Por requerimiento del señor Michel Philipe Lulo Collado y de la entidad Michel Philipe Lulo y Asociados S.R.L., me llegó el  ACTA DE ALGUACIL 72/2022, instándome a rectificar  lo que escribí en la red social Twitter a propósito de la información en que en esa misma red social ofreció la vicepresidenta Raquel Peña en estos términos: “Con el objetivo de renovar y adecuar estructuralmente el sistema hospitalario nacional, hoy parte del #GabineteDeSalud nos reunimos con el Ing. Michel Lulo y demás profesionales en el área. ¡#EstamosCambiando para ofrecerle al pueblo dominicano un mejor servicio de salud!”

Como puede apreciarse, en ninguna parte de ese texto se informó que se trató de una reunión “estrictamente honorifica”, lo que era de rigor para evitar interpretaciones inexactas y hasta sospechas legitimas. Tampoco lo hizo el señor Michel Lulo.

Entonces llovieron las críticas al oficialismo y entre ellas las mías.

Luego de indagar mejor de quienes se trataba y de confirmar que el Ingeniero Lulo Collado es cuñado del Presidente Abinader y se juramentó en el PRM en el 2015, redacté y envié por mi cuenta de twitter esta primera nota: “Vale verificar anuncio en twit de Vice Raquel Peña de reunión del Gabinete de Salud con Ing. Michel Lulo, cuñado de ABINADER, con cuya firma MICHEL PHILIPE LULO Y ASOCIADOS contrataron modificar estructuras de sistema hospitalario. Algo muy grave, de ser cierto. ¡CORRUPCIÓN FLÍA PRESIDENCIAL!”

No hubo reacción  hasta que el tema tomó volumen, y solo entonces la vicepresidenta reaccionó por la misma vía declarando que  se trató de una “reunión honorifica”, de todas manera extraña e injustificable hasta por prudencia.
A raíz de esa “aclaración” un tanto controversial,  “twittié” este texto: “LA VICE RAQUEL PEÑA informa que MICHEL LULO Y ASOCIADOS, consorcio propiedad del cuñado de Abinader, no fue contratado para reestructurar sistema hospitalario, sino que fue una "reunión honorífica", rara por cierto. Debió decir esto  a raíz del anuncio. Una forma de salir del  lío”.

De la primera información ofrecida por la vicepresidenta Raquel Peña y las fotografías publicadas podía deducirse –y esa es una tendencia normal en estos casos- que estaba de por medio una contrato o una intención de contratación.

Por eso, no pocos de los que reaccionamos críticamente, lo pensamos y lo escribimos así. La dilación en aclarar desde el gobierno, potenció esa tendencia derivada de la noticia sobre la referida reunión con representantes de la empresa constructora encabezada por el ingeniero Lulo Collado, en la que se afirmaba que la misma tuvo “el objetivo de renovar y adecuar estructuralmente el sistema hospitalario nacional”.

Es claro que fue la vicepresidenta la  que creó  una confusión que todavía no se disipa, a pesar de los esfuerzos desplegados “a posteriori”; acompañados ahora de un cierto tono que podría interpretarse como de persecución y/o represalias.

Junto a la referida Acta de Alguacil emplazadora, recibí el 14 de enero copia de una CERTIFICACIÓN de HACIENDA-DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, firmada por el Lic. Carlos Romero y fechada el pasado miércoles 12,  en la que se da constancia del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, que ni del ingeniero Michel Lulo ni de su empresa se encontraron registros de contratos como proveedores del Estado Dominicano.

No tengo por qué dudar de los términos de esa Certificación, la cual no deja de ser importante para comenzar a despejar  los nubarrones  creados por la vicepresidenta Raquel Peña cuando decidió realizar y anunciar una reunión  a todas luces improcedente e indelicada, aun fuera “estrictamente honorífica” como afirman las partes criticadas.

De todas maneras es bueno conocer de esa fuente oficial que no están registrados en el SNCCP contratos de obras entre el Estado, las empresas o la persona del señor Lulo Collado. A otras instancias estatales les toca precisar si existen o no relaciones de negocio de otro tipo.

Que se certifique que Michel Lulo y sus empresas no tienen contratos registrados en SNCCP despeja parte del asunto y eso lo tendré presente en el debido seguimiento y tratamiento del caso. Pero ciertamente tiene otras vertientes no aclaradas, como lo admite esa misma entidad.

La propia CERTIFICACIÓN del SNCCP destaca que ella “no abarca contratos que pudieran realizarse con algunas instituciones y Ayuntamientos que se encuentran o realizan transacciones fuera de nuestros registros”; y a eso de mi parte agrego la necesidad de asegurar  en general la posibilidad de que la anunciada reestructuración  del sistema hospitalario no pueda llevarse a cabo vía entidades constructoras no identificadas con sus reales propietarios.

Es prudente primero transparentar mucho más este importante tema mediante una exhaustiva investigación del caso, de manera que se justifique la necesidad y prioridad de esa inversión; y, segundo, que se garantice una contratación idónea, libre de conflictos de intereses. Lo acontecido amerita ese tratamiento.

Eso es todo lo que por el momento he considerado precisar de mi parte frente a un emplazamiento que ni por asomo tiene poder para mellar mí firmeza; mucho menos mi determinación de enfrentar todo lo que en las presentes circunstancias pueda ser proclive o sospechoso de ser considerado “conflictos de intereses”; lo que lamentablemente abunda en este régimen con tantos empresarios ejerciendo altos cargos gubernamentales.

15 de enero 2022 // Santo Domingo, RD