Colombia cumple hoy 35 días de protestas, paro y bloqueos llevados a cabo por un pueblo que se cansó de los grandes abusos e injusticia social, como consecuencia del modelo y el sistema económico, político y social impuesto por la oligarquía colombiana, desde hace 200 años.

La rebeldía de la población no obedece a factores exógenos, como les atribuye el presidente Iván Duque y su jefe el ex senador Álvaro Uribe y que irresponsablemente propagan los corruptos medios de comunicaciones de Colombia.

La gran mayoría de los grandes medios de prensa son propiedad de los mismos oligarcas opresores y sus empleados y periodistas tiene que subordinarse y propagar una línea editorial y noticiosas de favorecer la política del gobierno, aunque lo que propaguen sean grandes falsedades. Un ejemplo de esta afirmación la tienen en la Revista Semana.

Los más prestigiosos periodistas del staff de esa revista renunciaron y no aceptaron lo que le pedían, la dignidad y prestigio de ellos no podían enlodarlo con un medio, que su directora no es imparcial, y de evidente militancia uribista, defensora a ultranza del actual gobierno.

Un gobierno enemigo del pueblo, al servicio de la oligarquía y de los intereses políticos, económicos y militares del gobierno de los Estados Unidos, aliado al estado sionista de Israel y a la extrema derecha latinoamericana. La crisis política se ha agudizado y el presidente Iván Duque lejos de buscar la solución y el diálogo, decide ir a la confrontación, al emitir el decreto 575 el pasado 28 de mayo y que su puesta en práctica viola la Constitución Nacional.

En tales circunstancias, resulta imposible que la grave crisis política, económica, social y militar, provocada por un Gobierno de un Estado fallido, pueda darle solución con el decreto 575, el que establece la orden presidencial a gobernadores y alcaldes, de utilizar a las Fuerzas Militares, para despejar los bloqueos y dispersar a los manifestantes, con el uso de las armas de fuego, violando la Constitución.

El inquilino de la Casa Nariño, basado en la figura de "asistencia militar" ha ido lejos al emitir esa orden, orden e inconstitucional decreto, que en definitiva se ha venido ejecutando, desde el mismo 28 de abril, usando sus fusiles de guerra y empleando a los paramilitares que en la ciudad de Cali y en otros territorios, están operando junto a la policía y el ejército. Los paramilitares vestidos de civil, con el objetivo de engañar y distraer a la opinión publica. Esta información esta filmada y denunciada por el Comité de Paro y medios informativos de Cali, Popayán, Nariño, Bogotá, entre otros.

Obviamente, esa orden presidencial, lejos de contribuir a solucionar la crisis, ha provocado aumentar la opinión opositora a la gestión del Presidente por la mayoría de la población. Cada víctima les da más fuerza a los opositores para seguir luchando y no dejar impune esta grave violación a los Derechos Humanos, libertades públicas y a la Constitución de la República.

Esta brutal represión escenificada en diversos territorios colombianos, especialmente horrorosa en Cali, que, según los medios informativos, ha dejado, entre el pasado viernes 28 y el domingo 30 de mayo, veintisiete muertos, decenas de heridos y detenidos. Es estos lamentables hechos los que incentivan e infunden argumento para continuar la lucha y defender esta justa causa.

La victima por muchos años ha sido el sufrido pueblo colombiano y aparece muy claramente en el horizonte, que el gobierno de Duque, no tiene ningún interés en negociar y en última instancia no aceptará nada que afecte los intereses de la oligarquía y mucho menos a los Estados Unidos. De todos modos, el Comité de Paro y los lideres de los movimientos sociales y étnicos, siempre han estado dispuestos a negociar, ha sido el gobierno quien se ha negado y les ha incumplido.

Esa represión que se ha desarrollado en esos 35 días, lejos de debilitarlos los fortalece y une al liderazgo de los convocantes y bajo ningún concepto ceder, negociar sí, dialogar también, pero los manifestantes y el pueblo pide que las fuerzas militares y de policía se retiren primero y luego sí sentarse a negociar con transparencia y seriedad. Quienes han perdido de manera muy sensible por el luto y el dolor causado, han sido las instituciones militares y de policía y tendrán a futuro un alto costo político, pérdida de confianza y la condición humana.

