El Ejecutivo del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia acaba de aprobar un conjunto de leyes para poner a derecho al "cooperativismo minero" de ese país andino. Se inicia así el largo camino de poner fin a su errático desarrollo y de hacer cumplir el orden constitucional y la normatividad existente para regular su desempeño dentro de la economía nacional. El camino para superar las contradicciones que el “cooperativismo minero” ha generado en cuanto a su organización interna (entre dirigencias, socios y trabajadores “asalariados” de diferente tipo); su producción, procesamiento, comercialización, distribución; sus relaciones con empresas transnacionales con nombre andino (como Manquiri en Potosí subsidiaria de Coeur d' Alene Mines Corporation dedicada la explotación de plata); sus relaciones con los movimientos y organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad que respalda al gobierno del Presidente Evo Morales; sus finanzas y responsabilidades impositivas, contables y de seguridad social.
En este contexto, creo oportuno decir algo sobre las “cooperativas mineras” bolivianas a propósito de las “exigencias” que plantearon al gobierno del Presidente Evo Morales dentro de una clara perspectiva conspirativa y en estrecha relación con los afanes desestabilizadores de una derecha apátrida al servicio de los afanes restauradores del capitalismo euro-estadounidense-israelí, de su banca financiera internacional y de sus socios inversionistas transnacionales. Y, como de cooperativas se trata, diré algo, también, sobre la institucionalidad que desde siempre ha instrumentalizado al movimiento cooperativo en América latina.
Movimiento cooperativo en América latina
Detrás de la instrumentalización del movimiento cooperativo en América latina estuvo siempre Estados Unidos. Su impulso vino con los financiamientos otorgados por la vieja Agencia Internacional para el Desarrollo-AID (actual USAID). Su orientación y sentido vino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de los Cuerpos de Paz, creados para el espionaje y el crimen selectivo en el movimiento sindical obrero y campesino. La “Alianza para el Progreso”, creado para frenar las luchas campesinas por la Reforma Agraria, completó el marco. Todo esto, allá por los años 50 del siglo pasado con proyección hasta nuestros días. El “movimiento cooperativo” es un vasto programa adaptado para la infiltración, la sedición y el terror sobre bases del judeocristianismo de la iglesia católica y del protestantismo estadounidense.
En cualquier caso, los diferentes tipos de cooperativas- financieras, agrarias, de producción y trabajo-, sobrevinieron yuxtapuestas a realidades latinoamericanas donde no habían tenido lugar procesos de cambio en la estructura del ingreso y el ahorro; la propiedad de la tierra; los recursos naturales (como los mineros y energéticos); el trabajo y la producción. Justamente, para ser el principal instrumento de neutralización de esos cambios, de infiltración del movimiento sindical clasista y de imposición de una racionalidad mercantil y consumista en poblaciones semi o completamente analfabetas, rurales y urbanas.
Mientras en Europa el “cooperativismo”, utilizando las ideas de los “socialistas utópicos”, sirvió para hacer frente a los embates de la revolución industrial y al desplazamiento de la producción manufacturera, los talleres y la artesanía, por el maquinismo y las fábricas, aquí, en América latina, y en el resto de las colonias del mundo, aseguró la expansión monopólica y redujo nuestras economías a la exportación primaria y a la desindustrialización.
Deslinde imprescindible
Aquí, en América latina, las cooperativas de ahorro y crédito, las agrarias, las de trabajo y producción y todas las demás, nada tienen en común con las formas históricas de trabajo solidario y recíproco de los mayas, aztecas e incas. Quienes pretenden alguna similitud no son precisamente ingenuos despistados o desinformados. Se trata de los voceros y tecnócratas de instituciones como CEPAL, OIT, FAO; de la banca financiera internacional (FMI, BM, BID, USAID, OCDE); de las llamadas Asociaciones, Alianzas, Organizaciones, Centrales, Federaciones, Confederaciones de “cooperativas” a nivel regional y mundial; y de ONGs nacionales e internacionales. Fungiendo de ideólogos de lo que llaman una “forma superior de organización económica para el crecimiento y la inclusión”, o para el “desarrollo sostenible”, estas instituciones son verdaderos aparatos transnacionales “cooperando” para conspirar.
A estos aparatos se suman los tecno-mercenarios de la NED, el IRI, Freedom House y la variopinta cooperación extranjera europea, estadounidense, de la ONU, la OEA, la OEI que opera en nuestros países en íntima conexión con sus respectivas embajadas y representaciones.
Todas estas instituciones promueven, financian, aglutinan y manipulan, a nivel regional y mundial, a los diferentes tipos de “cooperativas” y las instrumentalizan para propósitos no sólo económicos sino también políticos e ideológicos. Historia que, por cierto, no es reciente.
