Hoy
se cumple el primer mes de nuestro gobierno, los primeros treinta días
de la revolución democrática y cultural que encabezamos con el rotundo
mandato popular del 18 de diciembre de 2005, cuando los bolivianos y
las bolivianas del campo y de la ciudad decidimos dar una vuelta de
página a una historia llena de injusticias y de discriminación.
En
la conformación del Poder Ejecutivo pusimos todo nuestro empeño en
lograr que la conciencia social participe conjuntamente con la
capacidad profesional. Así, hemos nombrado un gabinete representativo
de los movimientos sociales, el empresariado, las clases medias, los
indígenas, los intelectuales y las mujeres. Se trata de un gabinete
inédito en la historia boliviana que trata de expresar plenamente la
Bolivia multicultural, digna y soberana. Quiero decir, con mucho
orgullo, que este es el primer gabinete formado por decisión autónoma,
sin presiones de organismos internacionales.
Atendiendo a las prerrogativas constitucionales del Presidente de la
República, al iniciar nuestro gobierno nombramos un Alto Mando Militar
que, respetando la institucionalidad, hace un corte con el pasado de
sometimiento de nuestras FFAA a intereses externos y privilegia el
profesionalismo, la disciplina y el respeto a nuestra soberanía como
país. Debemos recuperar la soberanía en el corazón del Estado, en los
cuerpos de seguridad, en los institutos militares y en los cuerpos
policiales.
Para
algunos ha sido una novedad que el Presidente trabaje desde las cinco
de la mañana –como la mayoría de los obreros y campesinos bolivianos– y
que renuncie al 57% de su sueldo. Sin embargo, esa medida ha sido para
nosotros como la marca que define, desde el principio, el espíritu de
nuestro gobierno: soy Presidente no para ganar más plata, sino para
trabajar más por la Patria. Con esta medida del Poder Ejecutivo se
ahorró 13,9 millones de bolivianos, que serán nuestro aporte para
llegar a los 3.500 nuevos ítems en el área de la educación, sector que
recibió, por primera vez en años, un aumento del 7% en sus salarios,
sin marchas, bloqueos ni otras medidas de presión.
Junto al pueblo
Dijimos
que mandaríamos obedeciendo. Por eso hemos mantenido en estos 30 días
unas 300 reuniones con movimientos sociales, instituciones y
organizaciones empresariales y cívicas, escuchando sus planteamientos y
aprendiendo de sus sugerencias. Estamos convencidos de que la
consolidación de este gobierno y este proceso sólo será posible
mediante el fortalecimiento de la unidad entre el gobierno y los
movimientos sociales. Por eso he aceptado con humildad la
propuesta de los compañeros cocaleros para que siga presidiendo las
Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. No me avergüenzo de ser
Presidente de la República sin dejar de ser dirigente social, porque no
vamos a distanciarnos de quienes, desde sus luchas y sacrificios, han hecho posible este cambio histórico.
Estas
consideraciones nos llevaron a aprobar, el 21 de febrero, la ley del
Fuero Sindical, para defender los derechos de los trabajadores y
trabajadoras del país que se sentían avasallados por la flexibilización
laboral. Con la defensa del fuero sindical, los trabajadores del país
están protegidos en sus derechos; atrás quedaron los años de represión,
cárcel y confinamiento para los trabajadores que son elegidos
dirigentes y defienden los derechos laborales.
Nos
reunimos con los nuevos prefectos, electos por primera vez por el voto
popular, para concertar las reglas del juego y las competencias de cada
uno de los poderes. Las Prefecturas deben ser el motor del desarrollo
regional bajo las líneas diseñadas por el Poder Ejecutivo. Como he
señalado, somos como una selección que juega con la camiseta de
Bolivia.
Hemos
conversado asimismo con los 327 alcaldes del país, reconociendo que el
poder local es la trama básica de las relaciones entre el Estado y el
ciudadano, y que los municipios son el lugar donde se atienden primero
las necesidades de todos los días de la comunidad. Mantendremos una
política de respeto a los gobiernos municipales electos, llevando
adelante, junto a ellos, la guerra contra la pobreza.
Apenas
asumimos el gobierno, nos hemos enfrentado con los peores desastres
naturales de los últimos años. El 60% del país fue afectado por
inundaciones, granizadas, turbiones y deslizamientos. Fueron afectadas
alrededor de 25.000 familias. De inmediato activamos el sistema de
atención a las emergencias. Para ello el 26 de enero emitimos el D.S.
Nº 28610, decretando Emergencia Nacional y convocamos a todos los
organismos de cooperación bilateral y multilateral para generar una
canasta de aportes. Gracias a esa iniciativa recibimos más de un millón
de dólares de ayuda de países amigos que nos permitieron atender a
14.607 familias (73.025 personas) que requerían ayuda humanitaria
urgente.
