He participado el 17 de abril de 2024 en la mesa técnica convocada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga -ICP- y la Fundación KAS, para reflexionar sobre la Política de la Paz Total – PT- y la situación de seguridad actual en Colombia. Si bien la participación y reflexión con diversos actores del país, fue muy interesante, la limitación en el tiempo para respetar y promover la palabra, no me permitió ahondar en la proposición estratégica. Por lo cual, quiero compartir con ustedes, un breve esbozo de mi posición.
La PT pretende ser una política de Estado. Un nuevo contrato social fundamentado en la seguridad humana para acabar con los círculos viciosos de las violencias del conflicto armado y del Crimen Organizado, bajo nuevas condiciones para desarmar a los actores ilegales: los que buscan estatus político y los meros criminales. Los primeros pueden participar en procesos de paz; los segundos pueden someterse a beneficios jurídicos en la jurisdicción ordinaria. La PT también busca continuar los acuerdos del Teatro Colón, en especial, consolidando las bases para las garantías de la no repetición. Es un asunto complejo que compromete intereses visibles y ocultos. No deja de ser un ideal. Es impotente desde el planteamiento de acabar con toda violencia, en lugar de desarrollar, procesos particulares. Así, se han generado expectativas falsas, se ha hecho politiquería y demagogia, cayendo en cortoplacismos e improvisaciones, que socavan las esperanzas de las comunidades.
Se observa una gran carencia ante la ausencia de una metodología analítica profunda que fundamente un debate serio sobre la política de paz de Santos. Ante dicha ausencia, la política de paz de Petro, está muy limitada conceptualmente hablando, pues no logra definir la naturaleza del ciclo violento que experimentamos en Colombia. Las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc, no tienen un proyecto revolucionario y su control territorial y poblacional, están lejos del objetivo insurgente. No se trata de demandas sociales transformadoras sino de intereses comerciales al servicio de empresas subterráneas como el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal, entre las principales. Los actores armados han aprovechado los asesinatos de los reinsertados y los incumplimientos en la implementación de los acuerdos santistas, reclutándolos mediante la amenaza de que si se quedan en las mesas, corren el riesgo de ser abatidos.
El gobierno se pasa de inocente y no tiene una estrategia definida más allá del discurso progresista. Complace a los violentos para que se desmovilicen por las buenas. Mensaje que ha calado negativamente en la población y ha fomentado el fortalecimiento y la expansión de los actores armados. Los negociadores del gobierno resultaron muy tibios, casi enclenques. No obstante, los vaivenes del proceso demuestran la división y la falta de unidad de mando de los grupos, en especial, del ELN. El anterior comisionado era un cristiano, no un negociador. Patiño corrige algunos yerros. La teoría de la liberación se extinguió con la muerte de Manuel Pérez, y hoy, la organización armada es de tipo horizontal, sin mando jerárquico: un absoluto divorcio con la cúpula sentada en Venezuela y en Cuba. El relevo generacional del grupo, también implica riesgos serios en la estrategia de acción urbana, una amenaza híbrida que requiere mucha inteligencia. Inclusive, un amplio sector considera al Congreso de los Pueblos, como el brazo político del ELN. También esta demostrado que junto con el Estado Mayor Central -EMC-, en palabras crudas, la mayoría de sus integrantes son meros traquetos con ropajes subversivos (dixit Petro).
El Clan del Golfo o AGC es una organización mayoritariamente narcotraficante que usa el terror para mantener el monopolio del negocio, a la vez que, restructuraron los reductos paramilitares, llamadas bandas criminales, ahora, trasnacionales, cada vez más sofisticadas, de difícil determinación y contención. Combaten, al igual que sendos grupos de crimen organizado colombiano, con actores externos que le disputan con sevicia los corredores estratégicos de sus empresas subterráneas, como es el caso del Tren de Aragua, entre otros. Estos actores exógenos echan leña al incendio criminal que carboniza la seguridad colombiana, catapultando el asunto a las arenas de la defensa nacional. Requiriéndose una política migratoria más recia, especialmente con Venezuela y Ecuador, dada la porosidad fronteriza con Estados de estructura, criminal y frágil, respectivamente, porque el palo no esta para cucharas. Las zonas fronterizas son los reales sótanos del infierno. Perseguir el interés nacional colombiano, por encima de las afinidades ideológicas de turno, es el norte.