El caso boliviano y las exigencias de los “cooperativistas” mineros
Lo hecho y lo dicho por el “cooperativismo” en el mundo y en particular en América latina, pone de manifiesto el sentido estratégico de su actuar. Estrechamente vinculadas a una institucionalidad internacional corrupta y transnacional, las cooperativas en nuestro medio, forman parte de un poder encubierto para hacer, de sus dirigencias, burocracias rentistas explotadoras del trabajo y del ingreso de sus propios “socios” y de trabajadores asalariados a su servicio.
Dependiendo de su peso relativo en la economía, en la producción, tratamiento y comercialización de minerales, en la banca y las finanzas, las dirigencias cooperativistas y sus socios calificados asumen atribuciones por encima de leyes, reglamentos y autoridades, como se puso de manifiesto en Bolivia. Impregnadas de un actuar mafioso y gansteril estas dirigencias se arrogan representatividades que no les corresponden e imponen condiciones y plazos a costa de la vida de las autoridades constituidas.
Al respecto, cabe recordar la amenaza que el dirigente “cooperativista”, Carlos Mamani, le hizo al vice ministro del interior Rodolfo Illanes, asesinado cobardemente en el altiplano boliviano, sentenciándolo “atenerse a las consecuencias” si en un plazo de 48 horas no resolvía favorablemente las exigencias “cooperativistas”.
“Exigencias” que en nada expresan la compleja realidad de las cooperativas mineras de Bolivia: sus tipos según el mineral de que se trate (auríferas, metálicas, no metálicas y de agregados); sus distintas realidades según los ámbitos geográficos donde operan; su antigüedad; sus distintas formas organizativas; sus “socios”; las decenas de miles de “sus” trabajadores asalariados entre peones, eventuales, “serenas”; la temporalidad de estos trabajos, sus ingresos, sus aportaciones, su seguridad y beneficios sociales; sus formas de trabajo (dentro de la mina, de relave, de desmonte); las “cuadrillas” y “cabecillas” y sus accesos a minerales de baja y alta ley; su producción y formas de tratamiento según tipo de mineral; el acceso a máquinas y herramientas; la propiedad y control de los ingenios y el acceso a tecnología de punta; la comercialización y las comercializadoras (privadas, transnacionales, intermediarias); la gestión (financiamiento, mercadeo, venta, reinversión) y administración en general. Esto, sólo para citar algunos aspectos de la vasta heterogeneidad y complejidad que tienen las llamadas “cooperativas” y los llamados “cooperativistas” mineros bolivianos.
En lugar de ser un aporte para la superación de su intrincada problemática, lo que se exigía era nada menos que la instauración de un “Estado cooperativista” dentro del Estado Plurinacional que representan sus autoridades. He aquí sus diez puntos (entre comillas) y la realidad que pretenden encubrir:
1. “Rechazar el reconocimiento de sindicatos de trabajadores en las cooperativas”. Esto, para evitar las reinvindicaciones de las diferentes categorías de “peones” y de “trabajadores eventuales” que son explotados por los llamados “socios” calificados. (Según un estudio del 2008, la mina Unificada de Potosí tenía cinco mil socios y 15.000 asalariados entre peones y “segunda manos”). O el de las “serenas” que confrontan un miserable salario en condiciones precarias de sobrevivencia. (Las “serenas” son mujeres viudas que cuidan, junto a sus menores hijos, de las bocaminas y de las máquinas y herramientas de los trabajadores por un salario miserable y sin ninguna prestación social).
2. “Respeto a la Ley General de Cooperativas”, a fin de asegurarse los beneficios que ningún otro sector de la economía nacional boliviana tiene. Como el no pago de impuestos; la condonación de las regalías a que están obligados; la no auditoría de sus libros contables; la libre comercialización de los minerales.
3. “Modificación de la ley de minería”, para ajustarla a sus exigencias por mayores extensiones de tierras para la explotación minera en contra de comunidades asentadas y de la protección medioambiental.
4. “Fideicomiso a favor de la empresa metalúrgica Vinto para pagar la entrega de minerales a las cooperativas”, lo que significa exigirle al Estado la privatización de la empresa estratégica Vinto, refinadora de Estaño, para de esta manera poder contratar con una empresa privada y no con el Estado.
5. “Flexibilización de regulaciones medioambientales”, esto es, derogar todas las leyes, reglamentos y normativas de protección ambiental abriendo paso a la sobreexplotación de los recursos mineros en contra de la agricultura, la ganadería, la flora y fauna silvestre, el agua, las comunidades originarias, la vida.
