La crisis generalizada de los países socialistas europeos, que tuvo su mayor expresión en la desaparición de la Unión Soviética, terminó de crear los espacios necesarios para el auge de las posiciones neoliberales en todas las regiones del mundo, fenómeno del cual no se ha podido sustraer ninguna nación. Dentro de esta nueva realidad internacional, clase política costarricense dominada hasta los albores del nuevo siglo, por el Partido Liberación Nacional, de orientación socialdemócrata y el Partido Unidad, de orientación socialcristiana, iniciaron un proceso de reacomodo ideológico, de derechización de sus posturas fundamentales, que tuvo su primera expresión durante la década de los 80, al darle luz verde al proceso de privatización de empresas del estado costarricense que operaban en diversas áreas de la economía, cemento, producción azucarera, agroquímicos y transporte público. Un proceso paulatino de disminución de la presencia del estado nacional en la actividad económica del país, que culminaría con la inserción del país en el TLC regional con los Estados Unidos, dio como resultado, el inicio de una pérdida paulatina de apoyo en los sectores de menores ingresos, es decir una ruptura con aquellos sectores sociales, que se constituían en el soporte electoral, de los partidos mayoritarios, que integraban la mal llamada “mayoría democrática” que, desde los años 50 se han turnado en el poder público del país.
Al contrario del resto de países del área centroamericana, incluyendo República Dominicana, que negociaron en forma compartida el TLC con los Estados Unidos, amplios sectores del pueblo costarricense pusieron en jaque a los sectores empresariales y políticos nacionales, que actúan como correa de transmisión de intereses transnacionales, logrando por diversas vías, dentro de los marcos de un amplio movimiento social de oposición al TLC, detener de manera sensible muchas de las iniciativas políticas de la Administración Arias. La convocatoria a un referendo para definir la suerte del TLC y la estrecha victoria lograda por los sectores facilitadores del mismo, es una demostración que amplios sectores del pueblo costarricense supieron resistir, demostrando altos niveles de conciencia y organización combativa, la embestida del coro de los intereses creados, nacionales e internacionales, coaligados en la destrucción del “estado benefactor” , creado como consecuencia de la evolución democrática de la sociedad costarricense.
Aunque Costa Rica padece los mismos problemas derivados de la dependencia y el subdesarrollo que el resto de los países del área, diversas razones de orden histórico y político que tienen su origen en la primera mitad del siglo XX y aún más allá, propiciaron que nuestro país tuviera un desarrollo distinto, dentro de los marcos de un estado nacional presente en la actividad económica del país, que dio lugar a condiciones de bienestar, -dentro de las limitaciones impuestas por el subdesarrollo- , y la vigencia de derechos fundamentales para amplios sectores de la sociedad costarricense. Dicho modelo de país, en cuya construcción participaron agentes y manifestaciones políticas de diversos contenidos ideológicos, desde corrientes de izquierda al concluir la primera mitad del siglo XX, hasta sectores modernistas con una visión desarrollista, que impulsaron la consolidación del estado nacional, con una amplia presencia, en la actividad económica fundamental del país, en áreas estratégicas, en los campos de la energía, telecomunicaciones, banca y seguros.
Dicho modelo de país, con éxito relativo en el campo social, hizo crisis por contradicciones implícitas al concluir la década de los años 70, situación que se vio acelerada a partir de las imposiciones del BM a inicios de la década siguiente, mediante la aplicación de modelos de ajuste estructural, y a la pérdida de identidad nacional de las fuerzas políticas dominantes, al convertirse en correas de transmisión de intereses transnacionales. Hizo su aparición en la realidad del país, el proceso de privatización de empresas industriales y agro-industriales estatales, el recorte de gastos en educación, salud e infraestructura pública, y en consecuencia una disminución de la presencia del estado nacional, como agente motor del desarrollo económico.
La década de los 80, encuentra al país sumido en una profunda crisis fiscal, sometido a las recetas de modernización de su economía, envuelto a la vez en la crisis centroamericana que produjo una caída importante de sus exportaciones al mercado común de la región, y a las primeras iniciativas de transformación del estado nacional, pero también transitando por una situación de reflujo del movimiento popular.
Ésta situación de reflujo del movimiento popular, que se manifestó hasta finales del siglo XX, como consecuencia de sus propias contradicciones y a las manifestaciones de crisis de identidad, provocadas por la coyuntura que comenzaba a transitar el campo socialista, que concluyó con la desaparición de la URSS y el conjunto de países socialistas europeos, encontró al pueblo de Costa Rica en una situación de indefensión y sin capacidad de respuesta organizada.