Petro saca la máxima nota en sus discursos pero se raja bien rajado en el manos a la obra de la PT. Sus contrapartes armadas lo tienen arrodillado y a punto de perder más que el pulso del juego de poder negociador, la dignidad soberana. Los grupos ilegales llegaron bien armados a la negociación que se desprende de la necesidad de reducir los costos humanitarios de los colombianos que fungen como carne de cañón, especialmente en regiones como Arauca, Córdoba, Nariño y Cauca, entre los territorios más afectados. Los actores armados no estatales mutan y se reconfiguran, como lo ocurrido con los carteles de las drogas, las guerrillas y los paramilitares, los cuales se han escindido y reinventado, bajo los baldíos criminales de los negocios ilícitos donde convergen los actores grises, que incrementan la violencia contra los civiles. No cesan las masacres, los desplazamientos, los secuestros, la extorsión, los confinamientos, el uso de minas antipersonales, el uso ilegítimo y bélico de drones, la violencia sexual, el reclutamiento de menores, la trata de personas, especialmente, de migrantes, y se incrementa la inseguridad alimentaria.
En Colombia, la guerra se ha puesto desde otrora en un pedestal, para usufructuarla. Ahora, es el turno de la manipulación del ideal de la paz. No es posible acabar la guerra ni lograr la paz hasta que no se genere dominio estatal homogéneo en todo el territorio, y ésta, no es tan solo hacer presencia con la Fuerza Pública. Se deben sortear los intereses exógenos que persiguen la explotación de nuestros recursos naturales, cada vez más polutos. Fortalecer al Estado, disminuir la inequidad y la pobreza, resguardando a la población de opciones de vida criminales pro supervivencia, devolviendo la confianza a la población. Combatir las economías ilegales no solo con represión, sino con herramientas de smart power. Castigar con mano dura, casi uribista, a la corrupción, aunque pueda entrañar un pleonasmo.
Los desatinos de la PT son pequeños en comparación con las consecuencias del conflicto armado y del crimen organizado. Violencias depredadoras y sistemáticas, de las cuales el Estado y sus fuerzas de seguridad también han sido parte en casos aberrantes como los Falsos Positivos, al menos, de forma parcial. Petro debe perseguir herramientas de resolución alternativa de conflictos, pero no puede descartar utilizar el monopolio legítimo de la violencia en cabeza de la Fuerza Pública, dependiendo del comportamiento de los convocados al escenario de construcción de paz. Incentivar los reales gestos de paz que demuestren avances en los diálogos manteniendo, por ejemplo, un cese de hostilidades. Pero debe reprimir militarmente a los actores armados, en especial, cuando se atenta contra la integridad de la población civil, generalmente atacada en donde el Estado no ejerce un dominio eminente.
El Narcotráfico es el área de convergencia criminal donde los civiles están instrumentalizados en muchas ocasiones pero en otras se insertan voluntariamente. Se propone para combatir esta amenaza un programa de regulación de sustancias y consumos supervisados; la dignificación del consumidor problemático, recreativo o no consciente; medidas preventivas contra las drogas emergentes como los opioides sintéticos, liderados por el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación; destrucción de los grandes nodos y no mera represión al micro tráfico; despenalización para acabar con las mega utilidades del narco, principal combustible de los actores armados no estatales; penas contundentes frente al turismo que vincula drogas y sexo; y estrategias de ciberseguridad contra el tráfico en la Dark Web y online. Entre las primordiales.
Se insta a la reformulación de la estrategia militar de la PT: no ceder territorio, continuar las operaciones ofensivas y defender al pueblo que vive sumido en el terror. Recuperar el territorio perdido. Reforzar la transferencia de comunicación de información con INTERPOL y ser contundente en la aplicación de la ley y el orden; invertir en personal y tecnología.
Para mejorar la operatividad es vital el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Asegurar la transferencia de armamento, blindar las actividades de inteligencia que están en su peor momento y carecen de los hombres que contaban con mayor experiencia, así como, propiciar un flujo suficiente de información operable, fortaleciendo las debilitadas capacidades en aviación y fuerzas especiales. Solucionar las trabas que representa Israel y dejar de quitarle presupuesto a la seguridad y la defensa del país.
Para mejorar la seguridad en Colombia en contra del EMC, ELN, AGC, se requiere una arremetida militar contundente contra los grupos que atacan los civiles para lograr que decidan sentarse a negociar con seriedad. Así mismo, identificar la naturaleza de los grupos violentos en Colombia y no mezclar peras con manzanas, con el perdón de las frutas. El Estado no puede seguir dando papaya, porque papaya servida, papaya comida.