En
este primer mes hemos demostrado que se puede avanzar sin alterar la
estabilidad macroeconómica y, lejos de aislarnos, hemos posicionado a
Bolivia, con soberanía y dignidad, en la comunidad internacional. La
lucha de los movimientos sociales por el no pago de la deuda externa y
los pronunciamientos de la Iglesia Católica no ha sido en vano. Hasta
el momento, hemos conseguido la condonación del 100% de la deuda con
Japón (63 millones de dólares) y parte de la deuda con España (que
asciende a unos 140 millones de dólares). Además, están en proceso
otras condonaciones, como la que está en negociación con el BID (unos
1.300 millones de dólares), en el marco de "Programa de alivio de deuda
para países altamente endeudados".
En
este mes, la vinculación caminera fue también priorizada. Con el apoyo
de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del gobierno de Italia se
oficializó el financiamiento de 18,5 millones de euros para impulsar el
proyecto carretero Toledo-Ancaravi que es parte del tramo hacia Pisiga
y Chile. Asimismo, la CAF apoya el financiamiento de los 89 kilómetros
de la carretera Guayaramerín-Riberalta, tramo que es vital en la
conexión hacia La Paz y el Brasil.
Conflictos heredados
Al
llegar al gobierno fue muy ingrato constatar la magnitud del drama
provocado por el desmantelamiento de las empresas estatales, y la
complicidad de algunos empresarios que no tuvieron compasión con el
país. El caso del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) es un ejemplo de esto.
Para asegurar el servicio y evitar las consecuencias sociales de la
crisis, nos hemos visto en la necesidad de intervenir la empresa, de la
cual los bolivianos somos dueños en un 48%. Tenemos claro que el pueblo
boliviano no puede cargar con la deuda del LAB.
Se
acabó la época del "Estado opa" que, bajo un discurso de libre mercado,
financiaba a empresarios irresponsables a costa de la mayoría de los
bolivianos. Hoy nuestra línea de bandera ha vuelto a volar y una
auditoria administrativa y financiera determinará las causas de su
crisis e identificará a sus responsables. Una de las metas de nuestro
gobierno popular es acabar con la impunidad.
Con
la postergación de la licitación del Mutún, para su estudio y
reformulación, termina la larga era entreguista que duró más de 180
años y comienza una etapa de defensa de los intereses nacionales. Hemos
tomado la decisión de postergar por 90 días la licitación, después de
estudiar los informes de la comisión interministerial, la comisión
técnica y la comisión jurídica. Con la nueva licitación y los nuevos
contratos se logrará mejorar los ingresos del Estado, construir la
primera industria siderúrgica en Bolivia –a través de la
industrialización del hierro– y preservar el medio ambiente con el
reemplazo del carbón vegetal por el gas natural como fuente de energía.
Quiero agradecer a los movimientos sociales y cívicos del oriente por
haber entendido y apoyado nuestra decisión.
Decisión soberana
Esta
nueva fase nacionalista en la gestión de nuestros recursos naturales
tiene como telón de fondo la nacionalización de los hidrocarburos. En
reuniones con empresas y países que tienen intereses en este sector,
hemos dejado claramente establecida nuestra posición de que "Bolivia
necesita socios y no patrones".
Las
principales empresas transnacionales han aceptado la posición de la
gran mayoría de los bolivianos y han dejado en claro que seguirán
invirtiendo bajo un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la
soberanía nacional. Por otro lado, cumpliendo con lo establecido por la
Ley 3058, se ha inaugurado en la ciudad de Yacuiba la Vicepresidencia
de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB. Así, pues, la
refundación de YPFB –alguna vez orgullo de los bolivianos– está en
marcha.
También
estamos recuperando la capacidad de decisión soberana del Estado en
relación a los cultivos de coca. Este gobierno de los movimientos
sociales y de las mayorías nacionales, ha demostrado que la
participación de los propios campesinos es esencial para el objetivo de
racionalizar voluntariamente los cultivos, en el marco del Desarrollo
Integral, siguiendo la meta de "narcotráfico cero" y no de "coca cero".
En este sentido, un próximo estudio, con la cooperación de la Unión
Europea, determinará las verdaderas dimensiones del mercado legal de la
coca. Paralelamente, hemos comenzado a impulsar la despenalización
internacional de la hoja de coca en estado natural, lo cual permitirá
su industrialización y exportación.
Recogiendo
las aspiraciones de los bolivianos hemos elevado al Parlamento una
propuesta de Ley de Convocatoria para una Asamblea Constituyente con
suficiente poder para cambiar Bolivia. El 2 de julio debemos votar y el
6 de agosto la Asamblea debe estar posesionada en Sucre. Para eso
impulsamos un proyecto que garantiza el respeto a "un hombre un voto" y
el voto directo. Además, propiciamos que los jóvenes mayores de 18 años
puedan ser elegidos, así como un 50% de mujeres.
Compañeros
y compañeras: como dije en Tiwanaku, si no avanzo lo suficiente,
empújenme. Entre todos tenemos la tarea de transformar la indigna
herencia neoliberal y colonial en una Patria para todos. Y en este
primer mes de gobierno hemos empezado a caminar a paso firme hacia ese
horizonte.