Durante el primer semestre del 2000, diversos sectores políticos y empresariales en coalición con intereses transnacionales impulsaron legislación en el parlamento nacional que perseguía la apertura del mercado de electricidad y telecomunicaciones, actividad que se encontraba y se encuentra todavía, en un alto porcentaje en manos del Instituto Costarricense de Electricidad y en grado menor, de empresas públicas regionales, municipales y cooperativas, que ocupan un espacio menor en generación y distribución de energía eléctrica.
La iniciativa de ley, conocida en el país como el COMBO ICE, no obstante que fue aprobada en primer debate en el parlamento, fue derrotada en los campos y ciudades, como producto de una extraordinaria manifestación de rechazo de amplios sectores sociales de Costa Rica, que en forma espontánea unieron esfuerzos de organización y capacidades de movilización, en la defensa del estado nacional y del modelo económico y social vigente, con todas sus deformaciones y debilidades, fielmente representado por el Instituto Costarricense de Electricidad ICE, como empresa del estado nacional, responsable del desarrollo energético y de telecomunicaciones del país. En este primer round, salieron derrotados los sectores empresariales encabezados por el periódico LA NACION y el bipartidismo, representado por el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Socialcristiana, que gozaban de una mayoría automática en el parlamento, que les permitía, a espaldas del pueblo, darle espacio a la primera iniciativa de apertura del mercado de energía y telecomunicaciones. Un rol de primer orden en esta lucha, jugaron los sindicatos de trabajadores del ICE, las principales centrales sindicales, los trabajadores, docentes y estudiantes de las universidades públicas, y las expresiones comunales de organizaciones de base.
Dentro de los márgenes de esta breve reseña del país, no es necesario explicar los alcances y consecuencias del Tratado de Libre Comercio negociado por los países centroamericanos y República Dominicana, con los Estados Unidos. Sin embargo permítame expresar a modo de definición, que dicho tratado, en su esencia, significa la creación de un conjunto de mecanismos, tendientes a producir, en la estructura institucional, legal y productiva de los países de la región, involucrados en el mismo, de modo tal que las empresas transnacionales puedan disponer a plenitud, conforme a sus designios de expansión de sus negocios y áreas de influencia, sin el engorro y las demoras que implica todavía hoy, por la intermediación de los estados nacionales, de las ventajas estratégicas y de los recursos económicos de la región y desde esta perspectiva, los sectores del gran capital nacional e internacional, han sido capaces de llegar a todos los extremos de la manipulación y desinformación, con vista a crear las condiciones políticas, para la implantación de una nueva economía, de una nueva visión de país y el TLC recientemente aprobado se constituye en el basamento ideológico para el logro de tales objetivos.
Después de las jornadas del año 2000, en que amplios sectores del pueblo costarricenses derrotaron las iniciativas de apertura del mercado de energía y telecomunicaciones, los sectores dominantes aprendieron plenamente la lección, comenzaron a articular alternativas que les permitiera imponer en forma definitiva sus intereses, para enrumbar al país por la vía de un modelo de desarrollo nacional excluyente, que respondiera plenamente a su visión de país.
A comienzos del 2002, arranca el proceso de negociación multilateral del TLC entre los gobiernos de la región centroamericana, incluyendo República Dominicana, con los Estados Unidos, contando con el concurso de una Administración de gobierno (Pacheco 2002-2006) dotada de profundas limitaciones, débil en su accionar y de alguna manera complaciente, hasta los extremos de la irresponsabilidad, con los sectores industriales, económicos y financieros, interesados en impulsar nuevo orden económico y político en el país, aplicó una política de dejar hacer, dejar pasar, durante el proceso de negociación, pero a la vez de manera contradictoria, una vez concluidas las negociaciones, instrumentó todas las posibilidades dilatorias para no enviar el TLC a refrendo por el parlamento costarricense, con la intención, así se ha entendido, de no cargar sobre sus espaldas la responsabilidad política, por las profundas consecuencias que se derivaban de los contenidos negociados.
La Administración Arias (2006-2010) inicia sus funciones luego de un apretado triunfo electoral, en que los sectores opositores al TLC, encabezados en términos electorales por el Partido Acción Ciudadana, dieron una gran batalla política que estuvo a punto de derrotar la maquinaria infernal que encabezaron los sectores empresariales y el coro de los medios de información encabezados por LA NACION, impulsores con todos los recursos disponibles, de una aprobación inmediata del TLC. Los resultados electorales de febrero del 2006, no obstante el triunfo de Arias, demostraron que la manipulación mediática tiene sus límites y que la correlación de fuerzas políticas en el país, había cambiado para siempre y el triunfo ajustado del Partido Liberación Nacional, encabezado por Arias, así lo demostró.