6. “Inyección de recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería”. Con esto, las dirigencias de los cooperativistas mineros pretenden hacer creer que el Estado Plurinacional de Bolivia no los apoya. Sin embargo, éste ha sido el que impulsó el desarrollo Cooperativo Minero a través del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) desde su creación el 4 de agosto de 2009 según Decreto Supremo Nº 0233 y ratificado por Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia. El FOFIM ha otorgado 49 préstamos por un valor de Bs. 180.328.098,36 (26.032.164,28 de dólares USA) a las Cooperativas Mineras de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, desde el 2009 hasta septiembre 2015. Los recursos fueron destinados para la mecanización y construcción de plantas de concentración (Ingenios Metalúrgicos) a fin de contrarrestar la sobreexplotación que significan los ingenios de propiedad privada (nacional y extranjera) y de “socios” enriquecidos de las cooperativas. (Por cada tonelada de mineral a ser procesado en estos ingenios, sus propietarios cobran entre 30 y 50 dólares. Al día se procesan entre 10 y 20 toneladas sin ninguna medida de protección medioambiental ni contra la contaminación por polvo y ruido de los trabajadores). Las dirigencias “cooperativistas” se niegan a dar cuenta sobre los recursos asignados por el Estado, incumpliendo de este modo las normas establecidas en el Reglamento Operativo de Préstamos del FOFIM.
7. “Inclusión de un representante de los cooperativistas en el Directorio de la Caja Nacional de Salud y una solución que consolide las áreas de la cooperativa 26 de febrero en el yacimiento de Colquiri”. Esto es, exigir al Estado que se les facilite seguir copando cargos públicos aparte de los que ya detentan directa o indirectamente y exigir situaciones de exclusión respecto de la aplicación de las leyes nacionales, permitiendo que las “cooperativas” mineras contraten directamente con empresas transnacionales la producción, tratamiento y comercialización de minerales de alta ley.
8. “La reposición del vice-ministerio de cooperativas o la creación de un ministerio para el sector”. Esto es, elevar una modalidad de organización empresarial al mismo nivel del sector minero, facilitando de este modo que la USAID, la CIA, OIT, las organizaciones internacionales de cooperativas y las ONG entreguistas, ejerzan poder desde el ejecutivo del gobierno.
9. “El tendido de redes de energía eléctrica a todas las cooperativas del país con tarifas preferenciales”. Exigencia que no hace ninguna diferencia con lo que establecen las políticas impositivas de la banca financiera multilateral a los gobiernos de turno en América latina y El Caribe para facilitar que sus “socios inversionistas” transnacionales cuenten con todas las facilidades para maximizar sus utilidades con la libre explotación de nuestros recursos naturales. Lo que pretenden los organismos internacionales, utilizando a las dirigencias corruptas del “cooperativismo minero”, es que Bolivia abandone el establecimiento y la planificación de sus políticas en función de prioridades estratégicas que aseguren la consolidación de su autonomía y soberanía nacional y vuelva a ser un Estado donde los privilegios de unos pocos se impongan.
10. “La reinversión de recursos provenientes de las regalías mineras en proyectos para el sector”. Resulta curioso: Primero, porque las “cooperativas” han sido varias veces exoneradas del pago de las regalías a las que están obligadas por ley. Segundo, porque lo que pretenden es que las regalías provenientes del sector minero se reinviertan en proyectos que favorezcan a las “cooperativas” mineras asumidas, en este caso, como un “sector” que no lo son. Tercero, porque la gestión (financiamiento, mercadeo, ventas y reinversión) de las cooperativas mineras ocurre de una manera, no sólo diferenciada, sino errática en función casi exclusiva de sus dirigentes y socios reconocidos y más antiguos, de los comercializadores y de las llamadas “cuadrillas” o “secciones”. (Grupos de peones dirigidos por un “cabecilla” -generalmente un socio- que se juntan voluntariamente para explotar un mismo paraje, poniendo en común maquinas, herramientas, compartiendo la producción y asumiendo la comercialización y la redistribución de los ingresos). Cuando los recursos de un “paraje” se agotan y la cuadrilla decide desorganizarse se venden máquinas, herramientas y otros instrumentos repartiéndose el dinero de esas ventas entre los integrantes de la cuadrilla o la sección y el cabecilla. (Op cit. Pág. 20). Esto, nada tiene que ver con organización ni con producción cooperativa.
En definitiva
Las exigencias estaban orientadas a revertir la racionalidad planificadora de un Estado libre y soberano para ponerla al servicio de los intereses compartidos entre las entidades financieras del orden mundial, sus “socios inversionistas” transnacionales y una mafia internacional que maneja el movimiento cooperativo a nivel regional y mundial. Un petitorio con una clara perspectiva conspirativa que no nace de la “imaginación” de dirigentes mineros “cooperativistas” corruptos. Que se entronca con la estrategia sediciosa del imperialismo sionista euro-estadounidense-israelí contra los gobiernos progresistas en esta parte del mundo. Para esto, cooperan en conjunto las instituciones financieras del orden mundial (FMI, BM, BID, USAID), sus agencias y ONGs para la sedición y el terror y el movimiento cooperativo internacional. No porque el “cooperativismo” minero les importe, sino por el potencial minero con que cuenta Bolivia. (Al 2008 sólo 10% de ese potencial había sido explotado). Y porque la destitución del actual gobierno boliviano forma parte de la estrategia restauradora del imperialismo estadounidense en América del Sur.