No es descartable que luego de la larga conversación que el presidente Duque sostuvo con el ex senador Uribe Vélez en Medellín el pasado miércoles 26 de mayo, que comenzó sobre las 8 de la noche y culminó luego de la medianoche, el Presidente convoque a retomar el dialogo con el Comité de Paro.

La reunión con su mentor, según publicó la revista Semana, sobre la reunión hay un severo hermetismo, pero siempre se filtran comentarios, tal vez, interesadamente, pero lo cierto es que al parecer el tema estuvo centrado en la preocupación de lo que está sucediendo y el consejo es tratar de bajarle al enfrentamiento y ofrecer entre otras cosas aprobar una ley tributaria y que la carga sea solo para los pudientes y usar ese ingreso en función de gastos sociales. O sea, ofrecer migajas y evitar cualquier acuerdo de contenido en lo relacionado a cambios estructurales.

Uribe que es un viejo lobo en política, sabe que su aventajado alumno ya está devaluado, imposible su reelección y mucho menos candidatos de su Centro Democrático, pero si la búsqueda de alguno de sus aliados, aunque hayan sido adversarios, el tema es mantener el poder y el modelo socio-económico, neoliberal, dar continuidad a las relaciones con Estados Unidos y continuar en la política hostil contra Venezuela y servir de puente de odio e intervención en ese vecino país.

En esa dirección pueden existir algunas opciones, entre ellas las de candidatear a German Vargas Lleras, o tal vez la más viable es la coalición de "La Esperanza", que promueve el ex presidente Juan Manuel Santos y que tiene el doble propósito mantener el modelo y dividir a la llamada centroizquierda y afectar al Pacto Histórico, cuyo líder Gustavo Petro, se perfila con grandes posibilidades de ganar las elecciones en el 2022.

Si alguien tiene dudas de cómo actúa la derecha oligárquica colombiana en política, evalúen la unidad que tienen cuando defender el sistema se trata. En la moción de censura, contra el ministro de Defensa Diego Molano, los cuatro bloques de congresistas de los Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, votaron a favor y en defensa del Ministro, tanto en Cámara como en el Senado, a pesar de que este ministro está responsabilizado con el rio de sangre vertido por un pueblo indefenso, en defensa de sus derechos.

El plan de Uribe Vélez, juega a dos puntas, mantener a Iván Duque en el poder, hasta el 7 de agosto del 2022 y entregar el poder a una alianza de la derecha, sea cual sea la que gane, pero con garantías de mantener el modelo neoliberal y evitar el triunfo de un gobierno democrático, progresista y con una posición de corte nacional, soberano e independiente.

Por eso es que en la reunión del pasado 26 de mayo en Medellín, se fraguaron los planes, a tales efectos, Duque sabe que no tiene opción y que para mantenerse debe bajar los decibeles y comenzar una negociación sin comprometerse en nada estratégico y ganar tiempo.

Mientras Uribe Vélez, levantando aparentemente una posición a favor de los manifestantes, ha organizado unas marchas cuya característica es que sean en silencio, pacíficas y sin que los militares y la policía los agredan. Ello para mostrar la diferencia de las del pueblo, que también son pacíficas, pero con la diferencia que, a estas, les infiltran policías y paramilitares vestidos de civil que son los que provocan hechos vandálicos y es así como entran, los militares y policías a atacarlas, o en los bloqueos y cortes de vías, acosadas y atacadas por las fuerzas militares y de policía, con los fatales desenlaces conocidos.

Esa posición de Uribe Vélez, y sus consejos a Duque, tiene un objetivo estratégico y es tratar de desmontar el Paro Nacional, sin que tengan que ceder en cuanto a las propuestas del Comité de Paro y el movimiento social y étnico. No ceder en el tema del modelo económico, y manejar propuestas de corte social, pero nada de cambios estructurales. El gobierno no va a ceder en el retiro de los militares y policías y ese sería un mal inicio, la militarización contra la protesta pacífica es inconstitucional. Ganar tiempo es el objetivo del gobierno.

Por último y de acuerdo a informaciones recibidas por este articulista de académicos y profesores de la Universidad Nacional y del Externado, señalan que la solución a esta grave crisis, solo se solucionaran con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, esa no tiene ningún sesgo político e ideológico, porque será el soberano el que apruebe lo que propongan los constituyentes, es la solución que resolvería el conflicto social y armado en Colombia y se rescatarían los Acuerdos de La Habana.

Será el Gobierno el que tiene la responsabilidad de llevar a Colombia a tomar el camino de la negociación o el genocidio.