Las proyecciones de la Administración Arias, establecían que la ratificación del TLC y la aprobación legislativa de una amplia agenda de leyes complementarias al mismo, se iba a dar no más allá de febrero del 2007, pero la realidad política del país, la nueva correlación de fuerzas vigente en el país, hizo desvanecer tales pretensiones. Por un lado, un crecimiento sostenido de los sectores opuestos al TLC, la prepotencia del gobierno, y un desmedido apresuramiento para lograr sus objetivos, los llevó a cometer graves errores de procedimiento legislativo, que fueron sancionados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por otro, una combativa resistencia de los legisladores del PAC, PASE y FRENTE AMPLIO, pusieron en evidencia que la ratificación del TLC y la agenda complementaria, iba para rato.
El movimiento social del país, punto de encuentro de amplios sectores de la sociedad costarricense opuestos al TLC, se encargó de darle el puntillazo final a la estrategia parlamentaria de la Administración Arias. La gigantesca marcha popular del pasado 26 de febrero, que llenó la principal arteria vial de San José, puso de manifiesto la capacidad de organización y convocatoria del movimiento social. Un proceso ascendente de acumulación de fuerzas y articulación de organizaciones populares que arrancó en la lucha del 2000 en contra de la apertura del mercado de telecomunicaciones y energía, se expresó en la capital y en diversas regiones del país, puso en jaque la estrategia del gobierno Arias y demostró en forma inobjetable que la oposición al TLC se había anclado en la conciencia de amplios sectores del país. La acumulación de errores de procedimiento parlamentario que generaron la sanción de la Sala Constitucional, que le mermaron velocidad al proceso de ratificación y el crecimiento paulatino y sostenido de la reacción popular en contra del TLC, tuvo que haber generado en sectores de gobierno la percepción de que la aprobación del mismo, contando con el apoyo de la mayoría mecánica en el parlamento, solo será posible a un costo político muy alto, que ponía en juego los niveles de gobernabilidad y la estabilidad social del país.
En respuesta a la situación planteada, iniciativas políticas combinadas obligaron al gobierno Arias a proponer la ratificación del TLC por medio de la consulta ciudadana, se por la vía del referendo y de la misma manera, instrumentar cambios en los procedimientos parlamentarios, al amparo de la mayoría mecánica en el parlamento nacional, que permitieran un trámite expedito de la agenda de implementación del TLC, ante un eventual triunfo de los sectores facilitadores del mismo, que se estaban jugando el riesgo político de lograr su aprobación mediante la vía del referendo ciudadano.
Los resultados del referendo del 07 de octubre del año pasado, forman parte de la historia reciente del país. El gobierno Arias no se imaginó jamás, que a pesar del resultado apretado que le favoreció, el pueblo costarricense le propinaría una ejemplar derrota estratégica a los descomunales intereses locales e internacionales que se coaligaron. Jamás en la historia reciente del país, hubo una mayor manifestación de conciencia patriótica y progresista, que puso en jaque las relaciones de poder vigentes en el país. Contra el movimiento del NO AL TLC fue lanzada una de las campañas de propaganda y desinformación nunca antes vista en los medios de información del país. Decenas de miles de páginas de medios escritos y decenas de miles de minutos en medios radiales y de televisión fueron orquestados bajo un solo mensaje ideológico y político con la finalidad de exacerbar prejuicios y paralizar por el miedo, como en los mejores tiempos de la guerra fría, a los sectores de electores de electores más débiles del país, a los asalariados de niveles bajos de la administración pública y trabajadores de empresas transnacionales que operan en el país. Las simplificaciones más perversas, desde la intervención de gobiernos extranjeros financiando las limitadas capacidades operativas del movimiento social costarricense opuesto al TLC, el agravio y ofensa de la dirigencia política del NO AL TLC, hasta convertir la mentira en una “verdad”.
Costa Rica está polarizado y su destino se debate entre dos fuerzas antagónica, más allá de las posiciones a favor o en contra de la aprobación del TLC. Para el movimiento social del país y las organizaciones que lo integran, la actual coyuntura política significa el inicio de una larga lucha, en procura de mejores días para nuestro pueblo y para los sectores políticos, empresariales agrupados en diversas cámaras patronales, y medios de información encabezados por LA NACION, la aprobación del TLC, significa imponer un modelo de desarrollo económico y social, conforme a sus intereses y visiones estratégicas, totalmente alejando de las rutas por las que ha atravesado nuestra evolución histórica de Costa Rica, desde los albores de su independencia.
fedepuko@yahoo.es
