de televisión, nada santo, no es la casa de fulano, sutano o mengano. Se protege lo que la estructura del “verdadero poder” oculta. Por eso, nada se puede esperar de comisiones e investigaciones. La estructura burocrática del verdadero poder o “régimen permanente”, asentado en las fuerzas armadas, el poder judicial, la iglesia, la burocracia y la prensa, está por encima de los poderes del Estado. Quien diga que “manda” en algún poder del Estado o en un ministerio, es simplemente un peón bravucón atenido al poder de los que lo pusieron en el cargo para cumplir determinadas órdenes.
